
Arranca el primer juicio contra una residencia de mayores por las muertes durante la pandemia
Lunes 30 de septiembre de 2024
ACTUALIZADO : Martes 1 de octubre de 2024 a las 12:56 H
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La demanda ha sido interpuesta por 46 familiares

Arranca el primer juicio por los fallecimientos ocurridos durante la pandemia de Covid-19 en una residencia de mayores.
Se trata de la primera vez que una gestora de un centro, donde se produjeron decesos en los momentos más duros de la pandemia, es llevada a juicio, en concreto, por la vía civil, según afirma el presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina, José Luis García, y recogen varios medios de comunicación y agencias de noticias.

Los hechos sucedieron en la residencia DomusVi de Alcoy, en el mes de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, donde murieron 74 personas por Covid.
Unos fallecimientos, que motivaron una demanda por parte de 46 familiares de 18 residentes exigiendo una indemnización de dos millones de euros.
"Después de más de cuatro años, nos toca escuchar; queremos que durante estos días salgan a la luz las circunstancias para que se llegara a semejante tragedia", ha explicado García.
Además, el familiar espera que se pueda abrir "una vía de esperanza para las numerosas demandas de familiares que siguen esperando una actuación de la Justicia ante las miles de muertes ocurridas en residencias durante la pandemia".
La vista oral durará desde este lunes hasta el próximo viernes 11 de octubre.
La vía civil
Cabe recordar que la mayoría de querellas por la vía penal, denunciando decesos ocurridos durante los primeros meses de la Covid-19, no han sido admitidas a trámite o se han rechazado.
Ahora bien, en este caso, las familias sí han logrado llegar a juicio por lo civil, por lo que, ha asegurado el portavoz, creen que han acertado con la vía empleada, aunque, reconoce, los daños son "irreparables".
Durante el juicio comparecerán una veintena de testigos y 13 peritos.
Además, si bien la demanda se interpone contra a empresa y la aseguradora, también se podrá valorar qué grado de responsabilidad puede tener la propia administración pública.