Amnistía Internacional ha pedido este lunes en la Asamblea de Madrid un cambio en el modelo residencial en toda España que garantice los derechos de los residentes e incluya la transparencia en la inspección, tal como ha defendido su responsable de Investigación, Carmen Miquel Acosta, durante su comparecencia en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales.
Miquel Acosta ha señalado que las residencias españolas y madrileñas hubieron de afrontar la pandemia desde una situación "muy precaria" debido a "una década de recortes", por lo que ha remarcado la "necesidad de reformar el sistema residencial" e "invertir en recursos".
Asimismo, ha apostado por buscar un enfoque que permita "no sólo cubrir" las necesidades de estas personas, sino "garantizar sus derechos", al tiempo que ha enfatizado la necesidad de "garantizar un sistema de inspección que incluya la transparencia" y contar con un sistema de denuncias que asegure "el anonimato y recursos para el seguimiento de las mismas".
La representante de Amnistía Internacional se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para reformar el modelo de residencias, del que ha considerado "preocupante" que se haya adoptado "sin una investigación previa".
En este sentido, ha apostado por impulsar "una investigación independiente" en todos los ámbitos de la Administración –incluido el Defensor del Pueblo– que aborde "la idoneidad" en el apoyo que el Estado prestó a las comunidades autónomas para cubrir las bajas de personal o para asegurar los "derechos y seguridad del personal cuidador" o las medidas adoptadas por cada región en cuanto al cumplimiento de "su obligación de supervisión".
Una ley a nivel estatal que "garantice los estándares internacionales" en las residencias españolas ha sido otra de las peticiones de Carmen Miquel, quien ha comparecido en la Asamblea a petición de Más Madrid para informar sobre medidas necesarias para la mejora en la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.
"Abandonadas a su suerte"
En la sesión, en la que todos los participantes han tenido palabras de condolencia para las víctimas mortales del incendio en la residencia Juan XXIII de Aravaca ocurrida este domingo, Amnistía Internacional ha defendido que las personas mayores que vivían en residencias "quedaron abandonadas a su suerte" durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, subrayando la "vulneración de derechos" de las personas que habitaban estos centros.
Además, ha defendido que "no se adoptaron medidas suficientes" y, durante el pico de la pandemia, el personal de estas residencias no contaron con "material de protección", lo que supuso "una de las causas principales" de la expansión del virus.
En cuanto a la falta de derivación a centros sanitarios, Miquel Acosta ha sentenciado que "hubo personas a las que no se les dio oportunidad tratamiento adecuado", sino que "quedaron abandonadas a su suerte", a lo que se sumó que la medicalización de las residencias como alternativa al colapso de los centros sanitarios "nunca sucedió".
Tras la intervención de la representante de Amnistía Internacional, el diputado de Más Madrid Diego Figuera ha subrayado que todavía "falta mucho por saber" de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, mientras la socialista Lorena Morales ha tildado los protocolos de derivación como "la página más negra de la democracia" en la Comunidad de Madrid.
Morales ha vuelto a afear las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre las muertes en residencias durante la pandemia y ha opinado que si bien el covid-19 pudo ser "un tsunami", éstos "no afectan igual las costas de Japón o de Haití. "Las residencias madrileñas eran Haití", ha sentenciado.
Por parte de Vox, el diputado José Ignacio Arias Moreno ha coincidido, recordando la muerte de su madre a consecuencia del coronavirus, ha coincidido con Amnistía Internacional en la "falta de previsión" que hubo en las residencias, al tiempo que ha repartido críticas tanto para la Comunidad de Madrid como para el Gobierno de España.
A la "infinidad de investigaciones y sumarios" judiciales que "han dado la razón a la Comunidad de Madrid" se ha referido la diputada 'popular' Inmaculada Pérez, quien ha afeado a la compareciente y a la oposición que en lugar de proponer cómo mejorar las residencias, se hayan dedicado a hacer "un juicio paralelo", tras lo que ha subrayado que en aquellos meses de 2020 "se hizo todo lo humanamente posible".
Más actuaciones de inspección sobre residencias en 2023
Por otro lado, en la Comisión de Familia de este lunes el director general de Evaluación, Calidad e Innovación de la Comunidad de Madrid, Óscar López Santos, ha ofrecido los datos de las actas levantadas por la inspección a centros residenciales en el último año, con 5.831 actuaciones formalizadas, por encima de las 4.800 del ejercicio anterior.
En 2023, la Comunidad de Madrid llevó a cabo 1.093 inspecciones, lo que supuso que "todas las residencias hayan sido visitadas al menos en dos ocasiones", ha remarcado el director general a preguntas de la socialista Lorena Morales.
Por otro lado, el pasado año se finalizaron y resuelto 110 procedimientos sancionadores, por encima de las 103 de 2022. En cuanto a las críticas de la diputada del PSOE por la caída en la cuantía total de las sanciones –de 844.537 euros en 2015 a algo más de 300.000 en 2023–, López Santos ha precisado que en realidad la cuantía de las multas alcanzó los 1,2 millones, si bien la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada en 2015 establece una reducción de las mismas por prontopago, por lo que las cifras "no son comparables", ha advertido.
