Aluvión de cartas a la directora por los fallos del sistema de Dependencia: "Estamos desesperados"

"Mi madre tiene 99 años –con grado III de Dependencia–. Pedimos la solicitud en octubre del 2021 y aún nada. ¿A qué están esperando? ¿A que fallezca? No tiene otra explicación. Le quedan meses para cumplir 100".

"Desesperada... Así me siento cada vez que llamo al teléfono de Asuntos Sociales. Llevamos casi dos años para que puedan venir a mi casa y ver a mi madre, de 83 años. Soy hija única y cuido de ella". 

"Tengo 66 años, cáncer en estado 4 y EPOC grave. Necesito a alguien que me ayude, me caigo cada dos por tres. La primera vez que pedí la Dependencia me la denegaron, porque podía ir sola al lavabo. Pero he empeorado bastante desde la última vez y la he vuelto a solicitar. Todo son problemas y trabas".

"A mi marido le dio un ictus y se quedó con medio cuerpo paralizado. Echamos la ayuda y estuvimos más de año y medio esperando. Cuando nos llamaron para venir a verlo, ya era tarde, había fallecido. Ahí quedó todo ese tiempo, en el sofá. Parece que esperan a que se mueran". 

Estas son sólo cuatro Cartas a la Directora, seleccionadas entre varias decenas que han llegado a 65YMÁS con quejas sobre el mal funcionamiento del sistema de Dependencia.

Y es que, pese a que el Estado ha aumentado la inversión en los últimos tres años, la excesiva burocracia en los servicios sociales sigue afectando a miles de ciudadanos, que no logran ejercer sus derechos en tiempo y forma. Prueba de ello, son las 45.360 personas que murieron en 2022 en el "limbo de la Dependencia".

En concreto, a principio de 2023, "el número de personas con derecho reconocido en espera de atención era de 177.423 –a ellas había que añadir 131.810 expedientes que estaban pendientes de valoración–", según aseguraban en un comunicado emitido este año por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales). 

Así, por aquel entonces, las comunidades con mayor 'limbo' de la Dependencia eran "Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%)".

"La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%) y Canarias (-28,9%) cumplieron en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. No obstante, hubo tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, aumentaron la lista de espera en un porcentaje preocupante este año: Asturias (+34,7%), Islas Baleares (31%) y la Región de Murcia (+29,6%)", señalaban en la nota de prensa. 

Porcentaje de reducción de la lista de espera (dic-2021 a dic-2022). Fuente: Índice DEC 2022 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  

Un problema endémico, que no termina de solucionarse

Es más, denuncia el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, pese a que todavía no ha acabado 2023, con datos de finales de julio de este año, se puede decir que, en estos seis meses, "aún habiendo incrementado el dinero que se mete al sistema con 600 millones del Plan de Choque, ha aumentado la lista de espera”, concretamente, en 21.399 personas más, respecto a finales de 2022. 

Con todo, matiza, “no es culpa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030". "Habría que analizar comunidad a comunidad", indica. 

Además, Ramírez reclama que los datos del Imserso sean más accesibles y que no se deba recurrir sistemáticamente al Portal de Transparencia. 

"Llevamos mucho tiempo quejándonos”

Por su parte, la presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), Cinta Pascual, lamenta que aún no se haya conseguido revertir todas estas deficiencias, pese al aumento de la inversión en los últimos años.

"Llevamos mucho tiempo quejándonos”, comenta. "No pueden ser estas diferencias entre CCAA, es decir, que en algunos sitios sean meses de espera y, en otros, año y medio”, apunta.

Por nuestra parte, comenta, “hemos propuesto que se aplique una prestación vinculada exprés”, sobre todo, para las personas que están a final de vida.

Con todo, reconoce, la implementación de esta ayuda no debe ser la excusa para no agilizar también el resto de trámites. "Hay comunidades que dan una 'ayudita' de 90 euros y luego dicen: bueno, ya se irá solucionando", critica. 

Por ello, indica, es importante aumentar más la inversión para llegar a estándares europeos y velar por una mayor transparencia en el proceso, para que los ciudadanos puedan consultar en tiempo real en qué estado se encuentra su solicitud. “Es factible y generaría presión para saber en qué punto estamos”, asegura.

“Los Planes de Choque eran para solucionar esto, pero estamos haciendo lo mismo que hace un año. Hay CCAA, como Cataluña, en las que hemos visto un cambio. Pasamos de 500 días a 200 o 250. Se ha reducido mucho. Pero no llegamos a los 180 que dice la Ley”, indica. 

Cabe recordar que estas deficiencias provocan que se recurra a servicios de cuidadores internos sin mucha formación, puesto que las personas dependientes necesitan atención y la acaban buscando por otros medios, y a costa de sus propios recursos. Además, también implica que los familiares acaben sacrificando parte de su tiempo para cuidar.  

En esta línea se pronunciaba uno de los lectores de este diario. "Mi padre tiene que pagar a una persona interna para que le ayude a atender a mi madre. Pero no da para más. Libra los fines de semana y los deja solos. Yo tengo que ir esos dos días a ayudarles porque a mi padre ya no le da para pagar otra cuidadora. Tengo dos hermanas más, pero ellas no colaboran en nada ni quieren hacerse cargo de nada. Mi padre y yo estamos desesperados, no, lo siguiente", comentaba una lectora. 

Descontentos con la prestación

Ahora bien, los problemas no terminan una vez son valorados y reciben la ayuda. Según denuncian los lectores de este diario, en ciertos casos, el grado de dependencia que les asignan no es satisfactorio y tampoco el número de horas prestadas. Además, los aumentos en las cuantías económicas no siempre llegan a tiempo.

