Los mayores demandan mayor protección ante los malos tratos

Varias personas expertas en intervención con personas mayores, derechos humanos y judicatura se han reunido en la XLVI Jornada sobre prevención y sensibilización de los malos tratos y abusos a personas mayores, organizada por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España -UDP, donde se ha abordado desde una perspectiva multidisciplinar las políticas de actuación, detección y prevención del maltrato a las Personas Mayores.

Una jornada de reflexión y diálogo de la cuál se destaca la importancia de la perspectiva de género como pilar fundamental a la hora de desarrollar los protocolos de actuación y prevención de los malos tratos y abusos a personas mayores, así como la necesidad de implementar una Ley estatal  que ponga la protección de las personas mayores en el centro, un ordenamiento jurídico que permita y facilite la plena participación activa y autónoma de las personas mayores en los procesos judiciales. Así como impulsar desde España, la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores.

Presentada por Javier A. Souto, voluntario del programa de Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores UDP y presidente de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid -UDP Madrid, ha contado con la participación de Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Mujeres Progresistas y de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS); Borja Arrue Astrain responsable de proyectos y políticas de AGE Platform Europe (atención de calidad a largo plazo y de la lucha contra el maltrato a las personas mayores); María Ángeles Martínez Marzal, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, perteneciente a la Sección de Violencia sobre la Mujer; Cristina Pérez Castaño, Psicóloga de la Fundación Luz Casanova.

 

 

La jornada completa puede visualizarse, inscribiéndose en el Portal de las Jornadas UDP y accediendo a la misma en el siguiente enlace: https://jornadas.udp.cursotic.es/xlvijornadamateriales/

La XLVI Jornada, forma parte de las actividades desarrolladas en el marco del Programa de sensibilización, difusión y prevención de los malos tratos y abusos a personas mayores, desarrollado desde 2003 por UDP. Este año 2021, cuenta con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través convocatoria de subvenciones del 0,7 del IRPF – Otros fines de interés social.

La respuesta de la Administración Pública 

En España, no existe una legislación específica que regule la protección de las situaciones de maltrato y abuso hacia las personas mayores. A falta de una norma estatal, son las comunidades autónomas quienes en el ámbito de sus respectivas competencias han establecido el marco de protección. “Muchas de las dificultades que nos encontramos para poder enfrentar estas situaciones, es claramente la ausencia de un protocolo claro de intervención. Incluso para todos aquellos profesionales concienciados en la lucha contra esta lacra”, ha explicado Javier Álvarez Souto.

La crisis mundial por la COVID-19 ha aumentado el abuso y el abandono de las personas de edad en todo el mundo. Antes de la pandemia, se estimaba que 1 de cada 6 personas de edad avanzada era objeto de abuso. 

“Lo sucedido en residencias muestra, ni más ni menos, la posición social de las personas mayores y la mirada de la sociedad sobre la vejez. La falta de protección y la fuerte discriminación por edad ha causado muertes prevenibles y prematuras y ha negado a los mayores el acceso a los derechos más básicos en igualdad de condiciones y dignidad”, ha apuntado Yolanda Besteiro. 

 

 

Para Besteiro, “si bien el Estado asume cada vez mayor responsabilidad y medidas prosociales, descentralizando los cuidados, se hace mediante la externalización de los mismos y no desde la conciliación, la corresponsabilidad social, y la promoción de la salud y los buenos tratos”.

En este sentido, Besteiro señala como necesario “un posicionamiento institucional claro y rotundo que ponga la protección de las personas mayores en el centro y que mejor forma que hacerlo a través de una Ley que haga de obligado cumplimiento la prevención de la violencia hacia las personas mayores y su protección”. 

A su entender esta Ley debería asentarse sobre algunos pilares básicos: “El conocimiento de la magnitud del problema, teniendo presentes las diferencias de sexo, conocimiento imprescindible para poder poner en marcha medidas basadas en la evidencia; La promoción de un cambio en la mirada que la sociedad hace de las personas mayores, que permita la superación del edadismo y la valoración social de esta etapa vital; La participación social activa de las personas mayores, haciéndoles visibles y útiles y evitando el aislamiento; La formación de profesionales que permita el fomento del buen trato y de la detección y actuación en casos de maltrato; El desarrollo de una red especializada de atención y protección a las personas mayores, donde se pueda dar una respuesta adecuada a los casos que se producen; Apostando por el establecimiento de un sistema de cuidados de calidad, que evite la sobrecarga de las familias y que potencie la especialización de profesionales y su reconocimiento profesional”.

La perspectiva de género

La jornada organizada por UDP ha reivindicado además, la perspectiva de género, como parte fundamental en la actuación y prevención en los malos tratos y abusos a personas mayores.  Tras 18 años de Jornadas, UDP considera fundamental tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de desarrollar estrategias, protocolos, leyes y políticas destinadas a la detección y prevención del maltrato a las personas mayores.

España tiene un modelo “familiarista” de cuidados en el que la responsabilidad de la atención descansa en las familias (en el 90% sobre las espaldas de las mujeres, cuidadoras principales: madres, hijas, esposas, nueras…)  o en un sector muy precarizado, informal, invisibilizado y feminizado como es el empleo de hogar. Es de señalar, como evidencia de la gestión de los cuidados de larga duración y atención a la dependencia, que Italia y España concentran el 61,5% de todas las trabajadoras del hogar de toda la Unión Europea.

En este sentido, Besteiro ha señalado que “las políticas públicas y la economía de cuidados no pueden ser ajenas a la intrínseca interdependencia de la humanidad y a que, las mujeres viven más, cuidan más y son en mayor proporción cuidadas, dejándolas expuestas especialmente a abusos y violaciones de sus derechos fundamentales”. 

