El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, ha asegurado que en las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales. En ellos se fijaban criterios para no derivar a hospitales a determinados residentes enfermos de Covid-19 dependientes o con discapacidad en lo peor de la pandemia del coronavirus.
Durante su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur ha reconocido que se elaboraron hasta 6 protocolos o versiones de estos documentos, el primero en el día 15 y el definitivo en el día 25, este último "de consenso" y hablado con ambos consejeros.
Según ha detallado, los documentos fueron elaborados por 18 geriatras expertos en atención sanitaria en centros de mayores y pretendían en un primer momento medicalizar las residencias, llevando personal médico, oxígeno y fármacos contra el Covid desde los hospitales y crear unas redes de enlace para prestar asistencia, ha apuntado.
Mur de Víu ha añadido que los primeros protocolos tomaron como base lo aportado por el médico Javier Martínez Peromingo, actual director de Coordinación Sociosanitaria de Madrid, la doctora Vidal y de otros expertos participantes en las reuniones de la mesa de apoyo al Sermas que se realizaron los primeros días de la pandemia y en la que estaba como asesor externo Antonio Burgueño.
Recomendaciones, no órdenes
El compareciente, que fue cesado el 13 de mayo por el Consejo de Gobierno regional, ha aclarado que dichos protocolos eran "una guía de atención, un conjunto de recomendaciones", pero no órdenes administrativas de obligado cumplimiento. Mur ha señalado que dichos protocolos solo querían dar "criterios homogéneos" a los directores de residencias y hospitales ante una situación de "desastre sanitario" y que se pudiera analizar caso por caso, "de manera individual".
"Fueron avalados por mí porque en el día a día el cataclismo de todos los profesionales era enorme y no queríamos que pesara sobre sus hombros (tomar decisiones)", ha indicado el exdirector general, quien ha reconocido que no estaba de acuerdo con aplicar como elemento de exclusión de ingreso hospitalario el índice Bartel, utilizado para determinar si una persona por sí misma puede realizar ciertas tareas cotidianas.
Carlos Mur durante su comparecencia telemática en la Asamblea de Madrid
En esta línea, ha reconocido que las primeras versiones de dicho protocolo no tuvieron el consenso de todos los especialistas y que en algunos hubo erratas o "redacción inadecuada", al tiempo que ha indicado que criterios de exclusión como la edad u otros no se llegaron nunca a aplicar. De hecho, Mur ha subrayado que en marzo 2.451 usuarios de geriátricos fueron derivados al hospital: 190 el día 20, 142 el día 22, 179 el día 24, entre otros ejemplos.
El compareciente ha insistido en que no hubo discriminación generalizada de pacientes y ha defendido estos protocolos en un situación de "medicina de catástrofe" como la de aquella época, algo que según ha dicho está avalando por la medicina legal. "En ninguna versión de esos protocolos se denegó un tratamiento y algunos hicimos lo humanamente posible con recursos limitados. Pero era atender un incendio de 80 focos con tres extintores", ha comparado.
Carlos Mur ha reiterado que tenía un "muy reducido equipo" y que siempre informó a sus superiores de estos documentos de derivación hospitalaria, tanto a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, como a Primitivo Ramos, como al coordinador médico asistencial de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), entre otras personas, que además "habían coordinado y participado activamente" en la elaboración de los mismos.
Siguió las instrucciones y siempre informó a sus superiores
También ha subrayado que se telefoneaba en esta época diariamente con el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que nunca le comunicó que dichos protocolos podrían ser ilegales, como sí manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El exdirector general ha aseverado que dio cumplimiento a las instrucciones recibidas y siempre se mantuvo en contacto con sus superiores. Y que él nunca envió dichos protocolos directamente a hospitales y a residencias, sino a ambas consejerías, por lo que entiende que estos departamentos fueron los que lo reenviaron a los correspondientes destinos.
El compareciente, a preguntas de los diputados, también ha confirmado que el hospital de campaña de Ifema no admitía traslados de pacientes con problemas de movilidad o desarrollo cognitivo y tampoco a los hoteles medicalizados porque no existían gericultores ni camas especializadas.
A preguntas de los diputados, Carlos Mur ha asegurado que hicieron tantos protocolos o versiones de los mismos porque la situación de la crisis "era cambiante" y aunque no eran de obligado cumplimiento no querían responsabilizar a ningún medico si aplicaba los criterios excluyentes de ingreso en hospitales de enfermos de geriátricos.
El exdirector general cree que la única responsabilidad en todo lo ocurrido fue del virus, de la "tardanza" en aplicar un confinamiento, de la falta de material, de las bajas del personal hasta en un 50 por ciento, de los problemas de transporte y traslados hospitalarios y de que "no se pudieron habilitar recursos intermedios para determinadas personas". El compareciente no ha sabido decir por qué le cesaron en mayo pero ha citado un auto del TSJM que avala estos protocolos, "y que plantean al final que los objetivos generales y secundarios eran razonables y adaptados a una situación con recursos escasos, desde el punto bioético de desastre sanitario".
