La Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP) ha planteado sus demandas a la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Riolobos, con el objetivo de lograr un marco normativo quemejore la atención en las entidades financieras de los más de diez millones de personas mayores y pensionistas en nuestro país.
La PMP, el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha calificado de “muy positiva” la reunión, en la que ha podido trasladar a la representante del PP en el Congreso su preocupación, denunciando la barrera de trato y atención personal en las entidades financieras que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años, según indican en una nota.
Esta exclusión, señalan, es tanto social como financiera, y ha supuesto a este colectivo muy serias dificultades, y a veces una total imposibilidad, al poder utilizar los cajeros automáticos y las comunicaciones on line.
Por esta razón, la PMP ha propuesto una serie de medidas, entre las que destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
Estas propuestas han sido muy bien recibidas por Carmen Riolobos, quien se ha mostrado muy receptiva y concienciada respecto a ellas, mostrando incluso su preocupación acerca de los principales problemas sufridos por los usuarios de la banca en la actualidad, como son el cierre
de las oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la obligación de pedir cita, la ausencia de habilidades informáticas de algunos colectivos o la complejidad de manejo de los cajeros y las aplicaciones móviles, entre otras.
“Hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la población, tanto en las ciudades como muy especialmente en el mundo rural. Por ello, es tan importante que se produzca un cambio normativo y un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados que ofrezca soluciones lo más inmediatas posible”, explica la PMP.
Esta reunión con Carmen Riolobos ha coincidido con la firma por parte de todos los grupos parlamentarios en el Senado de una moción adicional a las enmiendas del proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual recoge demandas concretas al Gobierno y las entidades financieras, y se llevará a trámite al Congreso de los Diputados el próximo jueves 24 de febrero.
Esto quiere decir que los encuentros con representantes políticos e instituciones realizados por la PMP "empiezan a dar sus frutos".
"Gestor del mayor" y formación digital
La puesta en marcha, por parte del sector bancario, de medidas responsables como la creación de un "gestor del mayor" en cada una de las oficinas bancarias que ayude a los mayores en su interacción presencial y humana con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, es otra de las demandas planteadas por la PMP.
Es más, la PMP ya ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de la España rural para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.
De igual modo, la PMP demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otros.
Todas estas medidas mencionadas, para la PMP deberían estar evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad, ya que no solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, tal y como reitera la plataforma, se requieren "actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contempla un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma".
Sobre el autor:
María Bonillo
María Bonillo es licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Escribe principalmente sobre temas de sociedad. También tiene experiencia en comunicación corporativa de empresas como OmnicomPRGroup y Pentación Espectáculos.