 

 

En materia de intervención de la violencia de género con mujeres mayores, Cristina Pérez Psicóloga de la Fundación Luz Casanova,  ha señalado que “el análisis de los datos y las estadísticas también deja fuera, en muchas ocasiones, a las personas mayores, en ese caso a las mujeres: “solamente desde hace unos años se ha recogido esta franja de edad para ver las características que comparten las mujeres mayores que continúan en relaciones de violencia dentro de sus pareja”.

Pérez, también ha señalado que las mujeres mayores “son las que menos denuncian esta situación de maltrato junto con el grupo de edad de adolescentes. Son las que menos solicitan ayuda y servicios de apoyo, ya sean psicosociales o a nivel de denuncia”. Entre los motivos para ello, ha explicado cómo las experiencias y situaciones vividas por mujeres que ahora han cumplido setenta u ochenta años, dónde pidieron ayuda y “no fueron creídas, escuchadas ni protegidas”. “Recordemos que la ley de violencia de género es relativamente reciente y muchas de estas mujeres han tenido relaciones de violencia en sus parejas cuando esta ley no estaba en vigor y cuando no se entendía socialmente esta problemática como se entiende ahora”. De esa manera, ha señalado que “difícilmente van a pedir ayuda de nuevo”.  

En esta misma línea, María Ángeles Martínez Marzal,  fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, perteneciente a la Sección de Violencia sobre la Mujer ha señalado durante su intervención que “la agresión de género no es algo puntual, sino que en el caso de los matrimonios mayores suele darse con frecuencia. Lo que no suele darse es la denuncia o el inicio de un procedimiento penal”. 

El ordenamiento jurídico

Desde el punto de vista jurídico, María Ángeles Martínez Marzal, ha abordado y planteado las distintas situaciones y problemáticas que existen a la hora de interponer una denuncia cuando se produce una situación de violencia entre la persona cuidadora y la tipificación del maltrato físico, psíquico o económico ejercido contra el mayor, por las personas cuidadoras familiares o profesionales, así como las actuaciones penales planteadas cuando la persona agresora es la persona mayor. 

 

 

Así, ha destacado que cuando se opta como última vía la jurisdicción penal “no significa que sea la única solución ni que deba de dejar las vías asistenciales cuando se ha puesto una denuncia o al contrario, empezar a actuar solo si hay procedimiento penal”.

Ante la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, Martínez Marzal, ha señalado la necesidad implementar la participación de las personas mayores en los procesos judiciales: “debería ser generalizada a las personas mayores, que se permita utilizar pictogramas o cualquier otro sistema que facilite la comprensión fácil, así como las asistencias técnicas y de nuevas tecnologías que les permitieran su actuación en el proceso en igualdad de condiciones  y para que también puedan pedir ayuda de una manera autónoma”.

Edadismo, derechos humanos e iniciativas europeas

A nivel europeo y para abordar el edadismo, el marco de los derechos humanos y las iniciativas europeas, la jornada ha contado con la participación de Borja Arrue Astrain responsable de proyectos y políticas de AGE Platform Europe (atención de calidad a largo plazo y de la lucha contra el maltrato a las personas mayores) quien a lo largo de su intervención ha explicado la labor y el trabajo desarrollado por AGE Platform Europe, una red europea de organizaciones de y para las personas mayores que cuenta con 11 miembros en España, incluida UDP.

Astrain ha destacado que junto al acceso insuficiente a los cuidados en toda Europa y la sobrecarga de las personas cuidadores familiares que proveen entorno al 80% de todos los cuidados, “las políticas y la financiación inadecuadas de los cuidados a veces crean situaciones que podríamos llamar de abuso institucional o sistemático”. 

En cuanto a las herramientas necesarias para poner fin al edadismo como raíz detrás de las situaciones de abuso y de maltrato a nivel Europeo, “la plataforma AGE considera necesario que al igual que existe estrategias de igualdad en muchos ámbitos como la discapacidad o el género, se establezca una Estrategia Europea de Igualdad por edad combinada con mayor conciencia pública, la mejora de la comprensión del edadismo a través de la investigación y la interseccionalidad, así como la necesidad de poner en marcha una nueva Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores que nos proporcione el marco cognitivo que nos permita identificar las políticas y las leyes que tienen que cambiar para ser más eficaces en la lucha del edadismo, el maltrato y el abuso”, ha señalado Astrain.

 

 

En el marco de la petición y puesta  marcha de una nueva Convención de la ONU, Astrain defiende que “se trata de un instrumento que concretamente pueda ayudar a los países y estados a mejorar las políticas públicas y a crear conciencia sobre formas de discriminación específicas, en este caso, sobre el edadismo”. En españa, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, ha enviado un Manifiesto a la Mesa del Congreso de los Diputados, así como a todos los grupos parlamentarios, en el que solicita la aprobación de una declaración institucional que apoye la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores. En este sentido, Arrue considera que “España puede jugar un papel muy importante para desbloquear la posición Europea que hasta el momento es una posición unánime de no avanzar hacia una convención”.

UDP está comprometida con la mejora de la calidad de vida de todas las personas – especialmente de las personas mayores – y su responsabilidad firme contra el abuso y el maltrato y con la determinación firme de alinear nuestras estrategias de futuro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contribuyendo a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). De esa manera, el Programa de sensibilización, difusión y prevención de los malos tratos y el abuso de las personas mayores está alineado con los ODS y enfocado, principalmente, en los objetivos números 3 (Salud y Bienestar),  5 (Igualdad de Género), 10 (Reducción de desigualdades), 16 (Paz, Justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para conseguir los objetivos)