UDP alerta sobre los plazos "desesperantes" e "impresentables" en dependencia

El tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia es de 426 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses, tal y como alerta la Union Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (@MayoresUDP). José Manuel Ramírez, presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha denunciado que en 2019 el número de personas en espera por algún procedimiento en Dependencia "se ha incrementado en más de un 10%".

El borrador de la nueva estadística del Imserso -fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la dependencia- presenta datos de alto interés para evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras. Con motivo de la Comisión Delegada del Sistema celebrada el 2 de octubre de este año, el Imserso remitió a las comunidades autónomas el borrador de la nueva estadística del SISAAD (realizada con datos a 30 de junio de 2019) que completaría sustancialmente la que hasta ahora se viene publicando.

Una de las novedades es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes (expresados en días), que desvela lo que este Observatorio viene indicando con insistencia desde hace años. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).

 

Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. En 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

Por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado. UDP asegura que "los motivos de estos impresentables retrasos, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples" pero apunta dos fundamentales:

• Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos.
• El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar.

 

Ante estas dos estrategias, de resultado cruel, poco puede hacer el ciudadano afectado y más cuando ante la demora injusta solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa-administrativa (lenta, farragosa y costosa) y no por la de la jurisdicción social gracias al mantenido incumplimiento de las Cortes Españolas de su mandato legal de trasladar estos asuntos a dicha jurisdicción (Disposición Final Séptima de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social).

Consecuencias

Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. En 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. 

Otra consecuencia -la más evidente- es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.

 

Intensidad de las prestaciones y servicios muy mejorables

Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. El Observatorio analizará con mayor profundidad esta nueva estadística, pero adelantamos algunos muy esclarecedores:

• Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros. (percibidas actualmente por 425.000 personas). Tienen un importe promedio de 140 €/mes para los Grado I; 245 €/mes para los Grado II y 340 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre
• Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 €/mes. La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago” o copago

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente.

Desde UDP afirman que que "la atención a la dependencia derivada de la Ley 39/2006 puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente". "Queda muchísimo recorrido que hacer en materia de mejora de intensidades y de personalización de los cuidados con paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí", señalan.

"No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados. Lo realmente increíble es que, gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí. Dentro de las prioridades sociales existentes ya es hora de acometer una inyección financiera decidida en el sistema que simplemente intente absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas", explica UDP.

"Ningún pacto se ha cumplido o ha tenido un cumplimiento parcial y mínimo. Un sistema de atención a las personas dependientes y a sus familias no es caro o barato… es una inversión imprescindible para el futuro. Lo que nos está saliendo realmente caro es no atender estas situaciones", añaden.

"Este es un imprescindible primer paso para que todos los agentes implicados promuevan las mejoras oportunas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la marcha de la gestión de una política pública de esta magnitud de forma que animamos a las Comunidades Autónomas presentes en el Consejo Territorial a que aprueben definitivamente los contenidos de la estadística y su periodicidad (que deberá iniciarse en enero de este año)", explican.