HelpAge reclama mayor atención por parte de los poderes públicos a la revolución de la longevidad

La presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez Lozano, comparecó el pasado miércoles en el Senado en la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España 

Martínez Lozano reivindicó en su  intervención, entre otras acciones, el apoyo del Gobierno a la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, mayor atención por parte de los  poderes públicos a la revolución de la longevidad y una mayor inclusión  de todas las personas en las distintas etapas de la vida. 

 

La Ponencia ha sido creada en el seno de la Comisión de Derechos Sociales con el objeto de redactar un estudio completo que dé cabida tanto a la información más actualizada, precisa y objetiva posible, como a las recomendaciones que se realicen para abordar la nueva realidad sobre el envejecimiento.  

Desde HelAge explican que a pesar de que el aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de la humanidad, el envejecimiento de la población tiende a verse como un problema de sostenibilidad económica. Y se plantean por qué no empezar a verlo como una oportunidad. Así, expone que para maximizar los beneficios y gestionar bien los riesgos asociados al envejecimiento, los "gobiernos deben apoyar, entre otras cosas, la educación y la atención médica a lo largo de todas las etapas de la vida, promover estilos de vida saludables, favorecer el empleo para todo el mundo –especialmente para las mujeres y grupos de población en riesgo de exclusión social– y apoyar políticas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados garantizando siempre la igualdad de género".

 

Esta transformación demográfica es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, así como los problemas derivados de la discriminación por edad. Tal y como reflejan los distintos informes y estudios realizados por la red Internacional de HelpAge, el mayor riesgo del envejecimiento es la desigualdad, la pobreza, la pérdida de autonomía y la soledad no deseada, que acorta también los años de vida. Los datos muestran que ciertos grupos de personas mayores se están quedando atrás: las personas en edades más avanzadas, las que viven en zonas rurales, las que tienen niveles más bajos de educación, y las que son menos capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Las mujeres, además, que tienen una esperanza de vida mayor, aunque tienen una calidad de vida peor, se enfrentan a más riesgo de pobreza, violencia, discriminación y soledad cuando son mayores. Además, la pandemia por Covid-19 ha aumentado las dificultades y la discriminación a las que se enfrentan las personas mayores.

Por ello, desde HelpAge International, así como desde otras organizaciones sociales, se reclama desde hace años la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores que sirva como guía y base jurídica a los gobiernos nacionales para tomar medidas concretas y establecer una legislación adecuada para combatir la discriminación por edad.

La presidenta de HelpAge España ha presentado las siguientes propuestas en su comparecencia en el Senado en el marco de la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento:

1. Consideran fundamental la celebración YA de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores. Piden al gobierno de España y al Parlamento que apoyen esta Convención en el seno de Naciones Unidas, donde existe ya un grupo de composición abierta que se reúne anualmente y una experta independiente asesora sobre este tema.
    
2. Quieren que las políticas públicas y estrategias se desarrollen desde un enfoque basado en derechos, no desde un enfoque meramente asistencial. Las personas mayores son sujetos de derechos no meros receptores de asistencia social.
    
3. Abogan por una ley de igualdad de trato que incluya la edad como una circunstancia relevante, ya que las personas mayores sufren restricciones y encuentran barreras en el ejercicio de sus derechos, y en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de las más pobres. En España, tenemos un marco legislativo poco garantista en relación con la protección y garantía de los derechos de las personas mayores.
    
4. "Plan de choque" de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, durante el 2021 y hasta que la pandemia esté controlada.
    
5. Reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones.
    
6. Piden una Ley integral de los derechos de las personas mayores que promueva políticas públicas desde un enfoque de derechos en todos los ámbitos de las políticas públicas.
    
7. Rediseñar nuevos modelos de cuidados, pensando no solo en las personas mayores, sino en todas las personas que requerimos cuidados a lo largo de nuestras vidas, desde niños y niñas a las personas mayores, pasando por las circunstancias temporales en las que todos y todas necesitamos de esos apoyos para el cuidado. Por eso, consideran importante rediseñar los servicios integrados de atención en domicilios, para evitar, entre otras cosas, situaciones de cronicidad de dependencia y de institucionalización innecesaria. Asimismo, avanzar en nuevos modelos residenciales y otros alojamientos en los que, además de garantizarse la atención desde el SNS, se trabaje desde un enfoque de atención centrada en la persona.
    
8. Coordinación sociosanitaria. 
    
9. Profesionalizar el sector de los cuidados, mejorando la formación y competencias de las y los profesionales y desarrollar programas de formación continua para estos los profesionales.
    
10. Apuesta por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales dedicados a los cuidados y atención a las personas.
     
11. Garantizar la inspección y el control de las administraciones públicas en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.
     
12. Campañas de concienciación sobre los derechos de las personas mayores y formar a funcionarios y actores sociales.
     
13. Promover estudios y recabar más y mejores datos para obtener una imagen más precisa de la realidad que viven las personas mayores, de sus opiniones y deseos, y de la calidad de los servicios públicos.