"Desde octubre del 2021 tengo concedido el grado tres, soy gran dependiente. Aún hoy no me ha llegado la subida y cuando he pedido hablar con alguien, me comentan que está todo correcto, pero que falta un documento. Eso sí, no sabe decirme bien y, por lo tanto, sigo sin la subida y sin saber qué hacer", comenta un lector de 65YMÁS. 

"Vamos por la tercera reclamación para que le concedan a mi madre la Dependencia. Es una persona mayor, vive sola y tenemos varios informes de su médica de cabecera donde la diagnostican de problemas cognitivos. Fue un señor a su casa, estuvo un rato con ella y, luego, nos dijo que dependíamos de una máquina en la cual él mete los datos. Nos dió 19 puntos y el mínimo son 25. Mi madre no sabe ni el día que es, pero ellos dicen que está fenomenal", denuncia otra lectora. 

"Desde febrero de 2023 tengo aprobado el grado II de dependencia y me siguen pagando el grado I en la Comunidad Valenciana", critican en otra Carta a la Directora.

"Llevo meses esperando un aumento de horas, que tengo concedidas desde casi principio de año. Ni siquiera sé de quién depende esto, si del Gobierno de Aragón o de la comarca, el caso, es que tras una revisión del grado de dependencia me concedieron más horas, pero en la práctica sigo teniendo las mismas, porque me ponen mil y una excusas", añade otro lector. 

"A mí marido le han concedido el grado I de Dependencia. No es justo. Tiene muchas cosas. Sordera súbita con perdida de oído totalmente,neuropatía periférica sin poder hacer nada con las manos y no anda muy bien. Tiene párkinson y un 55% de minusvalía", se queja otra familiar.

Cobertura de los servicios sociales –no sólo dependencia–, según comunidad. Fuente: Índice DEC 2022 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  

 

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, asegura a 65YMÁS que comprende las quejas de los lectores pero matiza que, pese a que haya aún margen de mejora, se ha ido mejorando.

"El tiempo que transcurre entre la solicitud para la valoración por Dependencia y la resolución con el grado que se le adjudica difiere según la comunidad, porque estas competencias están transferidas. La media nacional se encuentra en torno a los seis meses de plazo. Mención aparte merecen los casos de emergencia social o de extrema urgencia, que se valoran de forma muy rápida, en algunos casos, en días, por la intervención del Ayuntamiento o de Servicios Sociales de la zona. Para muchas familias estos seis meses se hacen eternos, especialmente en los casos en los que la Dependencia ha sido sobrevenida en un corto espacio de tiempo y necesitan recibir con urgencia un recurso público", comenta.

Eso sí matiza, que el familiar no esté de acuerdo con el grado concedido no significa obligatoriamente que este no sea el correcto. "Gran parte a que los cuidadores informales –en su mayoría familiares– tienen un punto de vista muy subjetivo sobre la situación, ya que conviven diariamente y conocen las circunstancias de forma muy explícita y detallada de la persona dependiente, pero no tienen en cuenta la forma de valorar de un profesional y sus correspondientes baremos. Por otro lado, las ayudas concedidas en función del grado también son un factor para tener en cuenta ya que en función se obtiene una ayuda u otra, y las personas en situación de vulnerabilidad siempre van a querer obtener los máximos beneficios para mejorar su situación, teniendo en cuenta que los costes de los servicios son difíciles de afrontar en algunos casos particulares", señala. 

"Respecto a la burocracia, que es inevitable en toda gestión, se ha ido mejorando. El ciudadano puede realizar trámites por registro directo a la CCAA o a través de certificado digital. Esta facilidad no siempre es accesible, porque sigue habiendo mucha población que no domina las nuevas tecnologías y necesita ventanilla presencial. Y respecto a las cuantías económicas que reciben los dependientes, consideramos que se tiene que dotar de un mayor presupuesto por parte de la administración, ya que efectivamente las horas de prestación resultan claramente insuficientes. A esto también hay que sumarle la incompatibilidad de servicios como por ejemplo que, las personas con un grado I reconocido solo pueden beneficiarse del Servicio de Ayuda a Domicilio o de Centro de día, pero no de ambos. Esto último está en vías de solución", detalla.

Cabe apuntar que la ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, notificó recientemente a las autonomías la urgencia de aplicar las mejoras de las prestaciones económicas y las intensidades del servicio de ayuda a domicilio que benefician a al menos 750.000 personas en situación de dependencia en España.

A raíz de las quejas de usuarios del sistema de dependencia en diferentes comunidades autónomas, la cartera de Belarra ha querido recordar a las autonomías que la entrada en vigor de estos preceptos se produjo entre el 19 de julio y el 1 de agosto.

"Sabemos que la modificación de los procedimientos de gestión es compleja y que en algunos casos los abonos y la regularización de expedientes se producirán inevitablemente con efectos retroactivos. No obstante, queremos recordaros lo importante que resulta para la población en situación de Dependencia, y para sus familias, la mejora de las prestaciones económicas y de las intensidades del servicio de ayuda a domicilio", se lee en la carta enviada desde el Ministerio de Derechos Sociales a los consejeros. 

Esta reforma se aprobó el pasado 18 de julio en el Consejo de Ministros y fue previamente consensuada entre la cartera de Belarra y las comunidades autónomas y dejó atrás los recortes en materia en dependencia en nuestro país que comenzaron en 2012. Entre otras modificaciones, incrementa las cuantías máximas de las prestaciones económicas, introduce cuantías mínimas de las mismas y aumenta las intensidades horarias del servicio de ayuda a domicilio, entre otras modificaciones.