Andalucía formará parte de un proyecto europeo para impulsar el envejecimiento activo en mayores

Andalucía formará parte, junto a entidades de Francia, Portugal, así como las comunidades autónomas de Aragón y Murcia, de un proyecto europeo, denominado Serenity, que tiene como objetivo fortalecer los servicios comunitarios de zonas rurales para promover el envejecimiento activo de las personas mayores que viven en ellas. 

El proyecto, que se enmarca dentro del programa Interreg Europa Suroccidental (Sudoe), busca también impulsar la economía plateada, lo cual incluye todas aquellas actividades económicas, productos y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota. Así como la creación de espacios inclusivos y accesibles para este colectivo, de modo que puedan participar en actividades, establecer conexiones intergeneracionales e interculturales y formar parte de la comunidad. 

En este sentido, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han destacado la importancia de promover el envejecimiento activo y los hábitos saludables entre este colectivo, y de contar con "un enfoque holístico que incluya el bienestar emocional y la participación social". 

Y en el caso de las zonas rurales, debido a la menor proporción de servicios y la alta tasa de despoblación y envejecimiento, consideran necesario "favorecer nuevas oportunidades de empleo". 

"La idea es diseñar una estrategia centrada en la persona para los servicios comunitarios de atención a personas mayores en el ámbito rural, fomentando un enfoque más inclusivo y comunitario, centrado en la participación activa de todos los miembros de la comunidad y promoviendo la transición de la atención institucional a la atención a nivel comunitario", explican, insistiendo en la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar su inclusión en la sociedad. 

Este proyecto, que está liderado por el ayuntamiento murciano de Lorquí, todavía está pendiente de resolución. Aunque, de aprobarse, se ejecutaría el 1 de junio de este año y tendría una duración de 36 meses.