El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a distribuir entre las comunidades autónomas cerca de 900 millones de euros (899.988.386, 38) para la financiación de proyectos de inversión relacionados con la Economía de los Cuidados y las Políticas de Igualdad e Inclusión Social. Así lo han aprobado Gobierno y CCAA en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado este viernes.
Estos recursos constituyen "un impulso fundamental para trabajar todas las administraciones en la transformación del sistema de cuidados que necesita" España y demuestran la voluntad del Gobierno de coalición de "poner todos los esfuerzos en construir un futuro más justo y más feminista", según el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
La ejecución de estos cerca de 900 millones de euros se realizará desde las comunidades autónomas y entidades locales, y se corresponderá con tres tipos de inversión. La primera de ellas es el plan de apoyos y cuidados de larga duración, y las actuaciones en esta materia deben ir destinadas a incluir nuevos equipamientos públicos y a remodelar los ya existentes, así como a invertir en equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada y otras tecnologías similares.
En segundo lugar, el plan de modernización de los servicios sociales contribuirá a modernizar los servicios sociales, y los proyectos destinados al impulso de este plan deben favorecer la transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas integrales para introducir nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y calidad.
Asimismo, esta dotación financiará proyectos piloto de innovación en servicios sociales e impulsará la modernización de infraestructuras, la digitalización y la mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, con especial atención sobre los niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales.
El tercer tipo de inversión se corresponde con el plan España País Accesible, con el objetivo de eliminar las barreras en el acceso a los servicios de la administración pública, en la educación, en el trabajo o en el transporte, con el fin de construir un país más inclusivo en todos los territorios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
