La reforma que ha suprimido la incapacitación judicial del colectivo o la que exige la accesibilidad para las personas con discapacidad cognitiva es una de las mejores noticias que han recibido este colectivo durante el 2021, lo que supone para ellos disponer de nuevas legislaciones que permiten una mayor garantía de sus derechos, como la reforma.
Sin embargo, más de dos años después el consenso alcanzado en el Congreso, la reforma de la Constitución para eliminar de la Carta Magna el término "disminuido" no termina de llegar.
Fue en mayo de este año cuando la Cámara baja daba la luz verde definitiva a la ley --con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox, que se abstuvo-- que ha reformado la legislación civil y procesal para eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, derogando términos y figuras como la tutela, la curatela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras.
Para ello se han reformado la leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. De esta forma, se modifican acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.
Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, la ley no busca "un mero cambio de terminología" para convertirse en un texto "más preciso y respetuoso", sino que quiere modificar "el enfoque de la realidad" para que este sea "más acertado" y "advierta" sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado "desapercibidas", como que "las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones".
También se ha aprobado en este año, este mes de diciembre, la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para regular la accesibilidad cognitiva, dimensión de la accesibilidad universal que hasta ahora carecía de reconocimiento legal en España.
Documentos de lectura fácil
Gracias a esta medida, se ha definido la accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal; se establecen los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; se crea el Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; y se incluye esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilitará al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.
Estas medidas se traducen, por ejemplo, en que documentos de uso habitual, como los prospectos de los medicamentos o los procedimientos administrativos, deben tener una versión en lectura fácil, con lenguaje adaptado o pictogramas que permitan acceder a la información a personas con discapacidad, mayores o con limitaciones educativas.
Estas medidas han sido impulsadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha llevado las iniciativas al Parlamento. El CERMI es también la entidad que, desde 2016, reclama también un cambio en la Constitución que no llega.
Su objetivo es modificar el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término disminuido y, además, aprovechar para incluir cambios en dicho apartado.
El primer cambio "meramente social"
La organización sigue adelante con esta iniciativa que comenzó hace ya unos cinco años proponiendo esta reforma constitucional que, según ha explicado el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno a Europa Press, sería la "primera meramente social" de la historia.
En la actualidad, el artículo 49 de la Constitución, recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Aunque este texto fue "pionero", porque pocas constituciones en el mundo dedican un artículo específico al colectivo con discapacidad, el CERMI considera que ya no concuerda con los nuevos tiempos y con los derechos humanos que deben impregnar el texto de un país como España.
De hecho, la intención es que el texto nuevo cuente con cuatro puntos y se redacte de esta forma: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".
Además, recoge que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad" y que "estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes".
"Gozan de la protección prevista"
"Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes", continuaría el artículo, para terminar con un último punto que quedaría así: "Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
Este texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de este año, está pendiente de llegar al Congreso, y fue redactado por consenso en la propia Cámara baja en 2018, después de un proceso de escucha a diferentes expertos y agentes sociales. Sin embargo, la convocatoria de elecciones de 2019 paró esta reforma, al disolverse las cortes.
Sin embargo, en su activación en esta legislatura, ya por el Gobierno, el texto se ha encontrado con el rechazo de algunas formaciones que no consideran que sea el momento de 'abrir el melón' de una reforma de la Constitución.
Desde el CERMI apuestan porque esta medida llegue en 2022 y con el apoyo de una "amplísima mayoría" o, incluso "por unanimidad". Durante este año, Pérez Bueno ha "apelado" a las formaciones a apoyar esta reforma que, ha recordado, cuenta con un consenso social. De hecho, Pérez Bueno cree que la sociedad "no entendería" ahora que un grupo parlamentario "se aparte del consenso" en esta materia.
Objetivos para 2022
No es el único objetivo que tienen para 2022. Desde la Fundación CERMI Mujeres (FCM) han informado que centrarán su agenda política normativa para el año 2022 en mejorar el marco regulador del acceso a la Justicia por parte de las mujeres y niñas con discapacidad, como vía para lograr la protección de sus derechos y revertir las vulneraciones que sufren.
Además, han explicado que tienen previsto desplegar a lo largo de 2022 "acciones de incidencia para lograr la mejor posición posible de las mujeres y niñas con discapacidad en iniciativas legislativas en curso" como es la Ley de 'solo sí es sí', la modificación de la Ley de derechos sexuales y reproductivos, la Ley contra la Trata o la Ley Trans, entre otras.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) ha señalado como "muy necesario" la modificación del Decreto de protección de los derechos de los consumidores y los usuarios en materia del servicio de suministro de gasolinas y gasóleos.
También cree importante el establecimiento de un procedimiento de gestión de las denuncias de accesibilidad universal; la revisión de las ayudas que reciben las personas con discapacidad; la ampliación de las deducciones fiscales del colectivo; o ampliar la moratoria para los Eurotaxi que no sean 0 o ECO en la actualidad pues, está en peligro el volumen de este tipo de vehículos para la atención en el transporte a personas con movilidad reducida, entre otras medidas.
