10-N: UGT denuncia que hay un 68,3% de pensionistas por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE

De cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre, 65Ymás ha entrado en contacto con las principales asociaciones de mayores y sindicatos para recabar su opinión sobre cual ha sido el desarrollo de la situación de este colectivo en nuestro país a lo largo de los últimos cinco años.

Para ello les hemos pedido a todos su opinión sobre los pros y los contras de lo que se ha hecho desde los poderes público y las distintas administraciones en diez cuestiones fundamentales: Sanidad pública; Sistema Público de Pensiones; Dependencia; España vaciada; Soledad no deseada; Red de residencias públicas; Discriminación por razón de edad (Edadismo); Programas de viajes del Imserso; Formación continuada de las personas mayores; Envejecimiento activo.

Hoy publicamos lo que nos ha respondido Anatolio Díez, secretario general de UGT-UJP:

Quedan escasos días para enfrentarnos a un nuevo proceso electoral, no podemos verlo como un día más de nuestra existencia, si no al contrario, debemos utilizar este nuevo debate electoral para obtener la visibilidad que como colectivo en el día a día se nos niega, debemos verlo como una oportunidad cierta para poner de relieve la importante contribución que las personas mayores hemos realizado a lo largo de nuestra vida, para mejorar la sociedad en la que vivimos y la forma de vida de los más desfavorecidos.

Además, debemos utilizar la confrontación de ideas que se produce en todo proceso electoral para concienciar a la sociedad en general y a las personas mayores en particular, sobre los problemas y los retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual. Por ello, debe ser una campaña de reivindicación de la visibilidad de nuestro colectivo, formado por más de nueve millones de personas mayores, de nuestra participación activa en la agenda política del país, una campaña de lucha por nuestros derechos, una campaña de reivindicación y defensa del Estado de Bienestar, perfectamente definido en nuestra Constitución, pero agredido, hasta el punto de su extinción por décadas de políticas neoliberales.

Decíamos que la Constitución española en su Título preliminar destaca en el artículo primero lo siguiente: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político…

Analizando el significado real que tienen este artículo primero del Título preliminar, el Estado Social, Estado de Bienestar, de Derecho, podemos concluir por tanto, que el Estado de Bienestar no solo es un principio constitucional en el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, si no también el punto de referencia en torno al cual se articula todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de la economía se someten al Estado de Derecho, para conseguir una Democracia Social material.

En definitiva, el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Contrato Social, comprometido entre el conjunto de las diversas Instituciones Públicas que conforman el Estado y los Ciudadanos, este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

Este contrato social se sustenta y adquiere sentido cuando esta construido sobre cuatro pilares fundamentales:
• Reducción de las desigualdades.
• Lucha contra la pobreza.
• Seguridad económica.
• Servicios públicos.

Pilares hoy en proceso de descomposición, arrastrados por políticas antisociales, más pendientes de favorecer la acumulación de capital y multiplicar sus beneficios, qué de redistribuir la renta del país en favor de los más necesitados, la clase trabajadora. Hoy es más necesario que nunca reivindicar y exigir la defensa y profundización de este contrato social agredido constantemente durante años de aplicación de políticas de derechas, culminando con la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, sin duda la mayor agresión a las políticas sociales cometida en nuestro País. En los últimos años el capitalismo más feroz ha cuestionado nuestro Estado de Bienestar, recortando derechos y servicios, gravando nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema público de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos.

Ninguna política que luche contra la desigualdad puede permitir que el 45,6% de los pensionistas perciban menos de 650 euros mensuales, 350 euros por debajo del SMI, si sumamos a estos, los que perciben entre 651 y 1.000 euros mensualmente tenemos un 68,3% de pensionistas por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE.

Todas estas agresiones nos obligan a estar alerta y tener capacidad de acción para poder seguir luchando y recuperar los derechos perdidos en los últimos años en pensiones, sanidad, dependencia… etc. Con sus actuaciones, el capitalismo, han creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral, por lo que es necesaria y prioritaria nuestra aportación y nuestra lucha en defensa de la consolidación y mejora del Estado de Bienestar.

