La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado en relación a la gestión de las residencias de mayores que las comunidades autónomas "han tenido las competencias todo el rato", tal como sostiene el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y en contra de lo que argumenta la Comunidad de Madrid.
Y es que, efectivamente, hubo mando único por parte del Gobierno que dictó distintas órdenes de obligado cumplimiento durante la pandemia respecto a las residencias de mayores. En concreto, éstas vinieron del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el desarrollo y ejecución de estas normativas dependían de las Comunidades Autónomas. "Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden", reza una de las órdenes referidas a las residencias del 21 de marzo.
"Independientemente de cualquier debate, las residencias son competencia de las comunidades como todo el mundo sabe", ha argumentado Calvo en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, en la que ha puntualizado que con en el decreto de declaración del Estado de Alarma "las comunidades no fueron vaciadas de sus competencias" porque "eso no es posible en este país".
En este sentido, ha recordado que el "decreto de estado de alarma ordena criterios para trabajar y dar al Gobierno de España la posibilidad de establecer una limitación, que no suspensión, de algún derecho como la movilidad". Como ejemplo, ha mencionado que "nadie podía gestionar los hospitales de Andalucía salvo la Junta, otra cosa es que tuviesen que suministrar datos para saber como iba la pandemia y tomar decisiones".
Calvo ha asegurado, en alusión a la Comunidad de Madrid, que "quienes han abierto el debate por ahí no ayudan", porque, en su opinión, "para hablar de ancianos y de los colegios cuando abran pasado el verano, lo que hay que hacer es, cada uno en sus competencias, reflexión política y humana".
En esta dirección, la vicepresidenta cree que el "uso del tiempo en este país es poco compatible con la vida personal y con la posibilidad de cuidar a los mayores y atender a los menores" y, en su opinión, esto "obliga a pensar en política de otra manera distinta".
La Comunidad de Madrid lo desmiente
Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado este jueves la "miserable" actuación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "responsable de las residencias a nivel nacional", que "se borró de lo que pasaba en los centros para luego criminalizar día sí y otro también" al Gobierno regional y a sus profesionales.
Así lo ha espetado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera, que le ha afeado la falta de coordinación entre su Área y la Consejería de Políticas Sociales y ha acusado al Ejecutivo madrileño de ser el "más indigno".
Escudero ha defendido el trabajo conjunto entre consejerías y ha reiterado que se han celebrado hasta 21 reuniones de coordinación. "Las intervenciones de la Consejería de Sanidad en las residencias no se reducen a la pandemia o a la publicación de la orden, sino que son una práctica habitual por parte de los profesionales de Atención Primaria y de los Geriatras de Enlace de los hospitales. Antes, durante y, lo serán, después de la crisis", ha apuntado.
En este punto, se ha mostrado sorprendido porque desde el PSOE "únicamente muestren su interés por la coordinación entre consejerías de un mismo gobierno", y no pregunten si consideran "si ha existido entre el Gobierno de la Nación y las comunidades, teniendo en cuenta que se encuentran ustedes al frente del mando único".
El titular de Sanidad ha criticado que el Ejecutivo ha criticado que se les dejase "sin materiales de protección en los momentos más cruciales de la pandemia, durante más de 9 días, con el pretexto de una compra centralizada que nunca se produjo".
