Castilla y León aprueba su "pionera" Ley de Residencias sin consenso político

La nueva Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración de Castilla y León, también conocida como 'Ley de Residencias', ya es una realidad, tras años de tramitación. 

Este texto, que afectará a más de 72.000 plazas, será "pionero" en España, según ha afirmado la Junta. Y es que plasma en una Ley aspectos fundamentales del nuevo modelo de cuidados pactado en la pandemia, como centrar los cuidados en las necesidades y preferencias de los usuarios. 

Así, el documento opta por un modelo de unidades de convivencia de no más de 16 personas que sean hogareñas, por una atención libre de sujeciones y por una coordinación sociosanitaria, entre otros aspectos. 

Ahora bien, la Ley no se ha aprobado con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Buena parte de la oposición al Gobierno de la Junta, encabezada por el PSOE, se ha mostrado en contra de este texto. 

En concreto, ha contado con los votos a favor del PP y VOX, con la abstención de UPL-Soria Ya y Por Ávila, y con el rechazo de PSOE, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea. 

Desde las filas socialistas han criticado el documento al ser únicamente, a su parecer, "una declaración de intenciones". 

La patronal defiende la Ley

La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) ha celebrado el “hito histórico” que supone la aprobación de esta legislación, que aportaría una “seguridad jurídica” que requerían todas las residencias y centros de día que en Castilla y León han apostado por el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP).

Eso sí, han exigido a la Junta que el desarrollo normativo de la Ley “se ajuste a la realidad del sector” y recoja los aspectos concretos que la Federación lleva defendiendo, con sus alegaciones, desde que hace tres años y medio se empezara a diseñar el contenido de la norma en Castilla y León.

En este sentido, han manifestado que “Acalerte vigilará muy de cerca los futuros decretos que se vayan desarrollando” y ha señalado que la extensión de este modelo en Castilla y León requiere sí o sí “una financiación digna por parte de la Administración autonómica”.

“Se necesita más dinero y, sobre todo, que la Junta de Castilla y León reponga a la Dependencia los 7,4 millones que dejó de aportar de sus propias arcas aprovechando que el Gobierno de España inyectaba financiación a las autonomías a través del Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia”, ha pedido.

Críticas al documento

Por contra, la Plataforma Social de Castilla y León ha trasladado su "gran decepción" ante la aprobación de la Ley, un texto que tiene "mucha literatura" pero que "carece de compromisos" para cambiar la situación de estos centros.

Este colectivo ha reprochado a la Junta de Castilla y León que se haya mostrado "insensible" y ha acusado al Gobierno autonómico de dar la espalda a las propuestas presentadas por los colectivos sociales en los cuatro años de tramitación de una norma que, según advierte, no va a dar respuesta al mayor problema de las residencias, contar con el personal necesario que garantice la atención centrada en la persona.

"Anunciar que se va a garantizar dicha atención y luego no concretar el número de profesionales de atención directa, ni de profesionales técnicos que faciliten los cuidados que cada persona necesita, convierte a la Ley de residencias en algo poco útil", advierte la Plataforma Social de Castilla y León.

La Plataforma Social ha insistido en que la ley es "una simple declaración de intenciones" ya que, entre otras cosas, no plantea que se puedan prestar los cuidados que necesita la persona que decida permanecer en su casa y no acudir a un centro residencial y no considera como derecho subjetivo el acceso a una plaza residencial a quien lo necesite.

Según recuerda este colectivo, en Castilla y León sólo una de cada doce plazas de residencia de personas mayores es pública, "con lo que recae sobre las familias el sobrecoste que supone tener que acudir a un centro privado".

Este colectivo critica también que la nueva norma no establece el número de profesionales de atención directa que deben tener las residencias e insiste en que no se garantiza la atención adecuada a las personas que están en una residencia, ni establece que las residencias dispongan de equipos multidisciplinares (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales) que faciliten los servicios que puedan garantizar la atención centrada en la persona.

A esto añade que carece de compromisos presupuestarios ni exige que todas las residencias dispongan de un consejo de centro donde tengan participación los residentes y sus familias.

También critica que no garantiza las visitas de las familias a las personas residentes en caso de pandemia y ni aborda la necesidad de que existan suficientes plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación y necesitan un periodo de recuperación para volver a ser autónomas.

Otra de las críticas al nuevo texto normativo es que no establece que todas las residencias deben disponer de "unidades de convivencia", "una de las medidas anunciadas reiteradamente desde la Junta de Castilla y León, que sólo se instalarán en algunos centros", y que no garantiza que las evaluaciones que se van a realizar sobre el funcionamiento de las residencias sirvan para detectar aquellos aspectos que es necesario mejorar, "siendo necesario que contemplara la opinión de las personas usuarias y sus familias".

Desde la Unión de Consumidores de CYL, el Colegio profesional de Educadores y Educadoras Sociales de CYL, la Federación de Asociaciones Vecinales "Antonio Machado", el colegio profesional de Fisioterapeutas de CYL, el colegio profesional de Terapeutas Ocupacionales de CYL y la Plataforma Social de CYL, han demandado que el desarrollo reglamentario de la Ley sirva para concretar "todo aquello que la ley no ha hecho".