UDP ve "positiva" la subida de las pensiones pero recuerda todo lo que queda por hacer

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que más de 11,1 millones de pensiones públicas se revalorizan el 0,9%, con efectos del 1 de enero de 2020. Este incremento se aplica a las pensiones contributivas y no contributivas, así como las de clases pasivas del Estado.

La norma aprobada durante la primera reunión del Consejo de Ministros de la XIV Legislatura incorpora además, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante 2020 en caso de que el IPC de referencia se desvíe por encima del 0,9%.

Según el comunicado oficial del Consejo de Ministros, se trata de una revalorización de las pensiones que beneficia a 9.801.016, pensiones contributivas y más de 655.000 de clases pasivas (dato de noviembre). Además verán incrementada su pensión 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%. El coste anual de la medida es de 1.397 millones de euros que se distribuye de la siguiente manera:

• Tras la revalorización, la más común de las pensiones mínimas, la pensión de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge a cargo, alcanza los 843,40 euros al mes, distribuido en 14 pagas (11.807,60 anuales). Además, la pensión máxima para 2020 se sitúa en 2.683,34 euros al mes, 37.566,76 euros anuales.
• En cuanto a la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) alcanza tras la revalorización los 437,7 euros mensuales, en el caso de pensiones no concurrentes (6.127,80 euros/año). En el caso de las pensiones no contributivas, la cifra para 2020 queda fijada en 395,6 euros al mes (5.538,40 euros al año).

Por otra parte, desde el Gobierno indican que los atrasos correspondientes al mes de enero se incluirán en la nómina de febrero, ya que ha sido preciso el desarrollo de un aplicativo informático específico para el abono de la revalorización correspondiente al mes de enero.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC adelantado de diciembre de 2019 fue del 0,8% interanual, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo que alcanza los 2,3 puntos porcentuales, en el caso de las mínimas y cerca de 1 punto porcentual para el resto (0,9%).

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que la norma aprobada garantiza que, si la inflación supera el 0,9% previsto, los pensionistas recibirán en un único pago, antes de abril de 2021, la diferencia con el IPC. "Está garantizada la revalorización de las pensiones y la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de este país, como uno de los compromisos que firmamos el PSOE y Unidas Podemos en nuestro acuerdo de coalición progresista", afirma Sánchez.

Pedro Sánchez ha indicado también que con esta medida se corrige el techo del 0,25% adoptado en el pasado, que supuso la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Además, ha recordado que "ese mecanismo se impuso al margen del Pacto de Toledo".

Sostenibilidad de las pensiones

El presidente ha apelado al consenso y a la búsqueda de grandes acuerdos para garantizar el futuro de las pensiones. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo va a tender la mano a todas las fuerzas políticas y sociales para renovar el Pacto de Toledo y "trabajar en la adopción de medias justas y equilibradas que permitan mejorar la protección a los jubilados".

Esta tarea se hará compatible con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria, ha concretado.

Sánchez ha destacado también la necesidad del diálogo social, para, entre otros asuntos, negociar el nuevo Pacto de Toledo e incrementar en esta legislatura el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea.

Medidas positivas pero parciales

Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), consideran positiva la subida aprobada por el Consejo de Ministros pero apuntan que no debe quedarse en una sola mera medida, sino que se deben seguir dando pasos y avanzar en materia de pensiones. Deben aprobarse y cumplirse, apuntan desde UDP, junto con otras muchas medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones y el poder adquisitivo de todas los pensionistas y jubilados, presentes y futuros.

Muchas de ellas han sido rubricadas en el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, que incluye por ejemplo eliminar por ley el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones del 0,25% previstos en la Ley 23/2013, actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante una ley de forma permanente, aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

Asimismo, desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España se reivindica garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas así como su futuro mediante el blindaje constitucional. Para la Unión, el blindaje de las pensiones en nuestra Constitución conlleva dos exigencias claves: una, la prohibición de forma explícita de que las pensiones públicas se puedan privatizar total o parcialmente; y dos, la prohibición de su pérdida de poder adquisitivo directa o indirectamente, es decir, que ninguna medida de ningún tipo, sea cual sea el mecanismo que se utilice, pueda tener como consecuencia la pérdida de su poder adquisitivo, ya sea mediante impuestos, copagos, tarifas, precios, u otros impuestos que inhabiliten las subidas.

Y es que las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho en la Constitución y menos como un derecho fundamental, sino que aparecen en el Capítulo Tercero, en su artículo 50, como uno de “los principios rectores de la política social y económica”, como aparecen también la vivienda y el trabajo.

Para ello UDP "exige la derogación de la reforma laboral de 2013 e impulsar un empleo de calidad así como estabilidad y salarios dignos además de una reforma fiscal que permita la equidad y la redistribución social".

"Urgen medidas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, medidas orientadas a permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post jubilación e igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", añaden desde la Unión Democrática de Pensionistas donde tampoco olvidan "la urgente creación del nuevo Pacto de Toledo, donde los y las representantes de las personas mayores, a través de nuestras asociaciones mayoritarias, reivindicamos participar de manera activa en las reuniones y de esa manera, defender los intereses de todo el colectivo de personas mayores y pensionistas".

Como entidad social que defiende a los derechos e intereses de las personas mayores, la UDP, continúa reivindicando y exigiendo en 2020 "el blindaje de las pensiones y la defensa de la pensiones públicas" y, aseguran, "seguiremos movilizándonos hasta conseguirlo".