La PMP reclama un Pacto de Estado y un "mayor empuje" social en materia de dependencia

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) han reclamado un Pacto de Estado y un "mayor empuje" de los poderes públicos y de la ciudadanía para lograr hacer realidad las reformas necesarias en materia de dependencia.

En concreto, Jesús Norberto Fernández ha manifestado que la Plataforma que preside "ve satisfechas muchas de sus aspiraciones en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), en tanto que supone una nueva concepción de derechos que aproxima al entorno europeo, bajo un enfoque de inclusión social y de estrategias centradas en la persona, introduciendo una constelación de servicios de apoyo en el domicilio para poder continuar envejeciendo en casa".

Si bien, ha añadido que "persisten incertidumbres en cuanto a los tiempos de tramitación, la desigualdad territorial y la sostenibilidad financiera". 

Así lo ha indicado en el marco del diálogo Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en el que han participado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; y la epidemióloga y experta en envejecimiento, Victoria Zunzunegui.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, espera que la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad llegue al Congreso de los Diputados el próximo otoño, tal y como ha avanzado este miércoles. Ha explicado que "el principal objetivo del anteproyecto de ley es adaptar el sistema de dependencia al nuevo modelo de cuidados, que ya está presente en muchos países europeos y que responde a un mandato ciudadano surgido a raíz de la pandemia".

También ha subrayado la necesidad de "actuar en dos frentes: la mejora de la financiación y la mejora de la normativa, insistiendo en que el momento para avanzar en estos cambios es ahora".

Por su parte, Pérez Bueno ha señalado que "en cuanto al modelo de ley, se espera que esta reforma pueda dar más de sí" aunque ha apuntado igualmente que "la financiación aún está por resolver" y, en cuanto a la gobernanza, ha precisado que "es crucial apelar a los poderes públicos estatales y territoriales para su mejora".

Además, ha enfatizado la necesidad de una mejora de la gobernanza en los tres niveles de gestión entre administraciones y ha aludido al servicio de asistencia personal, como inclusivo y fundamental para las personas con discapacidad y cuyo desarrollo aún sigue hoy pendiente en algunos territorios del país, según ha advertido.

Mientras, Victoria Zunzunegui ha puesto el foco en la situación de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destacando la necesidad de "asegurar una mejora en sus condiciones de trabajo", además de una formación adecuada para este sector profesional.

Como aspectos de mejora a la norma, ha apuntado la "concreción en la evaluación de las prestaciones para mejorar su calidad y eficacia, así como la reducción de cargas administrativas en el proceso de entrada al sistema".