Sociedad

COCEMFE pide obras de accesibilidad obligatorias en la nueva Ley de Propiedad Horizontal

65ymás

Domingo 14 de julio de 2024

6 minutos

Las comunidades asumirían los costes en los edificios con personas con discapacidad o mayores de 70

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Domingo 14 de julio de 2024

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido al Gobierno que se incluya la obligación de realizar obras de accesibilidad en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

La entidad considera que la reforma de la ley debe incluir la obligatoriedad de hacer obras de accesibilidad en las comunidades, y que estas asuman los costes en los elementos comunes de los edificios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años.

COCEMFE ha reclamado esta medida por carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Ha sucedido tras el anuncio por parte del Ejecutivo de reformar la Ley para abordar la problemática de los pisos turísticos.

"Una cuarta parte de las personas con discapacidad se han visto obligadas a abandonar su casa por falta de accesibilidad y buscar otra alternativa habitacional ante esta vulneración flagrante de su derecho a una vivienda adecuada. Pero el parque de viviendas accesibles de nuestro país es escaso y con precios elevados", asegura COCEMFE.

Una vivienda "digna y accesible"

En este sentido, la institución asegura que más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España precisan la ayuda de otra persona para salir de su casa y que alrededor de 100.000 no pueden hacerlo nunca porque no disponen de esta ayuda. 

 

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Además, añade que miles de personas se ven obligadas a la institucionalización ante la falta de una vivienda "digna y accesible".

Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, apunta que existen "innumerables" comunidades de vecinos "inaccesibles" debido a la actual Ley de Propiedad Horizontal. 

En esta ley existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo.

Asimismo, recuerda que la entidad lleva "muchos años solicitando al Gobierno la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar estas situaciones, en las que por otro lado se deja en manos y se responsabiliza a las comunidades en este tipo de obras".

La Ley de Propiedad Horizontal

Esta nueva normativa plantea que tendrá carácter obligatorio la realización de obras para garantizar la accesibilidad universal, siempre y cuando el importe no suponga "una carga desproporcionada".

Por lo tanto, no debe exceder las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. "Provoca que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio al superar, generalmente, estas 12 mensualidades", explica Queiruga.

COCEMFE también agrega que desde 2019 sería obligatorio si con ayudas públicas se sufraga el 75% del importe de las mismas. 

"Esas ayudas públicas sólo las reciben el 10% de las comunidades que deciden llevarlas a cabo, por lo tanto, en muchas ocasiones las comunidades de vecinos no hacen frente a las obras de accesibilidad al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente", indica.

 

COCEMFE pide que se incluyan las obras de accesibilidad en la Ley de Propiedad Horizontal  Foto: Bigstock

 

A pesar de las diferentes modificaciones realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal para avanzar en la accesibilidad en los edificios de viviendas, COCEMFE denuncia que "sigue sin solventarse el problema, puesto que sigue sin ser obligatorio afrontar estas obras por la comunidad en todos los casos y continúa recayendo sobre la ciudadanía la responsabilidad de garantizar este derecho".

Un fondo estatal anual para la accesibilidad

Desde la entidad piden "ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarios y para los residentes de estas".

COCEMFE propone crear por Ley un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de los Presupuestos Generales del Estado. Se destinaría anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras, y nuevas tecnologías y sociedad de la información. 

Con este Fondo se financiarían programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español. 

Las administraciones estatales, autonómicas y locales podrían establecer ayudas específicas para que todas las comunidades vecinales puedan afrontar las actuaciones necesarias relacionadas con la accesibilidad de los edificios.

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