El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), Ángel Rodríguez Castedo, ha denunciado que “a medida que crece la brecha digital, crece el desamparo y la indignación en las personas mayores”. “Esto no se puede permitir, ya que se intensifica su exclusión, su sensación de abandono y de inutilidad, y a esto se le llama maltrato, edadismo”, ha aseverado.
Así lo ha transmitido durante la jornada ‘Mayores y Brecha Digital’, que ha sido organizada por la PMP con el objetivo de abordar de la mano de diversos expertos, el problema de la brecha digital que está afectando a miles de personas mayores y personas con discapacidad mayores, así como la imperante necesidad de que servicios tanto públicos como privados las tengan en cuenta.
Durante su intervención, Rodríguez Castedo ha insistido en la responsabilidad de los poderes públicos de trabajar en marcos legislativos que protejan los derechos de las personas mayores, al tiempo que ha demandado a las entidades financieras y a las grandes empresas de servicios que deben cambiar sus estrategias para relacionarse con los ciudadanos y adoptar medidas que respondan a las reivindicaciones de las personas mayores en cuanto a una atención personal, “que son de sentido común”.
Asimismo, ha reivindicado la necesidad de programas de formación en materia de digitalización para las personas mayores y “no dejar a nadie atrás”. En este sentido, ha manifestado que se trata de un compromiso de la PMP, que lleva trabajando incansablemente en impulsar estrategias de reivindicación de los derechos de las personas mayores en defensa de un modelo de banca y de servicios tanto públicos como privados “próximos y amigables”.
Por su parte, la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, que ha sido la encargada de inaugurar la jornada, se ha referido a los tres grandes retos del siglo XXI: la extensión de la digitalización, el cambio climático y el reto demográfico. En cuanto a la brecha digital, ha afirmado que “es imparable” y que la atención personal en servicios tanto públicos como privados “va a menos”. Por lo que, en este sentido, ha llamado la atención sobre la evidente necesidad de que la formación es “esencial” para que esta brecha “no se haga cada día más grande”.
También, durante la ponencia ‘Por una digitalización que no deje a nadie atrás’, el presidente y fundador de ‘Adopta un abuelo’, Alberto Cabanes, ha destacado que, para reducir la brecha digital, todos los actores sociales “debemos estar unidos”, desde el sector público legislando a favor de los derechos de las personas mayores; las empresas, adaptando sus servicios a todos los usuarios, y el Tercer Sector, promoviendo acciones de voluntariado con personas mayores para ayudarles a enfrentarse a la transición digital.
La catedrática de Filosofía del Derecho de la UNED, Ana María Marcos del Cano, que ha abordado la ponencia ‘Personas mayores y el ineludible respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales, más allá de la digitalización’, se ha referido a la brecha digital como una discriminación social, “que necesita de la responsabilidad de todos”. Según ha advertido, “la tecnología, tan necesaria para el desarrollo, debe ser un medio para garantizar una mejor calidad de vida, pero su aplicación no debe hacerse al margen de un sector de la población”. Para ella, “los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital, configurando las nuevas tecnologías de acuerdo a los valores y necesidades humanas”.
En la mesa ‘Empresas Tecnológicas’ han participado el director de Comunicación y Desarrollo Corporativo de Microsoft, Carlos de la Iglesia; la responsable de la Unidad de Competencia Social del mercado de AAPP de Minsait, Patricia Leal, y la directora general de Fundación Telefónica, Carmen Morenés Giles. Según han coincidido, para una digitalización inclusiva, hay que buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tales como: la accesibilidad, la usabilidad, la tecnología centrada en la persona, o la colaboración de las empresas con las administraciones públicas en materia de innovación, entre otras.
Por su parte, la directora de 65YMÁS ha moderado la mesa ‘La visión de los medios’. Ana Bedia ha destacado que 65YMÁS, el diario líder del segmento sénior, hará seguimiento de las medidas que vayan adoptando la banca, el resto de sectores y administraciones para acabar con la brecha digital y mejorar la atención que prestan a los mayores.
Por su parte, el jefe de sección de Unidad Editorial, Juanjo Becerra; el director del programa ‘Juntos Paso a Paso’ de RNE, Juan Fernández, la directora del programa ‘Palabras Mayores’ del Grupo Senda, Juani Loro, han han coincidido en que la cobertura mediática de los problemas que afectan a las personas mayores ayudan a crear conciencia social, pero han advertido al mismo tiempo que no debe ser una información puntual, sino algo que se prolongue en el tiempo, ya que, dado que la próxima generación ya está digitalizada, “el esfuerzo hay que hacerlo ahora”.
Otra de las mesas que se ha celebrado es ‘Compromiso de los Partidos Políticos’, donde diversos portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos) han hablado de la responsabilidad parlamentaria en este debate para que la digitalización no se convierta en una estigmatización, si no en un derecho sobre el que los políticos están deben estar alerta, adoptando las medidas legislativas oportunas que garanticen sus derechos.
Por último, la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, quien se ha encargado de clausurar el acto, ha apuntado a que ya existe en España la figura jurídica de persona consumidora vulnerable, que tiene un “potencial importante”, ya que permite ampliar el concepto de vulnerabilidad y genera obligaciones para los poderes públicos y empresas para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.