La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (@MayoresUDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE (@ONCE_oficial), con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.
Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (@Cermi_Estatal), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (@Conjupes_), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).
Estas son las reinvincaciones de la plataforma:
1) Pensiones
Abogamos por conseguir mejores pensiones, para lo cual es necesario crear empleos de calidad, con mayores salarios, cotizaciones adecuadas y reducir las jubilaciones anticipadas; para ello es necesario mejorar las condiciones de empleo y vivienda, especialmente de los jóvenes, como base de un pacto intergeneracional. Por eso apostamos por un modelo productivo que genere crecimiento, así como incrementar el porcentaje del PIB dedicado a pensiones, actualmente situado en España en el 12,6% (la media de la UE-27 se sitúa en el 12,7%) acercándolo a valores de países como Francia (14,9%) e Italia (15,8%).
Deseamos mantener unas relaciones estables con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la Presidencia del Pacto de Toledo de cara a que se escuche a las personas mayores y a los pensionistas en los temas que les afectan; queremos trabajar estrechamente con las federaciones de pensionistas y jubilados de UGT y CCOO, que son miembros de derecho de la Mesa de Diálogo Social.
2) Sanidad
Abogamos por definir como reto prioritario el modelo sociosanitario que necesitamos para las próximas décadas; que sea inclusivo, universal y de responsabilidad pública, que se base en un marco conceptual consensuado, que supere el déficit de desarrollo normativo actual y que tenga en cuenta el peso demográfico y las necesidades particulares de las personas mayores. A nuestro entender ese modelo debe de tener las siguientes prioridades:
- Refuerzo de los recursos humanos: Aumentar la plantilla de los profesionales sociosanitarios. Mejorar su cualificación y condiciones laborales, reduciendo su precariedad.
- Coordinación socio sanitaria: Crear protocolos de coordinación, derivación y actuación, evitando duplicidades y confusión en las personas y mejorando la eficiencia. Potenciar la figura del gestor del caso. Conectar los sistemas de información sanitario y social.
- Tecnología: Implantar la telemedicina en los domicilios, desde los centros de salud conectándola con la teleasistencia y con el apoyo de los trabajadores sociales. Desarrollar la Telemedicina en las residencias, conectándolas al centro de salud. Mejorar la coordinación entre centro de salud, hospital y residencia, para prestar una asistencia integral.
- Geriatría: Formación en geriatría para el personal social y sanitario y especialmente para el médico de familia. Contar con un consultor geriatra en los centros de salud. Contar con servicios de geriatría en todos los hospitales generales.
- Ampliación de la cartera de servicios comunes del SNS entre otros, a la salud bucodental.
3) Dependencia
Abogamos por el reforzamiento integral del SAAD, en línea con el “Plan de choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, situando a la persona en el centro, acortando los procesos de valoración, reconocimiento del derecho subjetivo, que ha de traducirse en la puesta en marcha de los servicios y su complementariedad. Además, abogamos por alejarnos de modelos asistencialistas y potenciar la atención integral centrada en la persona, la autonomía y la asistencia personales, como figuras alternativas o complementarias a la institucionalización. Invertir en autonomía supone ahorrar en dependencia. La dependencia no es un asunto privado que atiende la familia, es un asunto público igual que las pensiones, la salud y la educación. Las adjudicaciones de prestaciones y servicios se han de basar en criterios técnicos en lugar de en criterios económicos. Se han de articular mecanismos para garantizar la capacidad jurídica y de actuación de las personas mayores, y particularmente de las personas mayores con discapacidad.
Deseamos que desde el Consejo Territorial se logre un desarrollo normativo más homogéneo entre las diferentes comunidades autónomas y que la financiación del sistema sea acorde con los derechos que la LAPAD proclama. El sistema actual no garantiza las prestaciones previstas en la Ley ni su calidad. Es el momento de afrontar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el establecimiento de un nuevo modelo de financiación del SAAD en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, con carácter finalista, teniendo en cuenta el coste real de los servicios y prestaciones y garantizando un esfuerzo equitativo entre Estado y CCAA.
Deseamos que se produzca un incremento de profesionales en base a empleo de calidad que redunde en el bienestar y la atención de las personas. Debe irse hacia una complementariedad de cuidados entre los servicios formales y los familiares, apoyando a las personas cuidadoras, dándoles formación, asesoramiento y servicios de apoyo y respiro.
Desde la Plataforma queremos trabajar estrechamente con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con el IMSERSO en la ejecución del “Plan de choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.
