Caos en la aplicación del nuevo modelo de residencias: "El Estado debería realizar una auditoría"

A finales del mes de junio de 2022, tras meses de intensas negociaciones, se aprobó, con el voto de una mayoría de comunidades autónomas –10 a favor y nueve en contra– el conocido como nuevo modelo de residencias, técnicamente llamado Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Un documento, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que, por aquel entonces, dirigía la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra.  

El acuerdo pretendía humanizar la atención, apostar por la formación y mejorar las condiciones de los trabajadores, convirtiendo los centros sociosanitarios en lugares más hogareños que huyesen del concepto de macrorresidencia. 

En el documento, que se concibió como un texto de mínimos, se planteaba la creación de unidades de convivencia de 15 personas en las residencias, que una mayoría de las habitaciones fuesen individuales –65%–, fijar un número de plazas máximo para los nuevos centros dependiendo de si se construían en zonas rurales o grandes urbes, fomentar la coordinación sociosanitaria, acabar con las sujeciones a mediados de 2025 o aumentar progresivamente las ratios de personal, entre otros muchos cambios.

Además, se establecía que las residencias de nueva construcción debían cumplir con estos requisitos desde el momento en el que el Acuerdo entrase en vigor y se daba de plazo para acometer las reformas necesarias en el resto de centros hasta final de 2029. 

Ahora bien, más de dos años después, cabe preguntarse: ¿en qué punto se encuentra? ¿Se están aplicando las mejoras? 

65YMÁS ha preguntado al respecto a patronales, administración central, sindicatos y familiares, y aunque todos coinciden en que la aprobación del Acuerdo de 2022 trajo consigo aspectos positivos, como la adopción del modelo de Atención Centrada en la Persona, también aseguran que los cambios no terminan de percibirse en todas las regiones ni en todos los centros y hablan de falta de información sobre cómo se está aplicando el modelo. 

Desarrollo legislativo del Acuerdo

Por una parte, desde el punto de vista legislativo, según aseguran a 65YMÁS desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a finales de 2024, no todas las regiones habrían emitido una normativa de desarrollo del Acuerdo marco o de parte del mismo, pese a que ya ha transcurrido el plazo máximo para hacerlo.

Según el Ministerio, las que habrían dado pasos en ese sentido serían: Andalucía –Orden del 27 de julio de 2023 en relación a la ayuda a domicilio–; Cantabria –Orden EPS/02/2023–; Castilla y León –Ley 3/2024, referida a las residencias–; Comunidad Valenciana –Decreto 27/2023–; Comunidad de Madrid –Orden 2680/2024– y Navarra –Decreto Foral 38/2023–. 

Ahora bien, cabe señalar que no siempre se habría aplicado literalmente el contenido del texto original del Acuerdo, flexibilizando ciertos requisitos –como el tamaño de las unidades de convivencia, por ejemplo– o añadiendo particularidades propias. Y, por otro lado, hay que matizar que el no haber tramitado esta norma no significa que no se hayan hecho cambios encaminados a transitar hacia un nuevo modelo de cuidados. Por ejemplo, regiones como Galicia optaron por un modelo propio de residencias basado, según han explicado en varias ocasiones, en la innovación asistencial, las nuevas tecnologías, la transformación arquitectónica y la humanización de los cuidados. O en el caso de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco, por ejemplo, según comentan desde el Ministerio, ya contemplarían en su regulación medidas, como la progresiva limitación del uso de sujeciones, que también se incluye en el Acuerdo.

Aplicación desigual

A nivel de los centros, independientemente de la comunidad, las mejoras también estarían aplicándose de forma desigual, según asegura a este diario Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia). 

Los cambios estarían llegando sobre todo a las residencias de nueva construcción –como se estipulaba en el Acuerdo–, según Fernández-Cid.

Sin embargo, en el resto de centros de España –hay más de 5.000–, las modificaciones estarían aún por llegar en muchos casos.

En ese sentido, comenta, quienes ya apostaban por la atención centrada en la persona y tenían recursos, habrían seguido ahondando en este sentido, creando por ejemplo unidades de convivencia. 

Sin embargo, asegura, "mayoritariamente", el resto no se lo habrían planteado todavía porque, afirma, "no se le han dado los recursos necesarios para hacerlo".

