La lista de dependientes esperando a recibir servicios o prestaciones que les han reconocido aumentó en 20.000 personas más en 2019 hasta llegar a los 270.000 personas, pero también se han incrementado las pendientes de valoración de la dependencia que ya ascienden a 160.000, 30.000 más que hace un año.
A pesar de que el número de dependientes atendidos asciende a 1.115.000 personas, 61.000 personas más que en 2018, es "claramente insuficiente" para absorber la demanda de personas que reclaman el derecho que les da el sistema de la dependencia, alertan desde el Observatorio Estatal para la Dependencia.
Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial.
Sin embargo, las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar.
"Al incremento de personas en espera hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión", señalan desde el Observatorio Estatal para la Dependencia.
Comunidades autónomas
En Extremadura y en Asturias, durante 2019, ha disminuido el número de personas atendidas (-966 y -952 respectivamente). En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); C. Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).
En el lado de los incrementos de personas atendidas, la Comunidad Valenciana ha sido la que más ha aumentado el número de beneficiarios (+14.119), dándose la contradicción de que, aunque aumenta en su lista de espera, esto es debido al gran número de personas con derecho que ha incorporado al sistema (+18.076). La siguiente comunidad en incremento anual de personas atendidas es Castilla y León (+11.402).
Al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes.
"Entre las consecuencias, resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años", indican.
Sobrecargas familiares
Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.
"No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados. Dentro de las prioridades sociales existentes es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas", afirma.
"El Gobierno de España debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas. Reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes", apunta el observatorio que elabora la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
