La Mesa Estatal por los Derechos de los Mayores envía al Gobierno sus propuestas para la desescalada

Ante la pandemia de COVID-19 y las crisis producidas como consecuencia de ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha enviado al Gobierno un segundo documento con propuestas concretas para las fases de desescalada y control del riesgo y propuestas de acción de futuro para transformar el sistema de atención y cuidados. Con este documento, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores pone de manifiesto algunos aspectos de vital importancia para garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores.

La COVID-19 tiene una tasa de mortalidad más alta entre las personas de mayor edad, especialmente, entre quienes tienen otros problemas de salud o enfermedades crónicas. Los últimos datos muestran que hasta un 30-40% de las personas que han muerto por coronavirus vivían en residencias de personas mayores. Estos datos han puesto de manifiesto la profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración, así como la falta de respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida. 

Por ello, desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores se han enviado al Gobierno una serie de propuestas concretas para hacer frente a la actual emergencia, pero mirando hacia el futuro, analizando las carencias y problemas que ya existían antes de la crisis. Es el momento de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y defender el derecho a una vida autónoma y digna, sea cual sea la edad.

Propuestas para la etapa de desescalada y control del riesgo

En el actual momento en el que nos encontramos, es necesario recordar que las necesidades y derechos de las personas mayores deben considerarse en todas las fases de la desescalada y control del riesgo. Por ello, todas las medidas de desescalada deben contar con un informe de impacto en las residencias de mayores y discapacidad y se proponen distintas medidas para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas, sea cual sea su edad, así como su derecho a una vida digna y autónoma.

En este sentido, las organizaciones exigen que todas las residencias de mayores cuenten con equipos de protección y se realicen test PCR y análisis serológicos a todas las personas mayores y trabajadores de las residencias de mayores y otros trabajadores y trabajadoras de atención domiciliaria. Además, se recuerda los pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con COVID-19, para evitar la propagación de la enfermedad. Se deben establecer de instalaciones intermedias para las residencias en las que resulte imposible salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la presencia de alguna persona con COVID-19. Como principio general, salvo complicaciones que requieran hospitalización, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerda que las personas deben ser cuidadas allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que contribuyen con sus impuestos.

Por otro lado, las personas mayores deben tener derecho a disfrutar al aire libre y deben tener acceso a jardines y zonas exteriores siempre que se respeten la distancia social y las precauciones sanitarias. Además, todas las medidas de protección deben aplicarse también a las personas que viven en sus domicilios y son atendidas desde el sistema de dependencia o los servicios sociales municipales.

Propuestas de acción para el futuro

La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha elaborado una serie de propuestas de acción para poner en marcha políticas y acciones adecuadas que refuercen y reorienten las actuales políticas públicas del estado del bienestar. Entre las propuestas más destacadas de este documento, se encuentra la elaboración de un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, así como la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Además, se propone la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores y a hacer efectivos sus derechos.

Según estudios del IMSERSO, más del 80% de las personas mayores quieren vivir en sus casas durante toda su vida y que, cuando no puedan hacerlo, prefieren un lugar lo más parecido a sus hogares. Por ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores hace una serie de recomendaciones para caminar hacia un modelo de residencias que trabaje desde un enfoque de atención centrada en la persona.

Entre otras acciones, es necesario incremento de la ratio de gerocultoras/es en los centros existentes, plantear un nuevo diseño que garantice un ambiente más familiar para las personas mayores y profesionalizar el sector de los cuidados para apostar por un modelo de calidad. Debemos optar también por nuevos modelos arquitectónicos que incorporen garantías de atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida con profesionales que tengan formación en derechos, ética, relación de ayuda, entre otros. Además, también es esencial apoyar otros alojamientos o nuevos modelos residenciales, como el cohousing o las viviendas colaborativas.

Respecto al Servicio de Atención Domiciliaria, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recomienda configurar un conjunto de servicios integrados, que incorpore la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal y la participación del voluntariado, entre otros. Asimismo, es necesario fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales.

Por último, las organizaciones que forman parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerdan que se debe garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, independientemente de donde vivan, y piden al Gobierno que apoye de forma decidida una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Naciones Unidas.