El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que "según tratemos a los niños y a los mayores estamos mostrando qué tipo de sociedad somos". Además, Gabilondo no ha apostado por el "absoluto derecho de los menores a expresar libremente su opinión". "Hay que escucharles", ha defendido.
Así lo ha asegurado en su intervención en el Congreso de Familia: infancia, familia y capacidad, organizado por los colegios de la abogacía de Málaga, Madrid, Barcelona y Antequera, con la Plataforma Familia y Derecho, que ha comenzado este jueves en la capital malagueña y que congrega a alrededor de 400 abogados.
Gabilondo, que ha participado en la mesa titulada La defensa del interés del menor. Ministerio fiscal, el defensor judicial y las entidades de protección de la infancia. El desamparo, ha señalado que el menor es "un sujeto de derecho y hay que escucharles y hacer espacios para que participen" para evitar que el niño "quede diluido".
Así, ha indicado que "la mayoría de las quejas que recibimos de los niños tienen que ver con el sistema de protección", pero también muchas tienen que ver con otros problemas, como los educativos. Ha apuntado que "al Defensor del Pueblo pueden venir los niños directamente, pero vienen muy pocos".
Sobre las situaciones de desamparo, ha explicado que las adoptan "un órgano colegiado" y ha precisado que se reciben "pocos" casos relacionados directamente con esto, porque "tenemos 32.000 quejas al año y asuntos que tengan que ver con el amparo o desamparo son 120". Al respecto, ha dicho que "igual el problema somos nosotros porque no tenemos el espacio abierto" y también considera importantes las quejas presentadas por los educadores.
Gabilondo ha asegurado que "hacen falta más recursos", punto en el que ha dicho que "no estoy pidiendo dinero, aunque también"; sino se ha referido a "más equipos especializados, más asesoría para adoptar decisiones, algo que las necesitan la administración y también ustedes, porque eso de ser 'todólogo' es muy malo", apuntando que "no hay nada peor que una disciplina autoeficiente".
Ha subrayado la importancia de un plan individual de protección "porque los casos son tan singulares" por lo que "es imposible hacer una tabla, meter niños y clasificarlos"; al tiempo que ha apostado por mecanismos de coordinación y por "actuar y ser proactivos; ir al encuentro de los problemas, de los derechos porque están los chavales que no están pidiendo ayuda".
El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha destacado las cuestiones que reciben relacionadas con el derecho a la educación, que engloba a los niños con necesidades especiales; y también en segundo lugar los vinculados a la protección a la infancia y adolescencia, seguido por los conflictos familiares y la violencia hacia la infancia, "especialmente la sexual".
Asimismo, se ha referido al sistema de protección y ha dicho que "si prevemos y actuamos mejor, desampararemos menos niños". Aunque se ha referido a la "insuficiencia de recursos", Maeztu ha incidido en la importancia de que "se visualice la violencia, los abusos, la salud mental, el acoso escolar; porque los niños arreglan los problemas".
Se ha declarado "un enamorado de la mediación", para lo que cree "importante buenos profesionales y una buena base jurídica y ahí sale todo" y ha aludido a que "los niños tienen derecho a ser oídos y atendida su opinión; vamos a hacerlo, vamos a poner a gente que los entiendan". También se ha referido a la situación de los menores no acompañados y a los abandonos del sistema que se producen y ha defendido la reunificación en origen "en condiciones".
La Defensora del pueblo de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha coincidido también con los anteriores en que "los niños tienen el derecho a ser escuchados, han de poder hablar y su opinión ha de existir", aunque ha precisado que "el sistema está pensado para otra cosa, pero no especialmente para ellos".
Ha instado a reflexionar sobre "lo que no nos llega" a los defensores, apuntando que tampoco tienen muchos casos de desamparo "y cuando llegan, las familias están desesperadas", fundamentalmente "por el factor del tiempo" que tardan los procesos. Asimismo, ha apostado por la mediación.
Otra mesa redonda ha sido sobre 'La instrumentalización de los menores en los procesos de familia', en la que han participado Paloma Cascales, abogada y profesora asociada en UA Universidad de Alicante; Sophie Álvarez-Vieitez, psicóloga sanitaria y directora del gabinete psicosophos; y Antonia Roncero García, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla.
En esta mesa se ha hablado de la obligación de los abogados de "ser parte de la solución" y de poner límites a los clientes, al tiempo que han apostado por la prevención de la instrumentalización, por la formación y por la sensibilización; así como por tener cuidado de los mensajes de culpa que se dan a los hijos porque "el niño no debe nunca sostener a sus padres, es al revés".
Presentación
En la presentación de este congreso han participado el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González; la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Isabel Winkels; el secretario de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Joaquim de Miquel Sagnier; el decano del Colegio de Abogados de Antequera, Luis Alejandro Moreno; y el magistrado-juez del Juzgado de Instancia 14 Barcelona y presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel Lluch.
Según los datos del INE, en España se produjeron 90.582 divorcios, nulidades y separaciones en 2021. De ellos, el 56,8% incluían a familias con hijos menores o en edades dependientes. El decano de la Abogacía de Málaga ha dicho que esta es una razón más "por la que es esencial que sigamos trabajando juntos para poder ofrecer el mejor servicio, siempre protegiendo a la infancia".
Winkels, vicedecana del ICAM, ha señalado que en España solo existen 169 juzgados de familia --frente a 1.187 juzgados no especializados-- que atienden a los 22 millones de ciudadanos de las localidades donde se encuentran; una situación que supone "una injusticia que por sí sola debería dar a pensar que algo tiene que cambiar", ha apuntado Joaquim de Miquel, secretario del ICAB.
Por eso, las abogacías y la plataforma han vuelto a insistir en la especialización de esta sección. "Con que especialicemos a 150 juzgados más tendríamos a todos los españoles cubiertos", ha reclamado Winkels.
El decano de Málaga ha señalado que "el derecho de familia es una disciplina que aborda una de las áreas más importantes y sensibles de la sociedad: las relaciones familiares" y ha reclamado "una especialización del derecho civil, que tiene que trasladarse en la Fiscalía y en los equipos psicosociales".
Asimismo, el decano de Antequera ha explicado que en su localidad quienes trabajan en los juzgados "se tienen que hacer cargo y saber de todo. Somos juzgados mixtos".
El presidente de la Plataforma Familia y Derecho ha subrayado que esta situación "es contraria a los derechos de igualdad a todos los ciudadanos" y resulta "contrario a la Constitución que haya una justicia de doble velocidad. Depende de si una familia tiene que divorciarse en Málaga o Antequera que tengan acceso a un juzgado especializado".
En la sesión de este jueves también se ha abordado la creación de un entorno amigable para un divorcio responsable; los problemas y soluciones que ha planteado la Ley 8/2021 sobre capacidad de las personas; así como la fiscalidad en las crisis matrimoniales. El congreso concluye este viernes.
