Condenados sin acceso a Internet: 2,4 millones de españoles están desconectados
Tan solo seis comunidades autónomas han puesto en marcha hasta la fecha los bonos sociales de conectividad para facilitar la conexión digital de las personas de colectivos vunerables, desfavorecidos o en riesgo de exclusión, a pesar de que la Comisión Europa aprobó este programa en mayo de 2022. Se trata de una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia español, y consiste en conceder bonos sociales para subvencionar con 240 euros al año el acceso a Internet a colectivos vulnerables.
Tras su aprobación, Bruselas destacó el potencial del programa español para reducir la brecha digital mediante esta ayuda, que puede utilizarse para contratar o para mejorar la conexión de los hogares, hasta un mínimo de 30 Mbps.
Previamente, el Gobierno de Pedro Sánchez había aprobado a mediados de marzo una transferencia a las comunidades autónomas que incluía una partida de 20 millones de euros para financiar este bono social.
Bonos convocados para 28.000 familias
De acuerdo a las disposiciones operativas del Plan de Recuperación, el Gobierno central se ha fijado como meta que, para finales de 2023, alrededor de 125.000 familias hayan recibido uno de los bonos. De momento, los que se han convocado aspiran a llegar a un máximo de algo más de 28.000 familias.
La comunidad más rápida en poner el programa en marcha ha sido Cantabria, al lanzar su convocatoria en junio. Posteriormente, durante el mes de julio la secundó la Comunidad Valenciana, además de Galicia, La Rioja y País Vasco.
Castilla-La Mancha ha sido por ahora la última en unirse a la lista: ha lanzado su convocatoria durante la segunda semana de agosto y ha habilitado el plazo para que los operadores que quieran prestar el servicio se unan al programa. En el caso manchego, habilitarán la solicitud a aquellos hogares que también sean susceptibles de recibir el bono social eléctrico y el térmico.
Entre las comunidades que aún no han lanzado el programa, la Agencia Digital de Andalucía ha explicado a Europa Press que trabaja en las bases reguladoras para abrir el periodo de solicitudes en diciembre o enero.
