Los jóvenes pensionistas con enfermedades crónicas subsisten con 550 euros al mes

 

En una de esas cirugías, María Ángeles sufrió además una “negligencia médica porque tenía focos de endometriosis en la columna vertebral, algo muy raro, y me quemaron los focos pero también los nervios de la columna y de la pierna derecha. Desde entonces, hace ya más de 12 años, me veo obligada a llevar muletas. A partir de ahí mi salud empeoró muchísimo y mis visitas al quirófano eran constantes. Yo vivía sola desde los 20 años y trabajaba en la limpieza de un hospital, era fija y una persona totalmente independiente. Pero a partir de aquella negligencia tenía bajas laborales constantes que me daban porque había cirugías de por medio y me las alargaban hasta dos años, lo máximo que el INSS permite, y me volvían a incorporar al trabajo, ya con muleta incluida con lo que me tenían que cambiar los puestos y adaptarlos, pero era todo trabajo físico y aguantaba hasta que podía. Más de una vez me tuvieron que sacar del trabajo en ambulancia, mis horas de descanso eran con la vía puesta para medicarme y poder aguantar la otra media jornada de trabajo que me quedaba por delante”, explica. 

"Se pasa realmente mal tanto física como psicológicamente. Es una presión muy fuerte porque ves que no puedes, pero estás obligada a ir a trabajar". Al final, en una de esas reincorporaciones, María Ángeles pasó un reconocimiento médico en la mutualidad, la declararon no apta y la despidieron. "Al año y medio salió el juicio con la Seguridad Social y finalmente me concedieron la incapacidad laboral total. Estuve nueve años intentando que me dieran la incapacidad laboral”. Por esa incapacidad total Poveda cobra el 55% de la base reguladora, unos 550 euros al mes, “aunque hay gente que aún cobra menos”, asegura.

Pensiones de 550 euros y medicamentos de 300

Como queda dicho, María Ángeles trabajaba como limpiadora con una muleta y el sobre esfuerzo le destrozó una rodilla por lo que debe inyectarse ácido hialurónico, algo que no está cubierto por la seguridad social y le cuesta 300 euros a una persona con 550 de pensión. "Hace diez días me acaban de poner la inyección gratuitamente por primera vez, pero llevo poniéndomela los últimos ocho años cada tres meses y hasta ahora, si esos tres meses no me coincidían con una de las pagas de verano o navidad no podía medicarme y claro, la rodilla va cada vez peor y tengo más limitaciones, pero no se pueden afrontar esos costes con las pensiones que tenemos”.

Unas pensiones que, de media, para el 75% de pensionistas jóvenes son las mismas que la de María Ángeles, “aunque es cierto que cuando llegamos a los 55 años nos sube la pensión al 75% de la base reguladora, que es un poco más, pero somos enfermos crónicos con medicaciones que en ocasiones la Seguridad Social no cubre. Por eso el copago farmacéutico nos está haciendo polvo y hay que derogarlo, es inhumano que esto esté pasando. La Seguridad Social entiende que cuando te dan una incapacidad total que te impide realizar tu trabajo habitual puedes llevar a cabo otras actividades laborales, pero en la inmensa mayoría de los casos esa no es la realidad, la realidad es que casi todas las personas que cobran esta pensión realmente necesitan una incapacidad absoluta por la que se cobraría el 100%, pero este tipo de incapacidad se está concediendo con cuentagotas y en estos últimos años de crisis los recortes se han notado muchísimo con más denegaciones de pensión a enfermos crónicos y como mucho te conceden la total, lo que supone un ingreso de dinero con el que es imposible plantearse un futuro ni comprar una casa ni tener hijos ni nada de nada. Nos cuesta mucho mantenernos y normalmente necesitamos la ayuda de terceros, familiares, amigos, vivir en casa de alguien…”, asegura la pensionista.

Inyecciones que inhiben a los agresores sexuales

Tras la última cirugía en la que le quemaron los nervios de la espalda y sufrió lesiones neurológicas irreversibles, a María Ángeles le pusieron inyecciones que se usan en Estados Unidos para inhibir a agresores sexuales, “supuestamente indicadas para las mujeres con endometriosis” y cuyo efecto en las mujeres no está estudiado. “Yo entonces no sabía nada de la enfermedad, pero entré en una asociación y a los pocos meses allí descubrí que estas inyecciones son un inhibidor sexual que utilizan en Norteamérica con los agresores sexuales y en casos de cáncer de próstata muy avanzados y también supe que las investigaciones realizadas en otros países concluían que su administración venía asociada a un alto índice de suicidios, de hecho en algunos países como Japón esas inyecciones se prohibieron. No se han hecho estudios sobre cómo pueden afectar a las mujeres, pero en mi caso sí se dieron esas reacciones de inclinación al suicidio, además de una fuerte depresión, ataques de pánico y agorafobia. Por eso, otra de mis reivindicaciones es luchar para que la gente sepa que estas inyecciones se están utilizando”, expone.

