Entidades e instituciones piden una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores
UDP ha celebrado el acto 'El reto de la longevidad hoy'
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha celebrado el acto 'El reto de la longevidad hoy: de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)', tras veinte años de la celebración de la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en Madrid, una jornada que ha servido para "reflexionar sobre los retos sociales de la longevidad, evidenciar la necesidad de hacer políticas transversales y solicitar la aprobación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores", según indican en una nota.
La jornada, que tuvo lugar en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, fue inaugurada por la presidenta del Congreso de Los Diputados, Meritxell Batet, quien recordó que el derecho a la autonomía personal es "un derecho fundamental y exige que los poderes públicos garanticen la plena autonomía y hagan políticas para hacerla efectiva". Así, señalaba la importancia de mantener el compromiso con la revalorización de las pensiones, para poder "garantizar la dignidad de las personas más vulnerables".
Por su parte, Inmaculada Ruiz y Ángel Rodríguez Castedo, presidentes de UDP y de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), defendieron la necesidad de "seguir luchando por los derechos de las personas mayores, reflexionar sobre el gran reto demográfico del envejecimiento poblacional, situarlo en el centro de las agendas nacionales e internacionales y dotarlo de grandes recursos económicos".
El envejecimiento activo se ha convertido en una "meta global" que obliga a un cambio de paradigma para poder abordarlo desde un punto de vista positivo. Igualmente, se hace necesario un cambio en el modelo de cuidados, tal y como señalaba director general del Imserso y coorganizador del acto, Luis Alberto Barriga. En concreto, destacaba la falta de 300.000 personas en el sector de los cuidados, pedía "reformas potentes" en sus condiciones laborales, políticas y medidas que les den apoyo, y denunciaba la pérdida de derechos en los modelos de atención institucionalizada, que ha definido como una "fórmula anticuada que aleja a las personas de sus contextos amigables".
El edadismo ha sido otro de los puntos que se ha tratado. En concreto, Ascensión Palomares, Doctora en Ciencias de la Educación, denunciaba la discriminación de edad que existe actualmente en la sociedad, remarcando que el envejecimiento "ofrece desafíos y oportunidades que deben ser analizados". "Es imprescindible reivindicar una pedagogía positiva sobre la tercera edad", subrayaba, recordando que es necesario "redefinir la frontera entre lo público y lo privado" para "buscar nuevas vías de colaboración para abordar la vejez con políticas sociales, económicas y sanitarias".
Por último, Miguel Ángel Cabra, Secretario General de la PMP, incidía en la necesidad de conseguir pactos políticos de carácter institucional y de una "transversalidad en toda la legislación" para que se tenga en cuenta a los mayores; mientras que Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, apostaba por abordar las grandes políticas de país sobre envejecimiento desde el ámbito local y hacía referencia a la gran cantidad de personas que viven solas. "Las políticas contra la soledad son políticas de creación de derechos y de empoderamiento de las personas", afirmaba.
II Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal
Con estas jornadas se ha presentado a su vez el II Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal: envejecimiento, cronicidad y discapacidad, que se celebrará en Barcelona, Madrid, Mérida, Salamanca y Albacete a principios de 2023, y cuyas líneas generales presentaba Antoni Serratosa, vicepresidente de UDP.
En cuanto a los objetivos de este congreso, el primero es "desarrollar los contenidos y las alianzas necesarias para afrontar el reto de la longevidad en el siglo XXI". El segundo supone plantear ante la Organización de las Naciones Unidas la aprobación de la "Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores".
