Atrapados en casa: personas con discapacidad sufren todavía los efectos de la DANA en los ascensores

Tras la DANA, muchos ascensores quedaron inutilizados, lo que supone un gran problema para personas con discapacidad física. Según recoge la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, hay al menos 48 casos de personas con problemas de movilidad afectadas.

De su totalidad, un 39% se corresponde a personas con dependencia, un 30% con discapacidad física, un 15% a personas mayores y un 4% son ciegas. El resto del porcentaje se trata de mujeres con embarazos de alto riesgo o cerca de dar a luz. En cuanto a población, los municipios que presentan un mayor número de individuos afectados son: Valencia, Aldaia, Albal, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Guadassuar, Massanassa y Paiporta.

Tiempo, dinero y posibles soluciones

La Confederación pide la reparación, no solo sustitución, de estos elementos cuente con ayudas para las comunidades de vecinos y que se articulen apoyos específicos para la reparación de ascensores, acción posiblemente amparada por el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 7/2024, que ha declarado destinar 50 millones de euros a los municipios afectados por la DANA para responder a las necesidades inmediatas de los servicios sociales municipales. Otro apoyo legal con el que cuentan es el Real Decreto-Ley 8/2024, del 28 de noviembre, en el cual se van a destinar 3 millones de euros a los ayuntamientos afectados para suplir las becas de las personas con discapacidad en cuanto a su autonomía personal.

En el 65% de los casos, en los edificios afectados sería necesario sustituir el ascensor, con un coste aproximado de entre 15.000 a 60.000 euros. Por desgracia, el 72% tiene una proyección de gasto mayor a 15.000 euros, y solo un 15% se sitúa entre 6.000 y 15.000 euros. Un 13% de los edificios afectados aún no cuentan con presupuesto para reparación o cambio. De media, se calcula que el plazo para sustituir y reparar la infraestructura oscila entre los 3 y los 9 meses. Como medida para acelerar el proceso, Cocemfe CV pide que sean los servicios sociales municipales los que recojan los datos estadísticos sobre ascensores averiados y personas con discapacidad en riesgo de aislamiento. Así, será más sencillo crear un registro único y destinar la ayuda económica correspondiente a la restauración de los casos más graves.

Impacto físico y emocional

Albert Martín, presidente de Cocemfe CV, destaca lo cruel que es ser prisionero en la propia vivienda: “Por un lado, es una vulneración de los derechos de estas personas y, por otro, estas personas dejan de poder ir a trabajar, al hospital, a centros de atención, a comprar o simplemente salir a dar un paseo. Esto tiene un impacto en su salud física y emocional, puesto que ya estamos viendo un aumento que desborda nuestros servicios de atención psicológica con situaciones de ansiedad y depresión”.