'Cártel de los pañales' para adultos: 14 CCAA, en pie de guerra contra los fabricantes

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Nuevo revés para el conocido como 'cártel de los pañales' para adultos. El Gobierno vasco ha sido el último en anunciar que va a demandar a cuatro compañías de pañales para adultos por pactar durante 18 años los precios de este producto cofinanciado para miles de personas con incontinencia, muchos de ellos mayores, de su comunidad. Los precios pactados, alegan, pudieron causar daños para la administración valorando en 202 millones de euros, que ahora reclaman a los fabricantes implicados, siguiendo la línea de Cataluña, Andalucía o Madrid, que ya han reclamado desde sus comunidades. En total, se espera que sean un total de 14 las comunidades autónomas que reclamen.

Las denuncias se dirigen contra la trama conocida como 'cártel de los pañales', que involucra a las principales empresas de productos contra la incontinencia que operaban en el mercado entre 1996 y 2014, acusadas de haber pactado acordado y fijado precios de venta absorbentes durante casi dos décadas en las licitaciones públicas de estos productos. Y es que la mayoría de estos pañales están cofinanciados por la Seguridad Social para las personas con incontinencia urinaria grave. Un negocio del que apenas se habla, pero que según investigaciones de 65YMÁS, mueve millones, y lo hará más en los próximos años debido al progresivo envejecimiento de la población. Sólo en 2023 la facturación del sector alcanzó los 523 millones de euros.

Se estima que la reclamación total supere los 2.000 millones

Antes de País Vasco, otras comunidades como Cataluña o Galicia, han reclamado a estas compañías cantidades millonarias. En el caso de Cataluña, que fue la primera, la reclamación es aún superior, 526 millones de euros, por los daños y perjuicios que ocasionaron a las arcas públicas los integrantes de este ‘cartel de los pañales’ que se repartieron este mercado. 

Andalucía también anunció este verano que su demanda será superior a los 600 millones. Galicia exigirá en torno a los 350 millones, Madrid 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias otros 18 millones de euros. Además, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra han confirmado que también presentarán demandas, pero aún están valorando las cuantías. En total, se espera que sean hasta 14 los gobiernos autonómicos que reclamen a las empresas condenadas que les indemnicen. Se estima que el montante total pueda rondar los 2.000 millones de euros.

Essity, Hartmann e Indas, entre las demandadas 

En el caso del País Vasco, el Ejecutivo de Pradales ha avanzado esta semana que su reclamación se presentará contra cuatro de las compañías implicadas en el ‘cártel’ de los pañales: Essity Spain, Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann España y Laboratorio Indas. Estas multinacionales comercializan algunas de las marcas más vendidas de protectores contra la incontinencia urinaria como Tena, Indasec o Lindor, entre otras.

 En el caso de País Vasco la reclamación corresponde a las ventas en farmacia que la sanidad pública vasca ha sufragado en todos estos años, entre 1996 y 2014. La administración vasca remitió el pasado verano un requerimiento extrajudicial a las compañías en las que se les reclamaba la indemnización por el perjuicio provocado. Algunas de las compañías la rechazaron y otras ni siquiera contestaron, por lo que ahora se oficializa la reclamación por vía judicial.

Casi 20 años de precios pactados

Fue en 2017 cuando se destapó el caso y la CNMC multó con 128,8 millones de euros a los principales fabricantes del momento – Laboratorios Indas (Attindas), Essity (antes SCA), Hartmann, Procter & Gamble (anterior dueña de Lindor), Ontex, Barna Import Medica (Bimedica), Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages y a la Federación Española de Fabricantes–, por prácticas de 'cartel'.

A partir de entonces y tras la ratificación de una sentencia al respecto por el Tribunal Supremo en 2023, se ha iniciado una cascada de demandas de las Comunidades Autónomas cuyos servicios de salud han subvencionado la compra de este tipo de productos en las farmacias mediante copago, principales damnificadas del acuerdo de precios, según explican a 65YMÁS desde Redi ABogados (@RediAbogados), encargados del caso.