El proyecto de Real Decreto sobre discapacidad "presenta una importante indefinición en cuanto a los derechos y, sobre todo a las obligaciones de los operadores afectados en los diversos sectores económicos", asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En un informe emitido a solicitud del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la CNMC valora "positivamente" el proyecto, ya que este persigue "la integración social de las personas con discapacidad y puede favorecer un comportamiento más activo de estas como oferentes y demandantes en los mercados, fortaleciendo la competencia".
Desde un punto de vista general, resalta la importancia de que, en el desarrollo de esta normativa, el conjunto de las administraciones públicas, en ejercicio de sus respectivas competencias, se adecuen a los principios de necesidad y proporcionalidad, para evitar discrepancias no justificadas que lastren la competitividad de la economía.
En todo caso, la CNMC recomienda clarificar qué operadores están afectados por la norma y en qué situaciones estarán exentos de cumplirla: el reglamento incluye excepciones cuando los bienes y servicios son considerados servicio público o de utilidad pública y, en consecuencia, ya dispongan de una regulación específica que garantiza la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en estos ámbitos.
También insta a concretar las obligaciones de accesibilidad en los bienes y servicios a disposición del público. Así, se recomienda determinar con más claridad los elementos que las conforman, así como replantear las diferencias de trato que existen entre las nuevas empresas y las ya instaladas en el mercado (incumbentes), así como entre los nuevos productos y los existentes que satisfagan las mismas necesidades.
Por otro lado, la Comisión pide concretar los requisitos en el texto normativo, en lugar de remitir a normas de la Asociación Española de Normalización (UNE) y, en caso de mantener ese reenvío, introducir una mención a la posibilidad de emplear estándares normativos equivalentes.