Abogamos activamente por un modelo de cuidados que respete los deseos mayoritarios de personas mayores de envejecer en su casa, en su entorno habitual, con los apoyos necesarios.
Además, deseamos:
- Repensar y extender programas de apoyo en el domicilio y en el entorno: programas de ayuda a domicilio, asistencia personal, y modalidades de acompañamiento, apoyo vecinal, como figura alternativa o complementaria a la institucionalización, que facilita la inclusión en la comunidad promoviendo el envejecimiento activo y saludable.
- Hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías potenciando la vivienda inteligente, la domótica y los dispositivos digitales, pensados para ser utilizados con facilidad y comodidad por las personas mayores, destacando la necesidad incuestionable de que sean accesibles desde el inicio de su diseño, así como modulares y escalables con el fin de facilitar su adaptación a los procesos de cambio inherentes a algunos tipos de discapacidad. Además, deberán ser económicamente asequibles o ser financiadas y con una apuesta decidida por planes de alfabetización digital.
- Potenciar las adaptaciones del hogar, de nuevas tecnologías y de accesibilidad en el entorno.
- Actualizar, ampliar y facilitar el catálogo y el acceso a la oferta de Productos de Apoyo para la autonomía.
- Reforzar y modernizar los servicios y dispositivos de carácter domiciliario y comunitario intensificando la Ayuda a Domicilio con mayor oferta y diversidad de profesionales (como trabajador social y terapeuta ocupacional) y ofreciendo la teleasistencia con carácter universal ampliable a las situaciones de soledad no deseada, complementada con ayudas técnicas, de financiación del sistema.
También deseamos que se incremente el número de residencias y mejorar sus dotaciones y calidad: el índice de cobertura de plazas es del 4,2%, por debajo del criterio de la OMS de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Faltan en torno a 70.000 plazas para alcanzar el 5%.7 Además, la calidad de muchas residencias es baja, con ausencia de dormitorios individuales. Es por tanto necesario un importante esfuerzo por parte de las CCAA para ofrecer nuevas plazas, así como para incrementar la cuantía de la plaza concertada como condición para mejorar la dotación en plantillas y la calidad de los servicios.
Abogamos por un verdadero avance hacia modelos de atención centrados en la persona, que ofrezcan entornos más íntimos y personalizados, y una reorganización de las residencias en unidades de convivencia, con edificios más pequeños, habitaciones más personalizadas y espacios comunes para la convivencia. Ello requiere revisar los modelos arquitectónicos y la configuración de los servicios. Las pequeñas residencias que existen en la España rural tienen la oportunidad de convertirse en el centro de actividades para todo el pueblo. Las residencias y los centros de día han de estar ubicados en los entornos comunitarios e interaccionar activamente con estos.
4) Representatividad
Abogamos por una participación activa en los órganos de decisión y consulta que afectan a las personas mayores y a las personas mayores con discapacidad, entre ellos:
- Los Consejos de personas mayores que son clave para la defensa de sus derechos y la atención de sus necesidades.
- El impulso y visibilidad del Consejo Estatal de las Personas Mayores del IMSERSO.
- La interlocución directa e intercambio de informacióncon regularidad con los distintos responsables de las políticas y programas que afectan a las personas mayores (Pensiones, desarrollo de la LAPAD, Sanidad, Justicia, Fiscalía, Educación, Consumo…)
- La interlocución con diversas Instituciones públicas como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, la FEMP…
- El impuso de acuerdos con diversas organizaciones e instituciones sociales (universidades, sociedades científicas, colegios profesionales).
- La presencia de personas mayores en las cámaras de representación de la ciudadanía.
Abogamos por extender esta participación a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, el asociacionismo, los consejos de personas mayores, la presencia de personas mayores en las cámaras de representación y favoreciendo las iniciativas intergeneracionales de transmisión de experiencias; para ello solicitamos que haya una dotación económica adecuada a estas organizaciones.
Deseamos que las administraciones estudien la viabilidad y la oportunidad de la elaboración de un Libro Blanco sobre el Envejecimiento en España.