Tenemos derechos y uno de ellos, consagrado en la Constitución, es el contrato social del cual hoy nos quieren desposeer y al que nosotros no queremos renunciar. Y no queremos renunciar por que es el fruto de nuestras conquistas, de nuestros años de lucha, queremos preservarlo y dejar como legado a las nuevas generaciones, por ello reivindicamos una vez más la necesidad de:

Pensiones:

• La derogación de la reforma de las pensiones de Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que hunden a nuestros pensionistas en la pobreza.
• Un compromiso Político que implique recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones.
• Corregir el actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social sin merma de los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionistas que pasaría por una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del Sistema.
• Revalorización de nuestras pensiones en función del IPC.
• Suprimir los coeficientes reductores de los supuestos de jubilación obligatoria como consecuencia de ERES, despidos improcedentes, o cualquier otra causa ajena a la voluntad del trabajador.
• Restitución del derecho a todos los pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial, y que han visto reducida su pensión, como consecuencia de que se les aplicaron un coeficiente reductor, a la hora de calcular la cuantía de su prestación.

Sanidad:

• Revertir los recortes financieros y presupuestarios destinados a la Sanidad Pública. Equiparación del presupuesto medio por habitante al de la UE.
• Mantener y ampliar los servicios de atención primaria. especialmente en las zonas rurales o más despobladas.
• Reducción progresiva hasta la eliminación de la derivación a hospitales y servicios sanitarios privados, destinando los recursos a la mejora de la red pública.
• Gratuidad absoluta para los pensionistas de los medicamentos. Eliminación del copago.

Dependencia:

• España es uno de los países que más necesita un aumento del gasto público para la atención de las personas dependientes, dado el envejecimiento poblacional.
• Paradójicamente, los presupuestos para la atención a la Dependencia, con el Gobierno del PP, sufrieron recortes sustanciales. Sus políticas deterioraron gravemente el Estado del Bienestar, incluyendo el sistema para la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias.
• Derogar el Real Decreto 20/2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las CCAA.
• Impulsar, dentro de las prestaciones de atención a la dependencia, el carácter prioritario de los servicios frente a las prestaciones económicas en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2006, así como asegurar la excepcionalidad de la prestación económica para las personas cuidadoras no profesionales.
• Exigir que las administraciones públicas doten medios suficientes de inspección para supervisar la cantidad y calidad del servicio que se presta por las empresas adjudicatarias de los contratos.

Formación:

• Formación personal y social: cultural, recreativa, política, económica, sindical, relaciones sociales…
• Formación vital: envejecimiento activo, salud y bienestar personal, alimentación, cuidados…
• Formación tecnológica: relacionada con el manejo, ventajas y prevenciones del uso de las TIC...

Derecho a una vivienda digna:

• Con un potente parque público de viviendas en alquiler asequibles para las personas jóvenes, personas ancianas, mujeres víctimas de violencia de género y familias de ingresos medios y bajos.
• Facilitar la ayuda al alquiler, promoción de la vivienda de alquiler para personas jóvenes, alquiler social para colectivos en exclusión, o personas desahuciadas. Facilitando el acceso a la propiedad en viviendas protegidas con condiciones adecuadas de precio y financiación, reduciendo su impacto en los gastos familiares.
• Incrementar las ayudas para la rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de las ciudades, con el fin de garantizar la recuperación urbanística, social, económica y cultural de las zonas deterioradas, así como el ahorro y eficiencia energética.

Muerte digna:

• La UJP-UGT revindica el derecho de la persona a una muerte digna, según sus propios valores, sobre el final de su vida, evitando así la prolongación del sufrimiento y aspirando de esta forma, voluntariamente, a manifestar, mediante la redacción del oportuno testamento vital, su voluntad y derecho a decidir por sí misma.

Soledad:

• Los pilares fundamentales en los que nos tenemos que apoyar para paliar esta lacra social de la vejez, son entre otros la pareja, los hijos, los nietos y parientes en general. Y fuera del ámbito familiar, es necesario contar con unas redes sociales extensas y eficaces en el suministro de apoyo emocional e incluso, llegado el caso, instrumental. Desde la UJP-UGT, pensamos que las personas mayores, necesitan sentir que forman parte de la sociedad y de su entorno cercano, al mismo tiempo que necesitan de estima y reconocimiento. Nuestra actuación en este ámbito, debe continuar siendo especialmente reivindicativa, demandando de la administración, en todos sus ámbitos, la adopción de medidas que combatan esta lacra que asola a los mayores y que tanto daño les está produciendo.

Tú participación es necesaria para defender las conquistas sociales conseguidas tras años de lucha, tú reivindicación es necesaria para defender y profundizar el actual Estado de Bienestar.

Defiende tus derechos.