La PMP pide que la inevitable digitalización no implique todavía el fin de la atención presencial
Reunión con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), como movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha trasladado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial su preocupación por la brecha digital y la necesidad de establecer un periodo de transición que permita una adaptación más paulatina a la creciente digitalización de todos los servicios, especialmente para los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores.
Al encuentro, mantenido entre la PMP y miembros de unidades dependientes de la mencionada Secretaría de Estado, que a su vez depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han asistido Elena Muñoz Salinero y Daniel Sánchez Martínez, subdirectora y subdirector adjunto de la Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, junto con Ángel Luis Martín Bautista y Sandra Sabroso Torres, subdirector adjunto y jefa de área de la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, respectivamente.
La PMP continúa así su interlocución con las administraciones públicas, que tiene como objetivo hacer valer los derechos de los mayores ante la "creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados", la cual “preocupa especialmente” a la Plataforma, ya que deja prácticamente sin acceso a todos esos servicios al colectivo que representa, que sufre especialmente una falta de formación en competencias digitales.
Han trasladado además la “perentoria” necesidad de un periodo de “transición” en esta inevitable digitalización de la sociedad. Para ello, expresan la necesidad de "hacer compatibles y coexistentes el acceso digital con la atención presencial para los usuarios, aunque sea por un periodo temporal".
En cuanto al ámbito de las adminitraciones públicas, la Plataforma también ha mostrado su preocupación sobre las deficiencias de los portales públicos en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos, al tiempo que insistía en la necesidad de "un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía" que contemple y preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de "exclusión digital" (personas mayores, habitantes de zonas no urbanas que no están muy bien comunicadas, familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad).
En este sentido, la PMP recomienda la creación de una “Red Nacional de Centros de Capacitación Digital”, que incorporaría también a centros integrados de Formación Profesional y centros de referencia nacional en esta materia por todo el territorio español.
Actuar como agente interlocutor y colaborador con la administración para la implementación de todas las medidas mencionadas ha sido la última propuesta realizada por la Plataforma en el encuentro. Y lo harían de la siguiente manera: realizando el diagnóstico de necesidades en colectivos y personas vulnerables; colaborando con entidades locales desde su red asociativa o con la medición del impacto del plan de formación y capacitación digital.
La voz de los mayores
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nacía como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores. A estas se suman, como entidad social de referencia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones); como socio ordinario, la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados; y, como socio adherido, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).
