Desmantelan tres cárteles de suministro de alimentos a hospitales, residencias y cárceles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (@CNMC_ES) ha sancionado a siete distribuidoras de alimentos: Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca) por participar en tres cárteles que durante años se repartieron los contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales (algunos de ellos militares), residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército, como la Academia General Militar de Zaragoza, entre otros, según informa en un comunicado.

La investigación comenzó cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón pusieron en conocimiento de la CNMC y del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón posibles indicios de colusión en varias licitaciones. La CNMC realizó inspecciones en las sedes de varias distribuidoras de alimentos en marzo y septiembre de 2022. En diciembre de ese año, inció un procedimiento sancionador a varias empresas, que amplió en julio de 2023.

Tres cárteles desmantelados

El primer cártel, formado por Plataforma Femar, S. L. (Femar), su filial Acacio, S. L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline) y Asesores Llangon, S. L. (Llangon),  se repartió las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos y privados desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021.

El segundo cártel, formado por Femar y Leonesa de Patatas, S. L. (Leonesa), afectó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). En concreto, a los contratos para varios centros penitenciarios desde enero a marzo de 2022.

El tercer cártel, formado por Femar, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca), afectó también a centros penitenciarios del TPFE desde febrero a marzo de 2022.

Concertaron una "bolsa conjunta de beneficios"

El primer cártel —Femar, su filial Acacio, y Serviline— concertó una “bolsa conjunta de beneficios” y operó gracias al rol de facilitador de Llangon —empresa de asesoramiento para concursos públicos sin volumen de negocio en el mercado afectado—.

La bolsa funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas. Estas estaban prohibidas en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación. Eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50%.

Las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.

Multas a empresas y directivos

En total, las multas impuestas a las empresas ascienden a 3.137.500 euros por tres infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

• Plataforma Femar, S. L.: 2.041.000 euros por la primera infracción, 244.000 euros por la segunda infracción y 163.000 euros por la tercera infracción.

• Acacio, S. L.: 346.000 euros.

• Serviline Foods, S. L.: 170.000 euros.

• Asesores Llangon, S. L.: 3.500 euros.

• Leonesa de Patatas, S. L.: 45.000 euros.

• Frutícolas Ateca, S. L.: 65.000 euros.

• Hermanos Vidal, S. L.: 60.000 euros.

El total de multas a los directivos asciende a 176.100 euros en aplicación del artículo 63.2 de la LDC.

• D. Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio): 29.200 euros por la primera infracción, 21.100 euros por la segunda infracción y 21.000 euros por la tercera infracción.

• D. Alberto Marín Hernández (Femar): 25.800 euros.

• D. José Antonio Cebollada Andrés (Serviline): 31.000 euros.

• D. Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline): 20.000 euros.

• Dª. Nuria Llanos González (Llangon): 28.000 euros.

Según señala la CNMC, este tipo de cárteles "son particularmente dañinos" porque impiden el acceso de las empresas al mercado, merman la competitividad y afectan al presupuesto público. La CNMC dispone de abundante documentación para orientar a las AAPP en sus procesos de contratación.