La Justicia archiva otra causa por muertes en residencias de mayores durante la pandemia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha archivado una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Marea de Residencias por la muerte de varios usuarios de residencias durante la pandemia al concluir que los encargados de dos centros no incurrieron en negligencia alguna que suponga un ilícito penal.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento seguido por delitos de homicidio o lesiones imprudentes en la residencia de mayores Adolfo Suárez en San Blas y Amavir de Arganzuela.

"No se aprecia por tanto que la conducta de los encargados de la residencia ni los médicos y enfermeras pueda ser constitutiva de infracción penal de clase alguna", recoge el auto.

Expone además que "no se aprecia que existan indicios de la comisión de un ilícito penal, sin perjuicio de los desacuerdos que se pueda tener con ellos en cuanto a la concreta gestión de la estancia de los fallecidos en la residencia y de otros incidentes".

Asimismo, el instructor hace hincapié en que "en el fondo de la querella no solo existe una denuncia por la actuación política que no se puede tratar en esta causa sino la incertidumbre de lo que podría haber sucedido si los residentes hubieran sido ingresados en un hospital", en alusión a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales madrileños.

No hubo negligencia

En la resolución, el juez subraya para sustentar el archivo que el médico forense concluye que "no se incurrió en ningún tipo de negligencia" y recalca que se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse.

"Los hospitales estaban saturados, desbordados más bien, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponían de medios. Recuérdese que al inicio no había mascarillas, no había equipos de oxígeno de alto flujo, las bajas por contagio del personal sanitario y asistencial, también en las residencias que nos ocupa, eran elevadas. La incidencia en personas vulnerables con afectación de otras enfermedades o de la propia edad avanzada, fue mucho mayor", recoge el auto judicial.

De igual modo, el magistrado arguye que los protocolos aplicados entonces en las residencias no descartaban "de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes, dependiendo del criterio de los geriatras de guardia o de referencia y de hecho algunos de los fallecimientos investigados inicialmente recomendada la derivación al hospital".

"Si descartamos la comisión del delito de homicidio o lesiones por imprudencia, al haberse deparado a los residentes el tratamiento adecuado dadas las circunstancias, es inviable considerar cometido un delito de omisión del deber de socorro, de trato degradante o de prevaricación", concluye.

La Fiscalía asegura que revisa caso a caso

Cabe recordar que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló recientemente que en la Fiscalía Provincial de Madrid y en las tres Fiscalías Áreas están revisando uno a uno los más de 100 casos recogidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas el pasado mes de octubre por las personas fallecidas en residencias de mayores durante la pandemia.

El pasado 31 de octubre de 2024, las asociaciones Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta denuncia, que representa a 109 familiares de 115 residentes fallecidos en marzo de 2020, alega que los protocolos de no derivación resultaron en la denegación de asistencia sanitaria al 80% de los residentes debido a su dependencia.

García Ortiz explicó que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se reunió con representantes de estas asociaciones el 3 de diciembre de 2024. Posteriormente, el 27 de enero de 2025, se llevó a cabo una reunión con los fiscales encargados de la denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid.

El Fiscal General detalló que se están revisando cada uno de los casos para determinar si ya han sido objeto de investigación. En caso afirmativo, se verificará si se han realizado todas las diligencias necesarias. Si no existe un procedimiento penal previo, se iniciarán nuevas diligencias de investigación para evitar la prescripción de los hechos denunciados. En ambos escenarios, las resoluciones se notificarán personalmente a los denunciantes, y si se archiva un caso, se explicará a las asociaciones y familiares implicados. García Ortiz enfatizó que desde su llegada a la Fiscalía, ha sido una prioridad abordar las consecuencias de la pandemia, especialmente los fallecimientos en residencias.

El Fiscal General subrayó la importancia de replantear el modelo residencial tras la pandemia, destacando la necesidad de un enfoque centrado en la prevención, asistencia y protección de los residentes. En mayo de 2024, la Secretaría Técnica solicitó a los fiscales superiores información actualizada sobre los procedimientos en curso y las resoluciones recurridas por el Ministerio Público.