Andalucía reclama al Gobierno que "cumpla" y aumente la financiación para la Dependencia

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España un aumento en la financiación de los servicios de dependencia. Esta petición se realizó durante una reunión de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia, en la que se discutió la necesidad de incrementar el nivel mínimo de protección, una responsabilidad exclusiva del Estado según la Ley de Dependencia.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante la reunión, habría indicado que debido a las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se ha considerado aumentar la contribución estatal a estos servicios. La secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, destacó que esta situación ha provocado una reducción de 400 millones de euros en el sistema de dependencia andaluz, subrayando la urgencia de que el Gobierno central cumpla con su parte del financiamiento.

Impacto financiero en Andalucía

El nivel mínimo de protección que el Estado aporta a las comunidades autónomas se calcula en función del número de usuarios y su grado de dependencia, sin importar los servicios específicos que se les ofrezcan. Esto ha generado un desequilibrio financiero en las finanzas autonómicas, ya que los costos de los servicios aumentan anualmente.

 

En Andalucía, el costo medio de una plaza residencial para una persona mayor con grado II de dependencia es de 1.749 euros. De esta cantidad, el Estado solo aporta 130 euros (un 7%), mientras que la Junta de Andalucía cubre el resto, es decir, 1.619 euros (el 93%). En el caso de plazas para personas con discapacidad de grado II, el costo asciende a 2.997 euros, con una contribución estatal de apenas el 4%.

Necesidad de estabilidad financiera

Para el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con grado III, el costo es de 1.004 euros, donde el Estado aporta 290 euros (el 29%) y la Junta, 714 euros (el 71%). Además, en casos donde los usuarios reciben más de una prestación, el Gobierno central solo financia una, dejando a la comunidad autónoma con el 100% del costo del segundo servicio.

García enfatizó la necesidad de que el sistema de dependencia cuente con una financiación estable y predecible, no sujeta a cambios políticos. Actualmente, la Junta sostiene el mayor sistema de dependencia del país, beneficiando a más de 297.400 personas. Sin embargo, las cuantías mínimas, establecidas anualmente en la ley de PGE, no han sido revisadas debido a su prórroga desde 2023.

En la reciente Comisión Delegada del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, se planteó la necesidad de modificar la normativa para aumentar las aportaciones estatales. No obstante, los representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han manifestado que "no hay intención de modificar esta norma para ayudar a financiar las prestaciones del sistema".

Ante esta situación, la Consejería insiste en que el Gobierno central debe realizar las modificaciones normativas necesarias para incrementar las cuantías del nivel mínimo de protección, asegurando así una financiación equitativa entre ambas administraciones, conforme a lo estipulado en la Ley de Dependencia.