Qué queda por hacer para lograr una mayor autonomía de personas mayores y con discapacidad

Los mayores (casi 9 millones en España) y las personas con discapacidad (4 millones) son dos colectivos que llevan reclamando, en las últimas décadas, y cada vez con más fuerza, ocupar el sitio que les corresponde en la sociedad.

Así, una de las reivindicaciones comunes para lograr este objetivo es que las ciudades sean accesibles para todos. Por ello, las asociaciones que representan a ambos segmentos de la población española exigen que se pongan a su disposición los mayores medios posibles para poder ser autónomos.

Instalar una barandilla, poner bancos cada pocos metros, utilizar señalización en braille o diseñar aceras de fácil tránsito para sillas de ruedas son muchas de las mejoras que se pueden hacer y que se están haciendo. Pero éstas no tendrían sentido si no se trata de acabar, en paralelo, con el capacitismo o el edadismo, que aún hoy siguen enraizados en nuestra sociedad y que impiden, en buena medida, que los cambios sean más profundos.

De esta manera, con el fin de arrojar luz y analizar qué queda por hacer en nuestro país para garantizar la autonomía personal de ambos colectivos, 65Ymás ha conversado con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (@Cermi_Estatal), Luis Cayo Pérez. 

Pregunta: ¿Cómo se sitúa España con respecto al resto de países de Europa en cuanto a cumplir con el derecho a garantizar la autonomía personal de personas mayores y con discapacidad?

Respuesta: Las comparativas no son fáciles, las variables que deben considerarse son tantas, que dificultan un contraste ilustrativo; tampoco consta que se hayan intentado de un modo exhaustivo y solvente. En todo caso, la autonomía efectiva de las personas con discapacidad o de las personas mayores, está en función de dos factores, fundamentalmente. De un lado, los recursos que se destinan a tal propósito. De otro, el modelo de entender, promover y practicar la autonomía personal. Consideremos uno u otro, o ambos al tiempo, España no descuella en ninguno. Ni por intensidad de recursos ni por haber instaurado un modelo promotor destacan nuestros dispositivos públicos de protección social en cuanto a autonomía personal.

Sí nos favorece un hecho cualitativo, cultural, que es el arraigo en nuestro país del deseo, de la preferencia, de permanecer en el propio entorno, y de rehusar fórmulas habitacionales que no son inclusivas. El peso de la institucionalización -vivir en establecimientos colectivos concebidos ex profeso para personas con discapacidad o mayores- es bajo en comparación con otros países. Eso nos da una cierta ventaja.

P.: ¿Qué modelos existen para garantizar una mayor accesibilidad?

R.: Buenas prácticas, experiencias recomendables hay muchas, y son conocidas. No es tanto una cuestión de conocimiento, cuanto de voluntad, política y social, de implantar entornos accesibles y de transformar con celeridad los que no lo son. Hay fórmulas inteligentes y relativamente hacederas de ver instaurado un grado aceptable de accesibilidad, hasta alcanzar la plenitud.

Si nos gusta y deseamos vivir en nuestras casas, hagamos que las viviendas sean accesibles. Asegurar una vivienda accesible constituiría un paso decisivo para la extensión de la autonomía personal y para retener a las personas en su comunidad de pertenencia.

Hay mucho que hacer ahí, y se hace tan poco: en materia de vivienda, transporte, del entorno construido, de las tecnologías... Pero no sólo los entornos, también los procesos: la asistencia personal, por ejemplo, es el recurso más inclusivo y el menos extendido.

P.: ¿Qué retos aborda la sociedad internacional en cuanto a integración de personas con discapacidad?

R.: Existe uno determinante, que interpela y vincula a toda la comunidad internacional: abordar y dar respuestas a las necesidades, demandas y preferencias de las personas con discapacidad y mayores en clave de derechos humanos. Junto a esa exigencia ineludible de derechos, también está el que los agentes de ese proceso sean las propias personas, como sujetos activos y protagonistas.

Es decir, como agentes de su propia inclusión. Y el entorno, la sociedad, los poderes públicos, los proveedores de apoyos. Ahí está todo cuanto precisamos y en lo que estamos embarcados.

P.: ¿Qué se hace desde España para que así sea?

R.: La ciudadanía activa y comprometida, la sociedad civil organizada, mucho; las instancias oficiales, poderes y autoridades, poco y mal. Hay un desequilibro llamativo, escandaloso casi, entre nuestra sociedad y nuestra institucionalidad política y administrativa. Ojalá consigamos alinearlos y sincronizarlos algún día. El cambio necesario se precipitaría.

P.: ¿Cuáles son entonces las principales tareas pendientes?

R.: Si dijera que todo, no sería justo, pero casi. La agenda política y social de la discapacidad, y de la edad avanzada, es ingente, pues las carencias son todavía de dimensiones colosales. Puede y debe hacerse mucho. Recursos y modelos, como decía antes; pero también desatar potenciales ahora atenuados, desactivados por restricciones y limitaciones inerciales, que no tienen ningún sentido. La contribución de los grupos forzosamente excluidos a la mejora colectiva, a la suya propia y a la global, es mayúscula, si liberamos el potencial que ahora los atenaza. 

P.: ¿Cómo se puede garantizar que las personas con discapacidad se puedan jubilar con una pensión digna?

R.: Hoy, por desgracia, la protección social por edad o discapacidad en forma de prestaciones públicas tipo pensiones, no está garantizada ni siquiera para quienes han trabajado y cotizado largos periodos de tiempo. A ese extremo hemos llegado. Cuánto más precario será para las personas con discapacidad que la exclusión laboral forzosa les ha apartado del mundo productivo, de la autonomía económica.

Existen fórmulas para que la protección social llegue a quienes no han sido activos o permanentemente activos, la que proporcionan las dimensiones no contributivas de los sistemas de Seguridad Social, por ejemplo. Pero voy más allá, favorezcamos, como reclama el CERMI, que en los próximos 10 años, 250.000 personas con discapacidad en edad laboral, se incorporen establemente al mercado de trabajo con salarios dignos y en condiciones laborales decentes. Su aportación en términos de cotización fortalecería a la Seguridad Social, generaría nuevos recursos que podrían subvenir a esas prestaciones para quienes no pudieron trabajar o no completaron una carrera de cotización suficiente para causar pensión contributiva.

P.: ¿Tiene el capacitismo un peso importante, aún hoy, en la sociedad española?

R.: A no dudar, lo tiene, como tantos prejuicios, ideas recibidas y sesgos que pueblan y atestan el imaginario colectivo y que drenan la visión que se tiene sobre las personas con discapacidad, lo que comporta castigos insidiosos en cuanto a valoración y aprecio. Pero el capacitismo, el esquema mental y moral que toma el poder hacer o no hacer lo que hace el “hombre” medio (y digo “hombre, varón, con toda intención) como medida de todo lo humano, de la normalidad y la aceptación, y de la anormalidad y la exclusión, tienen los días contados. No sólo por su inmoralidad, sino porque el signo de los tiempos lo está borrando.

La capacidad natural cada vez será más irrelevante en una sociedad progresivamente más tecnologizada y asistida. Todo va a poder ser hecho por todas las personas, o casi. Lo que se pueda hacer por capacidad natural va a tener apenas valor. En poco tiempo, el capacitismo, quedará arrumbado en una cuneta de un camino secundario de la Historia, y nadie lo lamentará.