En 2012, al calor del 15-M y de la congelación de las pensiones, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, surgió en Barcelona la Marea Pensionista. Tres años después, muchos días de trabajo de barrio y varias tomas de contacto con jubilados de otras Comunidades Autónomas, el colectivo decidió expandirse por todo el país y, en 2016, crearon la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Al principio, todo era muy informal: la primera asamblea se hizo en los jardines del Paseo del Prado en Madrid porque no tenían un local. Pero pronto se fue sumando más y más gente y el resultado fueron las históricas concentraciones de jubilados en el País Vasco, entre otras manifestaciones destacables. Para conocer sus reivindicaciones, 65Ymás ha charlado con uno de sus fundadores, el pensionista catalán y portavoz de la coordinadora Domiciano Sandoval, sobre el futuro de las pensiones y las reivindicaciones del colectivo.
¿Por qué es necesario un sistema público de pensiones?
Es tremendamente solidario de una forma generacional e interterritorial. Aunque tiene muchos defectos (hay pensiones muy pequeñas), el sistema hace que un ciudadano extremeño que no haya podido cotizar muchos años, pueda cobrar una pensión gracias a la solidaridad de otras personas que han tenido más suerte, en Madrid o en Cataluña, por ejemplo. Cotizan los que trabajan para que puedan cobrar sus padres y abuelos.
¿Cuándo empezaron a peligrar las pensiones?
Fue antes de la constitución del Pacto de Toledo. Ya entonces se lanzaban avisos desde organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, recordando que las pensiones públicas eran muy caras y que no se podían sostener. Lo hacían para que los ciudadanos tuviesen miedo y fueran a su entidad financiera a abrirse un plan de pensiones privado. A raíz de esto, crearon una comisión en España que lo único que ha hecho, hasta ahora, es reunirse año tras año con un oscurantismo total (los medios de comunicación no pueden entrar). Además, los 9 millones de pensionistas no tienen representación.
El Pacto de Toledo fue, por tanto, contraproducente...
El pacto de 1995 tenía dos recomendaciones. Por una parte, las pensiones privadas y de empresa deberían ser compatibles con el sistema público y se favorecería su apertura con desgravaciones fiscales. Por otro lado, se recomendaba fijar unas vías estrictas de financiación: las pensiones sólo se podrían nutrir con las cotizaciones sociales y no vía presupuestos. Pero con las reconversiones y con el cambio de modelo económico, que nos ha llevado a un país de servicios donde la contratación es muy inestable y los salarios bajos, se ha conseguido que la financiación del sistema sea inviable. Además, otro problema es que la Seguridad Social asume una serie de gastos que no le convienen. Se escapa el dinero por muchos agujeros. Se lo dijimos a la Ministra: el problema de las pensiones no es de gastos sino de ingresos.
¿Cómo ven que se pueda terminar la hucha de las pensiones?
Ha habido mucho descontrol. A finales de 2011, en plena crisis, el Fondo de Reserva tenía 68 mil millones de euros y había una ley que decía que el Gobierno no podía usar más de un 3%, en caso de necesidad. En aquel momento, el PP tenía mayoría absoluta y modificó la legislación. A medida que necesitaba, sacó el 3, 10 o 15%. Actualmente, el fondo está prácticamente agotado.
¿Qué propone la Coordinadora?
Necesitamos una reforma integral pero la tenemos que hablar entre todos. Esa comisión debe de ser con luz y taquígrafos y que sepamos de donde viene el fallo del sistema y qué se debe hacer para que sea sostenible de cara a las pensiones del futuro.
¿Hace falta una mayor fiscalidad para una mejores pensiones?
Podría hablar de los 500 y pico mil millones que hay en evasión fiscal, reconocidos por el Gobierno, o de los 90 mil millones en fraude fiscal. Sin olvidarse de las tarifas planas para los empresarios o de todas las horas extraordinarias sin pagar. Todo repercute en las cotizaciones. Han legislado en contra del sistema. Además, tiene que haber un mayor control del gasto de la Seguridad Social. Sólo en la provincia de Barcelona, tienen 50 edificios. Si se mantienen, el dinero tiene que salir de los Presupuestos, no de las cotizaciones.
¿Qué modelo tenéis como referencia en el extranjero?
Al igual que la sanidad, que se financia a través de impuestos, las pensiones se han de pagar con las cotizaciones y, si éstas no dan, con el Presupuesto. Hoy, el gasto en España no llega al 11%. Francia, por ejemplo, está en 13,5% e Italia, en el 14%. Tenemos una base impositiva 7 puntos por debajo de la media Europa. Necesitamos que paguen los que más tienen. Los ciudadanos están sosteniendo el país vía IVA e IRPF.
Y subir las cotizaciones sociales, ¿es también una opción?
Se podrían aumentar en un punto o dos. Otra medida que hemos propuesto es que se destopen. Ahora, se cotiza sobre un total de unos 4.100 euros. Pedro Sánchez lo subió un 7%. Si un ciudadano cobra 8.000, ¿por qué va a cotizar por 4.000? El problema es que esa medida va en contra de ellos: diputados, senadores, altos funcionarios… Es difícil tomar medidas contra el establishment.
¿Cuánto tiene que subir el salario mínimo para que los jóvenes se puedan jubilar dignamente?
Si son valientes y suben el salario a los 1.100 euros, repercutirá en las cotizaciones sociales. La medida tirará hacia arriba del resto de salarios. Pero, el problema más grave no es que tengamos salarios bajos, sino que la contratación sea temporal. Cuando el trabajador llegue a los 67 años, no habrá cotizado más de 15 y le quedará una pensión de 400 o 500 euros. ¿Cómo va a vivir? Luchamos para que suban las mínimas a los 1.000 euros.
¿Cómo veis el futuro de las pensiones?
No somos pesimistas. A nuestras movilizaciones viene gente que apenas puede caminar. Somos unas generaciones bregadas en la lucha social. No nos van a derrotar. El problema es qué harán los jóvenes el día de mañana. Si los trabajadores de 45 años no se mueven hoy por sus pensiones, cuando se jubilen no tendrán un medio de vida con el que subsistir.
Pero la tendencia indica que vamos hacia otro lado. Se fomentan los planes de pensiones privados para complementar los públicos, por ejemplo.
Sí, pero, para evitarlo, debemos mejorar los salarios y conseguir una contratación más estable. ¿Qué plan de pensiones privado se puede permitir un joven con una carrera y dos másteres si luego es becario? Uno siente vergüenza ajena cuando le oye decir a Celia Villalobos en la comisión del Pacto de Toledo: “Que los jóvenes ahorren 2 euros al mes”. ¿Sabe ella lo que supone esa cantidad para ellos?