El caos de los tribunales disuade a las personas mayores de reclamar contra los bancos

Los enormes retrasos de los procesos, las opiniones contradictorias de los jueces y los bandazos de los tribunales fuerzan a muchos mayores a pensárselo dos veces antes de denunciar una cláusula que la mayoría de los magistrados consideraría abusiva. Y todo eso después de un lustro del equivalente judicial al juego de la silla, que ha podido aumentar más si cabe la confusión de los ciudadanos.

En enero de 2015, las cláusulas abusivas sobre préstamos hipotecarios se tenían que denunciar en los juzgados de lo Mercantil, en diciembre de ese mismo año había que acudir a los Tribunales de Primera Instancia y, tan solo dos años después, había que dirigirse a unos juzgados especializados que acababan de estrenarse. Así es como se produjo un efecto acordeón que terminó beneficiando a la banca.

Inicialmente, aumentó el número de jueces y por lo tanto la agilidad de los procesos (hay muchos más jueces de Primera Instancia que de lo Mercantil) y después se invirtió la situación, porque en los magistrados de los tribunales especializados eran muchos menos que los de Primera Instancia. Arantxa Jaén (@jaenpedrero), abogada directora del bufete Jaén Pedrero y miembro de la red ABAFI, recuerda en este sentido que “en la provincia de Valladolid pasamos de poder dirigirnos a 14 juzgados de Primera Instancia a tener que demandar en un solo tribunal especializado”.

¿Por qué sucedió todo esto? Ante el diluvio de reclamaciones contra los bancos, que iban desde las preferentes hasta las discutidas cláusulas suelo o los problemas de los gastos hipotecarios, los jueces de lo Mercantil no daban abasto. La solución que se encontró fue inundar con procesos a unos magistrados de Primera Instancia que ya arrastraban sus propios retrasos, y eso que muchos de ellos no tenían la formación necesaria. Es más, normalmente necesitaban la asistencia de unos peritos que les explicasen conceptos financieros básicos. Para resolver esta situación, el Consejo General del Poder Judicial promovió unos juzgados especializados que garantizasen que sus señorías sí tenían suficientes conocimientos. El precio que se pagó fue, otra vez, un colapso monumental que, como señala la experta de ABAFI (@Red_Abafi), “muchos nos preguntamos si fue intencionado y fruto de la mala fe”.

Rafael Moya, socio de EQ Abogados (@eqabogados), aprecia claramente las consecuencias: “Los retrasos de los procesos se han multiplicado, los clientes se quedan sorprendidos de que avancen con tanta lentitud y… todo esto refuerza la posición de la banca, que tiene todo el tiempo y los recursos del mundo, y debilita la de los consumidores, que ni tienen tanto tiempo ni tantos recursos”. En este contexto, añade Moya, “los mayores y los que se han visto perjudicados por los bancos con cuantías pequeñas se lo piensan dos veces antes de denunciar”. Nadie quiere verse entrampado una larga temporada en los tribunales con 75 años o cuando la entidad financiera, en el mejor de los casos, no le va a devolver ni 1.000 euros.

Moya pone como ejemplo una situación que ve con cierta frecuencia en su bufete. Así, “si en enero de 2018 presentamos una demanda contra una cláusula abusiva, hoy puedo decir que no está ni admitida a trámite”. Lo que antes de los tribunales especializados hubiera tardado de media un año, ahora, según el letrado, ya se ha demorado un año y medio y nadie sabe con seguridad si la admisión a trámite será inminente o no. De la sentencia ni hablamos. Estefanía Montoro, de Durán & Durán Abogados (@DDuranabogados), reconoce que en la provincia de Barcelona “los tribunales tardan un año solamente en ponerle número a una demanda, que es el primer paso de cualquier proceso”. También ella reconoce que “nuestros clientes casi no se lo creen cuando les decimos, después de doce meses, que su caso ha avanzado tan poco”.

Bandazos y contradicciones

Pero ése solo es uno de los motivos por los que muchos mayores bajan, a veces, los brazos antes de recurrir a los tribunales para que les indemnicen por las cláusulas abusivas de sus préstamos hipotecarios. Luego están los bandazos de las decisiones de los jueces.  El ejemplo más obvio es el del Tribunal Supremo en el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Si en octubre del año pasado el Alto Tribunal sentenciaba que la tasa debían pagarla los bancos, a principios de noviembre afirmaba, definitivamente, lo contrario: que debían asumirla los clientes.

Rafael Moya recuerda otra decisión del Tribunal Supremo, la que declaró nulas las cláusulas suelo. Aquí, sigue, “condenó extrañamente a las entidades bancarias a devolver las cantidades indebidamente cobradas, con carácter retroactivo, solamente hasta la fecha de la sentencia”. Dicho de otra forma, los usuarios únicamente podrían recuperar el dinero que destinasen a ese concepto a partir del 9 de mayo de 2013.

Eso, según Moya, no tenía sentido en el ordenamiento español porque, si las cláusulas eran nulas, lo suyo era que se recuperase todo lo aportado desde que se empezaron a abonar. Tres años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dijo que eso era lo único aceptable y, desde entonces, se puede recuperar el dinero destinado desde el mismo día de la firma del contrato. El Supremo no tardó en asumir esta nueva posición y en dar, por lo tanto, otro bandazo.

Las dos decisiones definitivas del Alto Tribunal, la del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la de las cláusulas suelo, beneficiaron directamente a las entidades financieras y perjudicaron a los consumidores. Sin embargo, los cambios de criterio del Supremo también tienen consecuencias indirectas.

Los abogados de los consumidores en toda España piden la devolución del dinero de las cláusulas abusivas asumiendo que el Alto Tribunal no va a cambiar de criterio en mitad de sus procesos. Si lo hace, es posible que solo les estimen parcialmente la demanda y, si eso ocurre, entonces, apunta el experto de EQ Abogados, “es muy común que no condenen a costas a los bancos”. Si los consumidores tienen que pagar finalmente a sus abogados aunque ganen el juicio, como además los procesos son cada vez más largos, puede que no les compense el dinero que reciban de la entidad financiera y que tengan que recurrir la sentencia, arriésgándose a gastar todavía más dinero.

Y ya el último motivo por el que los mayores, a veces, renuncian a denunciar los abusos de los bancos ante los jueces es que los mismos argumentos que les han dado la victoria en los tribunales a sus conocidos en otra provincia pueden llevarlos a ellos al fracaso. Estefanía Montoro, de Durán & Durán Abogados, señala que todavía hay decisiones del Tribunal Supremo pendientes de ratificarse o tumbarse en Europa como, por ejemplo, algunas que afectan a los gastos hipotecarios y quién debe asumirlos, si el cliente o la entidad. Por otro lado, sigue, hay disparidad de criterios entre jueces. Así, advierte, “algunos no ordenan el abono de los gastos que supusieron las cláusulas abusivas hasta que los consumidores aportan una factura, mientras que a otros les basta con que los consumidores hayan pedido las facturas al banco con un burofax en el caso de no encontrarlas en casa”.

El caos, los bandazos y las contradicciones entre jueces de distintas provincias proyectan un peligroso mensaje a los consumidores en general y a los mayores en particular: antes de denunciar, recuerde que la banca -casi siempre- gana.