Un total de nueve comunidades autónomas suspenden en la atención a las personas en situación de dependencia, siendo Canarias, Cataluña, Baleares y Asturias las peor valoradas, con puntuaciones que no llegan al tres en una escala sobre diez, según el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, presentado este jueves.
Por el contrario, Castilla y León, con un 9,3, y Castilla-La Mancha, con un 8,2, y La Rioja (7,1) lideran esta clasificación, que se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o 'limbo', equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.
A las cuatro autonomías peor valoradas se suma la Comunidad Valenciana (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.
"Siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", señalan los autores de este dictamen, que destacan que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de "desatención" y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este "limbo".
En general, el informe señala que durante 2018 la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema de Dependencia -personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados- han mejorado, pero que, igual que en los últimos años, "este progreso ha sido a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I (moderados) y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas".
Más de un millón de personas
Del dictamen destaca que hay 1,3 millones de personas con la situación de dependencia reconocida, de las que 1.054.000 ya están siendo atendidas, casi 100.000 más el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%); casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años.
Sin embargo, continúan miles de dependientes en el "limbo", pues no reciben ningún servicio ni prestación al que tienen derecho por ley. Esta lista alcanza a 250.000 personas (el 19,2% del total) y, aunque se ha reducido en 60.000 personas en el último año, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que a este ritmo se tardarían más de tres años en acabar con esta situación.
100.000 personas sin atención
Además, sostiene que resulta "lacerante" que cuatro de cada diez personas desatendidas (40% del total) son dependientes con Grados II o III (severos y grandes dependientes), un grupo de casi 100.000 personas. Esta organización advierte de que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera.
En este sentido, explica que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes y que prueba de ello es que el coste medio por dependiente se ha reducido un 20,8% en una década, ya que ha pasado de 7.687 euros en 2009 a 6.087 euros en 2018.
En cuanto al empleo vinculado al Sistema de Dependencia, el informe señala que hay casi 29.000 más en 2018 respecto del año anterior, hasta los 247.114 empleos y que la tasa de retorno es de 40%. Según los autores, si se atendieran ya a las 250.000 personas en lista de espera, se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.
"Incumplimiento" de la Ley
El documento, como en ediciones anteriores, vuelve a señalar que el gasto público destinado a la Dependencia se distribuye "incumpliendo" lo previsto en la ley (50%), debido al modelo de financiación y a las "reducidas y recortadas cuantías del 'nivel mínimo'.
En este sentido, señala que la Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las comunidades autónomas el 79,7% restante y cifra en 3.154 millones "recortados" desde 2012 hasta 2018 por la disminución de la financiación a las comunidades autónomas.
