Sociedad

Atención presencial a los mayores y un plan de cuidados, entre las peticiones de Cáritas para el 23J

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Viernes 16 de junio de 2023

4 minutos

También reclama acabar con los desahucios de personas vulnerables

Las CCAA recibirán casi 900 millones de euros para transformar el sistema de cuidados. Foto: Europa Press
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Cáritas Española ha propuesto a los partidos políticos, de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para asegurar que las personas vulnerables no puedan ser desahuciadas sin una alternativa de vivienda, y desarrollar un plan integral de cuidados en todas las etapas de la vida, especialmente de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de pobreza.

Estas son algunas de las ocho propuestas políticas que ha presentado Cáritas y que son fruto de un proceso de consulta que se inició en febrero de 2022 y en el que han participado cerca de 1.000 personas en situación de exclusión acompañadas por Cáritas en todo el territorio.

Bajo el título 'Propuestas de Cáritas ante las elecciones generales 2023', el documento, publicado este miércoles, desarrolla un total de ocho medidas concretas, que la organización ya ha comenzado a presentar a los distintos grupos del arco parlamentario.

"El objetivo es contribuir a lograr un marco legislativo que garantice los Derechos Humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas que mayores dificultades tienen para acceder a ellos debido a realidades de pobreza y exclusión", ha explicado la coordinadora del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, Ana Abril.

 

Atención presencial a los mayores y un plan de cuidados, entre las peticiones de Cáritas para el 23J

 

Entre otras propuestas, Cáritas también pide que se garantice el derecho de las personas a ser atendidas de manera presencial para realizar trámites ante la administración pública, creando "suficientes puntos de acceso públicos dotados de personal de apoyo".

Igualmente, sugiere que la nueva Agencia Española de Empleo planifique políticas de empleo que garanticen "una empleabilidad adecuada teniendo en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora facilitando la conciliación"; y que se desarrollen programas formativos y acciones socioeducativas orientadas a desarrollar habilidades y capacidades en la población más vulnerable.

En relación a las trabajadoras del hogar, Cáritas reclama continuar con "la equiparación real y completa" en materia de derechos laborales y de seguridad social con el resto de trabajadores del régimen general y "una diferenciación profesional entre el cuidado de personas y del hogar".

Por otra parte, en materia migratoria, pide revisar las condiciones de acceso regular para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras, así como el acceso a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a contar con contrato de trabajo.

"La reagrupación familiar –por ejemplo– es una vía legal y segura, pero en muchos casos no es posible porque si bien se han flexibilizado los requisitos desde el punto de vista económico, la principal dificultad para las personas migrantes sigue siendo el acceso a la vivienda. Muchos no tienen posibilidades de alquilar porque las condiciones son inalcanzables", ha explicado María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

Igualmente, Cáritas recomienda ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia machista, y solicita unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista con independencia del territorio y de su situación administrativa.

Entre otras propuestas, también sugiere la modificación de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y la creación del Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos para "que todas las personas en España tengan garantizados de forma efectiva los derechos contenidos en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", a la alimentación, a la vivienda y a sus suministros, al vestido, a la asistencia médica, a los servicios sociales y a seguros.

Finalmente, Cáritas pide que las políticas de cooperación de España "apoyen a la sociedad civil y protejan a los defensores de Derechos Humanos en aquellos países donde hay una enorme represión".

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