Algunas de las 115 organizaciones que conforman la plataforma Salvemos la Atención Primaria han dirigido una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para advertir de la necesidad de tomar medidas "urgentes" ante la "situación límite" en la que se encuentra la Atención Primaria (AP).
Así, las entidades firmantes son: la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, Medicus Mundi, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y la Secretaría de Políticas Sociales y Vivienda de UGT
"Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar no solo la supervivencia de la AP sino, sobre todo, su universalidad, calidad y accesibilidad", expresan en el documento.
En concreto, denuncian que "muchos consultorios continúan cerrados, sigue predominando la atención telefónica, las elevadas demoras de muchos días e incluso semanas y cierres de dispositivos de urgencias porque las distintas Administraciones no están haciendo el esfuerzo necesario para solucionar estos problemas".
La primera cuestión que piden abordar son las demoras en las citas de la AP, que son "excesivas" y cuestionan la accesibilidad de la población. Así, según el Barómetro Sanitario (encuesta realizada en marzo de 2022) solo un 10,7 por ciento de las personas que pidieron cita con medicina de familia fueron atendidos en 24 horas, el resto tuvo una demora media de 9,01 días; el 54,7 por ciento, 7 o más días, y el 25,1 por ciento, más de 11 días.
En segundo lugar, denuncian que la obtención de una cita por teléfono es de una gran dificultad en muchos centros de salud, viéndose obligada la población a acudir en persona al centro para conseguir una cita (un 37,4% de las personas señalan que no pudieron contactar con el centro de salud)
En tercer lugar, Salvemos la Atención Primaria critica que la atención telefónica sigue utilizándose "en exceso", lo que supone en muchos casos problemas para las personas más mayores, con menos medios económicos y menos habilidades tecnológicas.
En cuarto lugar, el presupuesto destinado a la AP es bajo, ya que disminuyó durante la crisis anterior y aún no se ha recuperado. "Además, lo que se conoce de los presupuestos para 2022 sigue colocando a la AP en una financiación insuficiente, ya que los organismos internacionales recomiendan que se destine entre el 20 y el 25 por ciento del total del gasto sanitario público", aseguran.
Otro problema es que el número de profesionales es insuficiente, tanto profesionales médicos como de enfermería, y en las unidades administrativas, así como el personal de apoyo (fisioterapia, psicología, logopedia, odontología, etc). Por lo tanto la presión asistencial es elevada.
Peticiones
Por ello, en su carta, la plataforma pide que se publiquen periódicamente las demoras para la atención sanitaria en AP en medicina de familia, pediatría y enfermería, especificándose para consultas presenciales y telefónicas, así como porcentaje de población que espera más de una semana, y que se haga para cada una de las CCAA, incorporándose a los datos del Sistema de Información de Listas de Espera del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, reclaman que se garantice el cumplimiento de la Acción c.1.3. del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria de 10 de Abril de 2019, que establece "garantizar que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas, actuación a corto plazo (BOE 26/4/2019)".
En tercer lugar, demandan que se asegure la atención presencial en aquellos casos en que así sea solicitada por las personas a la hora de pedir cita.
En cuanto al presupuesto, exigen que se inste a las administraciones sanitarias públicas para asegurar una adecuada financiación de la AP, alcanzando el 25 por ciento del gasto sanitario público.
En este sentido, habría que tener en cuenta la gran variabilidad entre comunidades, de manera que no se prime a aquellas que han decidido destinar menos dinero, ni se penalice a quienes destinan más; por ello, se precisa que el esfuerzo presupuestario sea distinto en cada comunidad y se reparta entre el Gobierno central y las Comunidades.
Para ello, la necesaria inversión suplementaria debería repartirse entre las Comunidades y el Gobierno al 50 por ciento, en las primeras de manera proporcionalmente inversa al dinero que actualmente dedican y en el Gobierno teniendo en cuenta la población de cada una de las Comunidades
Por otro lado, reclaman solicitar a las mismas un aumento de los trabajadores de la Atención Primaria, cuyas necesidades estiman en unos 8.000 profesionales de la Medicina y 15.000 profesionales de Enfermería; así como un incremento de al menos 10.000 profesionales administrativos.
Otra demanda es aumentar las plazas en las convocatorias de Formación sanitaria especializada en aquellas plazas de MIR y EIR relacionadas con la AP e implementar la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria en las consultas de enfermería.
Finalmente, piden al Defensor del Pueblo que elabore un informe sobre la situación de la AP en el conjunto del país y en las distintas CCAA, aportando aquellas recomendaciones que se estimen oportunas para su mejora y para garantizar la calidad, universalidad y accesibilidad de toda la población para el cumplimiento del mandato constitucional de protección de la salud.
