La Comunidad de Madrid actúa contra Aralia e inicia el proceso de rescisión de contrato en 3 centros

81 menús de residencias de mayores, a examen: "Baja calidad nutricional y abuso de procesados"

Una brecha más… una España con residencias para mayores y otra sin ellas

En España faltan más de 70.000 plazas en residencias de mayores 

Multas a siete residencias de mayores de Madrid en los últimos cuatro meses

Los puntos negros de las residencias de mayores: "falta de financiación, personal y credibilidad"

Tras años de protestas de familiares y trabajadores por la deficiente atención a los mayores (falta de personal, inadecuada alimentación, deficiencias en las instalaciones...) en las cuatro residencias públicas de gestión indirecta a cargo de la empresa Aralia, la Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas y ha anunciado que han "iniciado un procedimiento para la resolución de los contratos" en tres de estos centros: Peñuelas, Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Leganés). Cabe destacar que esta compañía, fundada por José Luis Ulibarri, un empresario imputado en tres tramas de corrupción, Púnica, Gürtel y Enredadera, es una de las 10 más grandes sector y tiene presencia en casi toda España.   

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero (Ciudadanos), ha asegurado que esta medida es la "demostración de que la Consejería va a ser muy firme a la hora de garantizar la atención a los mayores" y que serán "muy exigentes con los nuevos contratos que se firmen". "No nos tiembla el pulso a la hora de actuar al respecto", ha apuntado. Y ha añadido: "Entendemos que es la única vía que tenemos para garantizar el servicio cuando colaboramos desde la Administración Pública con empresas privadas". 

La razón por la que se ha iniciado el proceso para rescindir estos contratos (aún falta que la empresa haga sus alegaciones, en el plazo de 10 días) ha sido la falta de personal. Y, más en concreto, el hecho de que Aralia haya, según la Comunidad, "subcontratado" a otra empresa para dar servicios de enfermería "durante las navidades". Según el consejero, se trata de un hecho "muy grave que está expresamente prohibido por los pliegos de condiciones". 

Sin embargo, Reyero ha pedido "cautela", puesto que "el proceso es relativamente largo", y aún queda por escuchar la versión de la empresa. De momento, el político se reunirá este martes con familiares y con representantes de los comités de empresa de los tres centros, para explicarles la situación.

También ha adelantado el consejero que la empresa no podrá presentarse a ningún concurso de la Comunidad en el plazo de "tres años", si se resuelven los contratos con dicha entidad. Asimismo, ha asegurado que la compañía deberá seguir realizando la gestión de estos centros, hasta que se convoque un "nuevo proceso de licitación", al que podrán presentarse todas las empresas que lo deseen, salvo Aralia.

Por último, el responsable de Políticas Sociales de la Comunidad ha descartado que la gestión pase a manos públicas por su "coste muy elevado" y porque "tampoco garantizaría al 100% que mejorase la atención". "Creemos en la colaboración público-privada, pero ésta sólo es posible si la administración la controla", ha señalado. No obstante, ha admitido que hay que "buscar la manera de revisar" el modelo de "gestión indirecta", puesto que, según el consejero, "la mayoría de los casos" se dan en estos centros. 

La empresa se defiende

Por su parte, el director de la empresa Aralia, Álvaro Durán, ha mostrado su "absoluta sorpresa ante una situación que acredita el irregular funcionamiento de la consejería, dirigida por el señor Reyero". "El señor consejero ha iniciado una caza de brujas contra Aralia", ha asegurado a este medio.

Así, ha criticado la "filtración" de "los acuerdos y documentación de los expedientes administrativos", algo que a su parecer "busca interesadamente perjudicar el buen nombre de nuestra compañía con vulneración de nuestro derecho fundamental a la defensa".  

"Queremos igualmente poner de manifiesto que si bien el consejero ha dictado tres acuerdos para resolver tres contratos, uno de tales acuerdos, el del Centro de Peñuelas, se refiere a un contrato que ya estaba vencido, lo que no deja de resultar sorprendente. De ese centro y de su gestión, Aralia resultó recientemente adjudicataria, a pesar de la animadversión manifiesta del consejero hacia esta empresa. En ningún caso permitiremos ser atropellados por una decisión política arbitraria y que nos deja indefensos ante la opinión pública", ha apuntado. Y ha añadido que muestran su "disposición a mantener cuantos encuentros de trabajo fueran necesarios para hallar una solución que satisfaga a todas las partes".

De igual modo, el director de la compañía ha adelantado que sus abogados formularán "alegaciones" contra la decisión de la Consejería. 

Satisfacción entre trabajadores y familiares 

Esta noticia también ha generado reacciones en los familiares y trabajadores. Carmen López, portavoz de la Asociación Pro Defensa de los Mayores de la Residencia del Parque de los Frailes (@AdemafF), una de las residencias afectadas por la posible rescisión del contrato, ha expresado a 65Ymás su satisfacción por la actuación de la Consejería, pero aun así, echa de menos que no se haya podido hacer lo mismo en el cuarto centro que gestiona la empresa, el de Isabel la Católica. "Quizá allí es donde peor están", ha sostenido. 

Además, la familiar ha apuntado que aún no pueden "cantar victoria", porque la empresa presentará alegaciones. Aunque también ha asegurado que están "muy felices", porque la administración está "teniendo en cuenta" sus "protestas". 

Con todo, hay algo que les preocupa: que los centros no pasen a ser públicos y que salgan de nuevo a concurso, tal y como ha anunciado el consejero. "Nos gustaría que estuviesen bajo el control de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Habría que generar una partida presupuestaria complementaria para ello", ha solicitado.

Asimismo, ha recordado que "cuando en su día el Partido Socialista puso una moción en la Asamblea de Madrid para que las 18 residencias públicas de gestión indirecta pasasen a ser llevadas por la AMAS, Ciudadanos, partido del que forma parte Reyero, votó a favor". 

Finalmente, los trabajadores también han recibido esperanzados la noticia, aunque siguen criticando que las carencias en el servicio se deben a "la falta de personal", algo que todavía no se ha resuelto. "Es sistemático. Este lunes, por ejemplo, faltaban tres personas y el personal de limpieza tuvo que hacer las camas", ha denunciado la presidenta del Comité de Empresa de la Residencia de Ensanche de Vallecas, Rosa Serna.

La sindicalista se ha mostrado preocupada por "el desconcierto" que se genera en estos casos para la plantilla. "Casi siempre hay que llevarlo a los juzgados, porque las empresas salientes y entrantes no se suelen poner de acuerdo con todo lo que tiene que ver con las vacaciones y derechos adquiridos", ha explicado.

Y a esto hay que añadir que, en algunos casos, los trabajadores con contratos temporales no siempre siguen cuando se dan estas circunstancias. "Cuando entró Aralia en la gestión de estas residencias, despidieron a 15 o 20 personas del personal de limpieza", ha recordado.