Ayuso y Prohens temen que sus comunidades carguen con el peso de la solidaridad interterritorial

Las presidentas de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares, Isabel Díaz Ayuso y Marga Prohens, respectivamente, temen que sus comunidades carguen "con todo el peso de la solidaridad interterritorial" tras el acuerdo para una financiación "singular" de Cataluña, por lo que reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para conocer "las condiciones" de ese pacto.

Así lo expresan los entornos de ambas presidentas tras el trato "de privilegio" alcanzado por Cataluña en materia de financiación autonómica "que ha servido como moneda de cambio para que el socialista Salvador Illa se haya convertido en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña".

Desde los gobiernos de ambas alertan de que los posibles efectos en el sistema de financiación autonómico derivados del pacto entre Sánchez y ERC puede tener consecuencias negativas para ambas comunidades por un acuerdo político "cuya letra pequeña y trascendencia aún se desconocen".

Hasta el momento, argumentan que tres comunidades (Madrid, Cataluña y Baleares) han sido las aportadoras básicas al sistema de financiación autonómico por cifras per cápita, es decir, las autonomías que destinan mayor volumen de sus fondos fiscales a otros territorios en forma de apoyo solidario.

Según los últimos datos la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), correspondientes a 2022, Madrid aportó 7.395 millones de euros; Cataluña 2.088 y Baleares 345. El resto de las comunidades o no aportan o directamente reciben dinero de esos fondos. Si de estas tres comunidades que soportan el sistema una de ellas deja de hacerlo, Ayuso y Prohens se preguntan "qué pasará con las dos que siguen aportando", motivo por el que reclaman una aclaración en este sentido.

Por ello, han exigido a Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones que convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva retrasada desde 2022, una dilación que va en contra del reglamento que establece que el Gobierno debe convocar un mínimo de dos al año. La reunión urge, aseguran, ahora más que nunca, para que el presidente del Gobierno despeje la incógnita de cómo la salida de Cataluña del régimen común de financiación territorial va a afectar al el resto de autonomías.

Un modelo sin privilegios

Madrid asegura que rechaza el cupo catalán por las nefastas consecuencias que puede tener para las demás autonomías si Cataluña reduce su aportación. Ayuso sospecha que la financiación “singular” significa que Cataluña tendrá más recursos que nunca, mientras Madrid y Baleares pasarán a soportar la mayor parte del peso de la solidaridad, para compensar lo que Cataluña deje de contribuir al fondo común. Por ello, exige "un modelo, igualitario y sin privilegios para ningún territorio".

Por su parte, Prohens teme que la fractura de la solidaridad pueda tener consecuencias muy perjudiciales para los ciudadanos de Baleares. La salida de Cataluña del régimen común de financiación supone un costo de "decenas de miles de millones de euros", lo que obligaría a subir los impuestos o a enfrentarse a recortes en los servicios públicos, políticas diametralmente opuestas a las llevadas a cabo por la líder popular en lo que va de legislatura. Por ello, ha advertido que no aceptará ningún tratamiento singular para Cataluña que acaben pagando los ciudadanos de Baleares.

Tal y como le trasladó durante su único encuentro, en Mallorca el pasado 23 de julio, Prohens reclama a Sánchez que afronte "de una vez por todas" un nuevo modelo de financiación autonómica que, en su opinión, debe girar en torno al principio de ordinalidad, de forma que la tercera comunidad que más aporta en términos per cápita esté entre las primeras para recibir recursos del sistema, una reivindicación del archipiélago desde hace años. A esta petición básica se suma, además, la exigencia de que el modelo tenga en cuenta los problemas del aumento de población, ya que las islas han experimentado un crecimiento poblacional del 50% desde 2020 y deben prestar servicios a los nuevos residentes.

También pide algún tipo de baremo compensatorio para las comunidades donde el coste de la vida es más elevado. El Govern de Prohens destaca que la carestía de los servicios es mayor en comunidades como Baleares, donde resulta complicado contratar a trabajadores públicos. La última exigencia de las islas es que se mantenga el principio de compensación a la insularidad.

Desde el entorno de Prohens subrayan que Baleares es una de las tres comunidades que dejarán de ingresar recursos propios de sus impuestos en 2025 para destinarlos a solidaridad con otros territorios. La factura de la solidaridad interterritorial el próximo año será, de 449 millones de euros, una cifra que saldrá de las islas hacia otras comunidades. En 2025 llegarán 4.004 millones en concepto de financiación autonómica, lo que significa que, del dinero que pagan los ciudadanos de Baleares en impuestos, más de un 11 % se irá a financiar recursos básicos en otros territorios del Estado.

No responde a la realidad

Los entornos de las dos presidentas inciden en que los criterios que se aplican para la financiación de las autonomías llevan ya una década caducados. Aprobados en julio de 2009 con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, tenían que haber sido revisados y actualizados cinco años después. "Hoy sigue en vigor un modelo que no responde a la realidad de la evolución demográfica y la población ni los cambios que se han registrado. Pedro Sánchez no se ha atrevido, por el momento, a abrir el controvertido melón y ahora este debate pendiente ha saltado por los aires tras dotar a Cataluña de una financiación 'singular'", denuncian.

Recuerdan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado el 6 de septiembre a sus presidentes autonómicos para tratar de consensuar una propuesta y encarar conjuntamente el futuro del debate en materia de financiación autonómica. Las comunidades del PP también abrirán un frente judicial contra el acuerdo fiscal catalán y ya han anunciado una oposición frontal al acuerdo para una financiación especial para Catalunya que en palabras del PP “dinamita la solidaridad fiscal” entre comunidades y supone un concierto encubierto similar al que tienen el País Vasco y Navarra.

El PP ha decidido dar la batalla judicial en contra de este cambio de modelo unilateral. Alberto Núñez Feijóo ya ha comunicado que las comunidades del PP impugnarán esta medida ante el Tribunal Constitucional. También ha anunciado que recurrirán los posibles desarrollos normativos que requiera en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.