Por ello, Fernández-Cid reclama al Estado que destinen los fondos suficientes para poder desarrollar el modelo en los próximos años en las condiciones que se pretenden. 

Coinciden con esta demanda desde la patronal CEAPs (@cea_ps). "No contamos con los fondos suficientes para llevar a cabo todas las transformaciones necesarias", señalan.

"Aunque se han recibido ayudas puntuales, como los fondos europeos Next Generation, no son sostenibles a largo plazo. Necesitamos un compromiso claro y estable por parte de las administraciones públicas, que incluya una financiación adecuada y un marco regulatorio que incentive la inversión y garantice la sostenibilidad del sector. Sin recursos suficientes, estas mejoras serán difíciles de implementar a gran escala", comentan y ponen en valor que el sector haya apostado desde hace más de 15 años por "el cambio de modelo de atención centrada en la persona". 

Fernando Mosteiro, vicepresidente de Lares Madrid, también se refiere a la falta de medios. "Los cambios, y más aún si son motivados por Normativas de la Administración, deben acompañarse de una financiación adecuada. Sin embargo, no suele ser así. Los recursos actuales son muy limitados y no permiten una transformación inmediata, ni a corto ni medio plazo, en todos los centros​. Es muy importante la implicación económica del Estado y de las comunidades autónomas para poder acometer los cambios que se pretenden", indica y advierte de otro problema al que hacer frente como es la "carencia de personal", "que afecta a todos los niveles de las residencias, pero que resulta especialmente crítico en el ámbito de la enfermería". 

Condicionar la financiación

Tampoco las familias estarían percibiendo estos ansiados cambios en su día a día. Según asegura el portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), Miguel Vázquez, el Estado debería publicitar el Acuerdo de Acreditación del año 2022 para que no caiga en el olvido y recuerda que el documento era un texto de mínimos que puede ser mejorado por las CCAA, pero no empeorado. 

Por ello, reclama "que condicionen el nivel acordado de financiación a mecanismos efectivos de cumplimiento e implementación del Acuerdo, incluyendo un estudio de necesidades de plazas residenciales a nivel de cada comunidad autónoma, que tenga en cuenta la incidencia que la estrategia de desinstitucionalización y el fomento de la ayuda a domicilio va a tener en esas necesidades, potenciando el cubrimiento de esas plazas por la iniciativa pública y primando a las comunidades autónomas que elaboren planes para cubrir esas necesidades de plazas".

Por otra parte, emplaza al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a mejorar ciertos aspectos del documento, abordando, "de forma rigurosa, el problema del personal necesario". En concreto, explica, en el Acuerdo de 2022 se fijaba el objetivo de lograr unas ratios de personal de atención directa de 0,43 en 2030 en toda España, cuando, en un estudio realizado por Pladigmare, UGT y CCOO, en el que también ha participado la SEGG, se demuestra que sería necesario llegar a 1,32 para dar una correcta atención. 

Por último, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO) reclama realizar, a partir de este año 2025, "una auditoría para conocer la realidad de ejecución de los términos contenidos en el Acuerdo".

"Con estos datos podremos adelantar la repercusión de este convenio y las posibles necesidades de recomendaciones de mejoras", detalla.

Control del cumplimiento del Acuerdo

En este sentido, desde el Ministerio explican a 65YMÁS que, para la aplicación del Acuerdo, existe un fondo dotado "con 200 millones de euros". 

Además, aseguran que desde el Ejecutivo trabajan para que el documento se cumpla, "actuando a través de la difusión del conocimiento mediante jornadas y formación relacionadas con los modelos de calidad en centros y servicios procedentes del entorno europeo, que puedan servirnos para implementarlos en nuestro ámbito".

"Asimismo, se está impulsando desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la contratación de un servicio de Asistencia técnica para un estudio sobre la implantación del Acuerdo e identificación de buenas prácticas, con el objeto de analizar su implementación en las distintas CCAA, así como identificar y sistematizar buenas prácticas implementadas por parte de las CCAA, relacionadas con el desarrollo de temáticas que se abordan en el citado acuerdo en las diferentes tipologías de servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD)", detallan.

"Los resultados de las evaluaciones serán transparentes y se rendirá cuentas a la ciudadanía y grupos de interés específicos", indican.