5) Brecha digital
Abogamos firmemente por la aplicación del Acta Europea de Accesibilidad aprobada en junio 2019 por la Comisión Europea, que establece que determinados productos y servicios que se producen y comercializan en el mercado europeo sean accesibles. Entre ellos: ordenadores, teléfonos inteligentes o smartphones, televisiones inteligentes, cajeros automáticos y servicios bancarios, terminales de pago, libros electrónicos, sitios web, aplicaciones móviles, máquinas expendedoras de billetes, telecomunicaciones electrónicas y números de emergencia 112 para todos y en toda la Unión Europea. La accesibilidad digital, no solo beneficia a las personas mayores, sino también a las personas con discapacidad en general y a las personas con discapacidad mayores en particular, a aquellas que tienen bajos niveles de instrucción, etc.
6) Protección jurídica de los mayores
Queremos realizar acciones informativas, campañas de concienciación y acciones de defensa sobre los derechos de las personas mayores especialmente con:
- Instituciones jurídicas para apoyar a las personas carentes de autogobierno, por causa de discapacidad, enfermedad crónica o de su avanzada edad.
- La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (121/000027).
- Internamientos de las personas carentes de voluntad o voluntad debilitada.
- Derechos que nacen de la autonomía de la voluntad de la persona mayor: auto incapacitación, auto curatela, eutanasia.
- Cuidados Paliativos.
- Derechos en el ámbito sociosanitario, como la protección de datos de carácter personal.
- La transposición efectiva de la normativa europea contra la discriminación de las personas mayores y las personas mayores con discapacidad al ordenamiento jurídico nacional garantizando una defensa efectiva de los derechos de las víctimas, promoviendo la mediación, la litigación estratégica y las acciones positivas para la igualdad de trato.
- La eliminación del Edadismo que se ha recrudecido con la COVID-19, presentando una imagen distorsionada de las personas mayores dominada por estereotipos.
- La denuncia de los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, que sufren muchas personas mayores en entornos comunitarios e institucionales.
- La Protección Patrimonial como garantía y derecho fundamental.
- El Derecho de Alimentos que garanticen una nutrición saludable.
7) Soledad no deseada
Solicitamos que el Gobierno y las Comunidades Autónomas pongan en marcha urgentemente una “Estrategia para prevenir y combatir la soledad no deseada” con las siguientes características:
- Basada en el conocimiento preciso de la situación actual y cómo afecta a las personas mayores.
- Concebida a largo plazo, con revisiones y planes de acción anuales.
- Concebida de modo transversal y con medidas específicas en todas las áreas y niveles de las administraciones, con un importante papel del municipal por su proximidad.
- Implicando activamente a toda la población: asociaciones, agentes sociales, universidades, medios de comunicación, etc.
Abogamos por la creación de:
- Un Observatorio de la Soledad que monitorice permanentemente este fenómeno.
- Estructuras administrativas de alto rango sobre la soledad, como existen en otros países.
8) Silver Economy y sociedad para todas las edades
Abogamos por que se potencie el enfoque de la OMS (2007) que define el envejecimiento activo como un “proceso de optimización de las oportunidades de salud, seguridad y participación con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Salud, entendida como bienestar físico, mental y social; seguridad, mediante sistemas de protección que aseguren frente a los riesgos asociados al envejecimiento (económicos, de salud y de cuidados); y participación propiciando siempre la integración de las personas en la sociedad de acuerdo con sus deseos y capacidades.
Abogamos por repensar y potenciar desde la perspectiva de una sociedad con personas mayores activas y saludables, el conjunto de factores que contribuyen a que las personas mayores, y particularmente aquellas con discapacidad, vivan con más calidad de vida, participen activamente en la sociedad y contribuyan al dinamismo económico, entre ellos:
- Factores personales, como la adopción de estilos de vida saludables, el autocuidado, la autonomía, la actividad física, mental y social, o el aprendizaje continuo.
- Un entorno físico y digital accesible para todos. Garantizar la mejor accesibilidad física, sensorial y cognitiva en las instalaciones, oferta de turismo, ocio, formación, cultura y deporte.
- Vivienda accesible, promoviendo envejecer en la propia vivienda y ofreciendo alternativas residenciales, como pueden ser el cohousing, viviendas intergeneracionales, compartir vivienda, o viviendas con servicios comunes.
- Ciudad accesible e integradora, a través del transporte accesible, comercios de proximidad, acceso a los servicios sociales y sanitarios, a la cultura, a las relaciones sociales e intergeneracionales.
- Una imagen real, activa, saludable y positiva de las personas mayores, evitando edadismos, paternalismos, y otros estereotipos.
Sobre el autor:
Raúl Arias
Raúl Arias es periodista especializado en Política, Economía y Sociedad. Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en diferentes medios de tirada nacional, siempre pegado a la actualidad.