La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha exigido este miércoles al Gobierno que minimice los tiempos de resolución de las listas de espera del sistema de Dependencia, simplificando los trámites burocráticos de la solicitud de valoración, facilitando el dictamen, así como el acceso a los diferentes recursos y servicios previstos por la Ley del ramo. "Es el instrumento en el que miles de personas tienen puestas sus esperanzas para paliar, en gran parte, sus complicadas situaciones de vida generadas por una enfermedad", expresaba la presidenta de la entidad, Mariló Almagro.
CEAFA ha advertido del "progresivo avance de la enfermedad de Alzheimer", del "aumento del número de personas afectadas" y de la "dependencia que genera esta dolencia en el entorno familiar" y, "sobre todo, en los familiares cuidadores" para los que "supone un coste económico de 31.000 euros anuales de media, entre costes directos e indirectos".
Mariló Almagro, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA)
En este sentido, ha explicado que según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia, de las que 18.356 quedaron pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 pendientes de resolución de prestación.
"Estas cifras ponen de manifiesto la falta de recursos y personal cualificado y por ello, desde CEAFA, también reivindicamos que se revise y se adapten los recursos existentes conforme avanza la enfermedad, como las Terapias No Farmacológicas, además de la formación de equipos de valoración y la incorporación de más profesionales en aquellas Comunidades Autónomas en las que no llegan a cumplir con tiempos de espera razonables", ha afirmado Almagro.
Desigualdad territorial
Por otra parte, la entidad ha denunciado también la desigualdad territorial que existe en este tema. Así, ha indicado que, también según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, once comunidades autónomas disminuyeron el gasto público destinado a la atención a personas en situación de dependencia: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.
"Una de las luchas que mantiene nuestra entidad es la de evitar las desigualdades territoriales en muchos aspectos (sanitarios, recursos, diagnósticos) y también en la inversión en dependencia", ha apuntado la presidenta de CEAFA, antes de preguntarse: "¿No sería posible establecer unos requisitos mínimos comunes para intentar evitar estas desigualdades, por ejemplo, en tiempos de valoración, en prestaciones idénticas según el grado y el nivel de dependencia, en recibir la prestación o el recurso más apropiado según la fase de la enfermedad y la necesidad del paciente?".
