Los mayores reivindican una ley integral y una convención internacional sobre sus derechos

 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre en todo el mundo, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores presenta un Manifiesto 2020 con las principales reivindicaciones del movimiento de mayores en España y una llamada de atención ante la vulneración de derechos sufrida con motivo de la pandemia de la Covid-19. En el Manifiesto se reivindica la necesidad y la urgencia de diseñar políticas públicas y estrategias de intervención desde un enfoque basado en derechos, en las que se potencie el empoderamiento de las personas mayores y con discapacidad, se cuente con su opinión y se abandone el enfoque asistencial y proteccionista de las políticas dirigidas a ellas. La mesa estatal reivindica un cambio en el modelo de cuidados, una ley integral para los derechos de las personas mayores, la reforma de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.

"La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos", señalan. Por ello, la Mesa Estatal de los Derechos de las Personas Mayores, exige "garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en el caso de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o viven en el medio rural".

Este es el manifiesto de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores 1 de octubre de 2020:

Las personas mayores encuentran barreras en el ejercicio de sus derechos y sufren restricciones en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o viven en el medio rural. En España como en el resto del mundo, el marco legislativo existente no es suficientemente garantista en relación con la protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Además, con frecuencia, la vejez y la discapacidad se asocian a estereotipos que generan una visión negativa y uniforme de las personas mayores vinculada al edadismo, o discriminación por razón de edad, que no refleja la realidad y hace que se les atribuya un menor valor social. 

La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, que ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores, ha puesto también de manifiesto una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una frecuente falta de respuestas adecuadas por parte de los poderes públicos a las necesidades y derechos que todas las personas tenemos en todas las etapas de la vida. 

Creemos necesario y urgente elaborar políticas públicas y estrategias desde un enfoque basado en derechos, en los que se potencie el empoderamiento de las personas mayores y con discapacidad, se cuente con su opinión y se abandone el enfoque asistencial y proteccionista de las políticas dirigidas a ellas. 

Es el momento de trabajar para garantizar y promover los derechos de las personas mayores y mejorar su calidad de vida, para lo que es esencial obtener información actualizada y disponer de análisis previos que incluyan la recopilación de datos fiables sobre su situación en áreas relevantes. 

En pleno debate social sobre el modelo de cuidados defendemos el derecho a elegir dónde y cómo quieren vivir las personas mayores, garantizando la posibilidad de residir en su propia casa y entorno mientras sea posible. 

Ante todo ello y con motivo del Día Internacional de las personas mayores, la Mesa Estatal plantea las siguientes reivindicaciones: 

• Garantizar el derecho y acceso a la sanidad pública de todas las personas mayores en igualdad con el resto de ciudadanos, independientemente de su situación o lugar de residencia, reforzando los servicios profesionales y permitiendo un acceso apropiado a una atención domiciliaria, teleasistencia, asistencia personal, la cobertura de servicios básicos a domicilio (como la comida o servicios de lavandería e higiene) y a una atención médica de calidad con un trato y cuidados dignos, que refuercen su autonomía como pacientes. 

• Reforzar en calidad y volumen los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, así como los recursos disponibles en las en residencias y centros y agilizar las solicitudes de la ayuda a domicilio y de los ingresos en residencias. 

• Incluir servicios de geriatría en todos los hospitales a nivel estatal para garantizar la correcta atención sanitaria de los ciudadanos mayores e implementar unidades de enlace entre estos servicios de geriatría hospitalaria y los centros residenciales de mayores allí donde sea necesario para igualmente garantizar que las personas que allí viven tengan una adecuada atención a sus necesidades sanitarias de acorde a su perfil de complejidad clínica. 

• Incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas de personas mayores, teniendo en cuenta que existen más mujeres mayores y más mujeres con discapacidad que hombres y su situación de vulnerabilidad es más elevada. Esto exige tener en cuenta su nivel de renta desigual, sus necesidades específicas de salud, de apoyo, de ocio, etc. 

• Incluir en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas recursos económicos que permitan mejorar la atención de las necesidades, a corto medio y largo plazo, de las personas mayores y que permitan cubrir sus necesidades básicas (incluyendo la vivienda adaptada). Habilitar también recursos para hacer un seguimiento de oficio de las situaciones de vulnerabilidad e indefensión susceptibles de ser padecidas por las personas con discapacidad y las personas mayores, incidiendo en el cumplimiento estricto de la legislación destinada a la protección y salvaguarda de su dignidad y derechos. 

• Reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones para promover la autonomía personal y adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados de las personas en situación de dependencia, posibilitando la compatibilidad total y real de diferentes prestaciones como la ayuda a domicilio y los servicios de promoción de la autonomía personal y dotándola de recursos económicos para desarrollarla con una respuesta homogénea en todas a las comunidades autónomas. 

