La PMP reclama el derecho de las personas mayores a seguir disponiendo de atención presencial

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha querido recordar que la brecha digital que afecta a las personas mayores y las personas con discapacidad mayores atenta directamente contra su derecho al acceso a la información, ya que la actual tendencia en entidades públicas y privadas impone la desaparición de la atención presencial y su sustitución por servicios digitales con fuertes carencias en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.

En este sentido, desde la Plataforma entienden que el proceso de transformación digital de la sociedad es inevitable y no tiene por qué ser perjudicial, al contrario, las nuevas herramientas tecnológicas pueden suponer un empoderamiento para el colectivo de las personas mayores y, de hecho, la utilización de internet está cada vez más extendida entre las personas mayores.

Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, durante 2021 el 39,1% de las personas mayores de 65 años utilizaron internet diariamente. Aunque este porcentaje se reduce considerablemente conforme la edad es más avanzada y, sobre todo, cuando se trata de entornos rurales, de manera que continúa existiendo una importante brecha digital que excluye a una gran parte de la población.

Para la PMP, la solución pasa principalmente por la no imposición obligatoria de las herramientas digitales como única vía para acceder a la información y las gestiones necesarias en servicios públicos y privados, una imposición que viene produciéndose durante los últimos años y que se ha visto especialmente acelerada durante la pandemia de la Covid-19. Para proteger los derechos de las personas mayores, es necesario establecer un “periodo de transición” en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios online, de manera que se facilite la adaptación de los colectivos más vulnerables a las nuevas tecnologías.

"La información ha de ser diseñada de manera que se garanticen los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación, debiendo implementarse de forma real todas aquellas medidas necesarias para que se garantice el acceso efectivo y en igualdad de condiciones a la misma”, incide.

A este respecto, la PMP mantiene su campaña de incidencia política, en la que pone de manifiesto los múltiples obstáculos que supone para el colectivo que representa la repentina digitalización de todo tipo de servicios, además de demandar a la administración la necesidad de un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de “exclusión digital” como las personas mayores, los habitantes de zonas rurales que no están muy bien comunicadas o las familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.