El gasto social de las Comunidades Autónomas sigue por debajo de los niveles de antes de la crisis

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: "La Ley de Dependencia está estancada"

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (@Ascdiresociales) ha presentado este lunes un informe en el que analizan la evolución del gasto social por autonomía y concluyen que aún no se habrían recuperado los niveles de inversión previos a la crisis: las partidas actuales son un 3,6% inferior a las de 2009 (112.662 millones de euros en 2018, frente a los 117.000 millones de 2009).

Además, el estudio señala que en 2018 hubo una bajada del 0,4% (respecto a 2017) en la cuantía destinada por las Comunidades a políticas sociales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), un descenso que rompe la tendencia al alza del gasto social iniciada en 2014. Según la asociación, la causas tendrían que ver con "la falta de Presupuestos Generales" y con el peso de la "deuda autonómica". 

Por ello, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez y el coordinador del informe, Luis Barriga, han propuesto "un blindaje presupuestario en materias, esenciales para la ciudadanía, como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, para que se puedan atender las necesidades de las personas más vulnerables", puesto que de no hacerlo, se dibujaría un escenario difícil que puede tener "consecuencias" negativas. 

"Hay 256.000 personas dependientes en lista de espera que tienen derecho a tener una prestación y, en este momento, tenemos un gobierno insumiso que no se las da", han asegurado. Y han añadido: "Si miraran el rostro humano de esa gente que sufre, probablemente les costaría menos llegar a acuerdos o pactos. Para hacer esos recortes les bastó un año y, sin embargo, hemos estado durante siete intentando recuperar las políticas sociales de antes de la crisis". 

De esta manera, además del blindaje de estas partidas sociales, desde la asociación proponen, si hay nuevas elecciones, que "se constituya un Consejo Territorial para que se aplique de manera inmediata el crédito en el nivel mínimo de la financiación de la Ley de Dependencia, para garantizar al menos la atención de las personas grandes dependientes". "Es algo que siempre ha estado pendiente", han señalado. 

Análisis por Comunidad Autónoma

Asimismo, cabe destacar que la única partida que ha recuperado niveles anteriores a la crisis en el conjunto de las comunidades ha sido la de Servicios Sociales. Así, ésta se ha incrementado en un 11,1% respecto a 2009, un hecho que en la asociación atribuyen a la necesidad de dar cobertura a las familias golpeadas por la crisis y los gastos de la Ley de Dependencia, que en 2009 estaba aún "en pleno despliegue". 

Por el contrario, según el informe elaborado por la entidad sin ánimo de lucro, las inversiones en Sanidad (-6,02%) y en Educación (-6,09%) seguirían siendo inferiores a los niveles pre-crisis. 

En cuanto al reparto de este gasto por comunidades, éste varía entre las distintas autonomías. En líneas generales la tendencia es positiva: nueve de ellas han recuperado el gasto social de antes de la crisis y el resto lo "hubiesen hecho de no ser por la situación de falta de Presupuestos". Pero, aunque haya habido casos paradigmáticos de recuperación en el último año como Baleares (+15% con respecto a 2009) o la Comunidad Valenciana (+6%), hay otras autonomías que no logran remontar.

Entre éstas, las que ocupan los últimos puestos son Cataluña y Castilla-La Mancha. La primera, tiene el dudoso honor de ser la comunidad con la lista de espera para la Ayuda a la Dependencia más larga de España (más de 80.000 personas) y su gasto social se situó en 2018 un "20% por debajo del de antes de la crisis".  Y, la segunda, invirtió un 15% menos que en 2009. 

En relación con el gasto por habitante, la clasificación cambia. En ésta, los mejor parados en 2018 fueron País Vasco (3.242 euros), Navarra (3.151) y Extremadura (2.896) y los que ocupan las posiciones más bajas, la Comunidad de Madrid (2.109 euros) y Cataluña (2.181). 

Finalmente, desde la asociación de directores y gerentes se muestran preocupados también por el aumento de la deuda de las Comunidades, que ascendió a 300.000 millones de euros en 2018 y que, si no se controla, conduce a una situación en la que se destinan gran parte de los recursos destinados para fines sociales para pagarla.