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Esta es la ayuda que pueden solicitar los mayores del medio rural para mejorar su acceso a internet
Castilla y León ofrece un bono digital de 240 euros
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Las personas mayores de Castilla y León pueden solicitar este 2024 un bono digital, ofrecido por la Junta de Castilla y León (@jcyl), a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, para contratar nuevos servicios de conexión a banda ancha o mantener los ya contratados.
Consiste en una ayuda de 240 euros, que puede solicitarse hasta el próximo martes 15 de octubre.
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De esta forma, la Junta de Castilla y León "apuesta una vez más por una subvención destinada a los colectivos más vulnerables, ya que la convocatoria también está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)", señalan en una nota, en la que destacan a su vez que esta ayuda tiene como novedad este año que llega también a los mayores de 65 años que viven en el medio rural, "una prioridad de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para facilitar la vida de los habitantes de los municipios de la Comunidad".
Y es que, para poder acceder a este bono, las personas mayores deberán tener su domicilio de instalación en municipios de menos de 20.000 habitantes que no formen parte de un Área Urbana Funcional.
De esta forma, se busca "lograr que estos colectivos se doten de nuevas conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mantengan las existentes, en todo caso con un mínimo de 30 megabits por segundo (Mbps)", indican.
Esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos Next Generation, cuenta con un presupuesto total de 749.520 euros, que se repartirán en bonos anuales de 240 euros por beneficiario, lo que reducirá en 20 euros al mes el coste total del servicio, el cual tendrá que ser prestado por alguno de los dos operadores-colaboradores inscritos en el ámbito de Castilla y León, O2 o Fibergreen.
Aquellas personas interesadas podrán solicitar este bono digital de forma presencial y telemática, a través de la sede electrónica de la Administración autonómica. Los beneficiarios tendrán de plazo un mes para contratar el servicio o mejorar las prestaciones de los ya contratados.