• Rediseñar el SAD para configurar junto a él un conjunto de servicios integrados de atención en domicilios, que incorpore, junto al SAD, la prevención y la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de trabas y el desarrollo de la asistencia personal, la participación del voluntariado, los diferentes modelos residenciales y otras iniciativas a incorporar desde un trabajo comunitario y de participación. 

• Apostar por un nuevo modelo habitacional de residencias y otros tipos de alojamientos en clave inclusiva y comunitaria en los que, además de garantizarse la atención desde el SNS, se trabaje con un enfoque de atención centrado en la persona, apoyando nuevos modelos de vivienda basados en iniciativas de las propias personas mayores, como el cohousing o las viviendas colaborativas, donde pueda prestarse el SAD por parte de la administración para ayudarles en las AVD. 

• La coordinación sociosanitaria no requiere de ningún espacio independiente del sistema sanitario ni del sistema social, por lo que no creemos necesaria ni conveniente la creación de nuevos recursos asistenciales de media o larga estancia, sociosanitarios o de cuidados intermedios, distintos a los existentes. En el entorno familiar, las residencias, centros para personas con discapacidad y centros sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema público de salud, como si estuviesen en un hogar con apoyos distintos a los existentes, sin perjuicio de la necesidad de contar con una red de estancias medias hospitalarias, cuestión pendiente de nuestro sistema público de salud, que sigue apostando por un modelo sanitario basado en la atención de agudos. La asistencia sanitaria en el medio rural tiene que estar garantizada y debe ser presencial, apostando por la permanencia y no cierre de los consultorios médicos rurales, y fijar y atraer población al medio rural. 

• Profesionalizar el sector de los cuidados mejorando la formación y competencias de las y los profesionales y dotando a los y las cuidadoras no profesionales de formación, medios técnicos y los apoyos necesarios tales como el respiro familiar, ayuda para su posterior reincorporación al mercado laboral y medidas en los planes de conciliación familiar que favorezcan el cuidado de las personas mayores en su entorno familiar, evitando la institucionalización. 

• Apoyar la innovación y las nuevas tecnologías, que pasarán a tener un papel preponderante y transversal en la vida diaria de todas las personas, para mejorar su empoderamiento, los servicios de apoyo y de cuidados de las personas mayores y las personas en situación de dependencia, invirtiendo en formación en su uso tanto por ellos mismos como por parte de las figuras cuidadoras, potenciando un uso accesible de internet para las personas mayores que residen en el entorno rural y evitando nuevos riesgos de falta de accesibilidad o malas prácticas éticas. 

• Apostar por la formación para las personas mayores en estas cuestiones, para incrementar sus herramientas, fomentar su comunicación y facilitar su plena integración en la actual sociedad del mundo tecnológico y online. 

• Retomar la puesta en marcha efectiva y con dotación presupuestaria de la “Estrategia Nacional de personas mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato” e incentivar y apostar por la creación de servicios y recursos que promuevan un envejecimiento activo y saludable de las personas mayores que residen en el medio rural. También para incluir a las personas mayores con alguna discapacidad, incluida la discapacidad intelectual o psicosocial. 

• Apoyar, fomentar y garantizar la formación y la educación permanentes de las personas mayores, a todos los niveles y en las diversas áreas de conocimientos y habilidades, con especial atención a los Planes Universitarios de Mayores y a las demás iniciativas (públicas o privadas y en los diversos niveles educativos) que pudieran desarrollarse en estos ámbitos. 

• Apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para el diseño, concertación y cobertura de servicios sociales. 

• Aprobar una Ley integral de los derechos de las personas mayores y poner en marcha políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razones de edad y a hacer efectivos sus derechos y el acceso a ellos. 

• Abordar campañas de concienciación contra los estereotipos asociados a la vejez y sobre los derechos de las personas mayores, en las que se promueva el envejecimiento activo y se evidencie y destaque el valor y la ética de los cuidados, tanto del funcionariado como del conjunto de profesionales y no profesionales que los realizan, de las iniciativas de entidades sociales, movimientos ciudadanos o vecinales y la sociedad en general, entre otros. 

• Promover el voluntariado de personas mayores y su participación activa en todos los ámbitos socioculturales y políticos, fomentar el intercambio intergeneracional entre jóvenes y personas mayores para el fortalecimiento de las relaciones y apoyo mutuo y promover la inclusión de todas las personas dependientes y el trabajo con la comunidad. 

• Promover estudios que analicen la realidad heterogénea de las personas mayores para apoyar el diseño de acciones y políticas públicas adaptadas a las necesidades de este grupo social y fomentar la accesibilidad en productos, bienes y servicios para la población mayor. En particular al transporte, vivienda, tecnología, y al entorno. 

• Apoyar de manera decidida desde España una CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES POR PARTE DE NACIONES UNIDAS. 

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