María Ángeles se lamenta de que "a mí y a mucha gente la enfermedad nos ha robado la juventud y la sociedad nos está robando la madurez y está haciendo que cada vez corramos un mayor riesgo de exclusión social". La joven pensionista cuenta como varios de sus compañeros "han tenido que vivir en la calle hasta que les han concedido la pensión, ya que no tenían dinero ni para comer ni para mantener una vivienda". Poveda cuenta que conoce casos "realmente dramáticos" como los de compañeros con leucemia, "que ni siquiera tienen concedida la incapacidad laboral, se las han denegado y han tenido que ir hasta el Tribunal Supremo, los que han podido, porque eso también implica costes de abogados, procuradores, peritos, costas judiciales, que no todo el mundo se puede permitir".

Un millón de pensionistas

Para intentar solucionar estos problemas surgió, al principio como una cuenta en Twitter, Jóvenes Pensionistas. “Una compañera de Canarias, Natalia, denunció que no había un reflejo de lo que pasa con este colectivo a pesar de que seamos el 10% de los pensionistas". A partir ahí, poco a poco se les fueron uniendo compañeros de otras comunidades y poco a poco formando la plataforma. "En septiembre del año pasado empezamos a funcionar en la calle, a acudir a manifestaciones, nos pusimos en contacto con la Coordinadora Estatal de Pensionistas y las coordinadoras de nuestras Comunidades Autónomas. Ahora mismo tenemos presencia en ocho Comunidades, pero para nosotros es muy complicado hacernos visibles, porque estamos muy limitados a la hora de caminar o salir en una manifestación. Nos cuesta explicar que estamos aquí, que somos un millón de pensionistas, pero estamos convencidos de que poco a poco iremos consolidándonos más".

No existe ninguna ley que proteja al paciente crónico y esa es una de las grandes reivindicaciones de este colectivo. “Hubo en su día una propuesta de Ley de Cronicidad que ampararía una vida digna para los enfermos crónicos, pero que estará guardada en algún cajón de algún ministerio. Ahora lo vemos como algo imposible, porque las pensiones en general están  bastante dejadas por la Administración, es un debate político que hace un par de años quizás estaba en candelero, pero ahora menos, por eso es tan importante para nosotros incorporarnos a las reivindicaciones de la Coordinadora Estatal de Pensiones (COESPE) y mantener ahí las nuestras, que son mucho más amplias porque implican al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) por las injustas valoraciones de discapacidad".

"Nos sentimos invisibles"

Además de pedir pensiones no inferiores a 1.084 euros, como indica la Carta Social Europea aprobada en el Parlamento español, con revalorización del IPC real y su blindaje en la Constitución, otra de las reivindicaciones de los Jóvenes Pensionistas es que se les conceda la rehabilitación psicológica y física, terapias multidisciplinares que se adapten a estos pacientes. "A nosotros nos llegan muchas quejas de que se solicitan tratamientos psicológicos en la Seguridad Social para que les den unas pautas para aprender a vivir con dolor crónico o a la inactividad laboral, que es algo muy duro y te cambia la vida radicalmente, y se deniegan o las citas llegan muy tarde y no son suficientes", explica Poveda.

"Nos sentimos excluidos en muchos aspectos de la vida, la sociedad nos empuja a ello. Parece que cuando tienes una enfermedad o una limitación ya no tienes los mismos derechos que el resto de personas. Hay compañeros que, literalmente, tienen que bajar las escaleras a rastras, que van en silla de ruedas y no tienen ascensor y se encuentran con gente dentro de su mismo portal que es insolidaria. La sociedad no está concienciada de lo que es sufrir una enfermedad crónica, que no es algo pasajero sino para siempre, que no sabemos cómo estaremos en el futuro y que vivir con esta inseguridad es algo realmente muy duro. Ante esto, la sociedad, normalmente, no acompaña y menos aún la clase política que, directamente, no habla de estos temas jamás. De alguna forma nos sentimos invisibles, cuando no te ven no existes y nuestro colectivo parece no existir", concluye María Ángeles Poveda.