El pleno del Consell aprobó este viernes el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de todo el área de servicios sociales y su ordenación "al detalle" dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha defendido en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que se trata de una norma que supone una "mejora significativa" y "necesaria" en los estándares de calidad de los centros, en la atención especializada, con un número de plazas más reducido y creando más espacios de intimidad de manera que los centros "se parezcan más a un hogar" y se dice adiós al modelo de macrorresidencias.
"Garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones, que no haya copagos a quienes reciben la Prestación Vinculada al Servicio", ha dicho, y ha subrayado que se dobla el personal que trabaja en atención directa.
Mas, que ha lanzado un mensaje de "esperanza" y tranquilidad a usuarios y familiares, ha subrayado que el decreto mejora otros puntos destacados por el Síndic.
¿Aumentará el precios de las privadas?
Aunque la vicepresidenta no ha concretado en cuánto se encarecerán las plazas privadas, ha insistido en que no habrá copago ni en las públicas ni en las concertadas.
En cuanto a las primeras, ha recalcado: "Si la empresa decide no tocar su beneficio y aumentar el precio de la plaza al usuario, eso será otra cosa; será decisión de ellas pero no de este Consell, que garantizará siempre que se puedan cubrir los gastos generados por la mejora de vida de todas estas personas en los centros".
La consellera ha admitido que, si se mejoran las condiciones, se incrementan los precios de los servicios aunque esto "nunca" repercutirá sobre los usuarios en las plazas públicas y concertadas, en las que la Generalitat asumirá el incremento del coste.
"Lo hemos dicho desde el primer día", ha expuesto, y ha hecho hincapié en que, con esta norma, "traducimos los aplausos de los balcones en la pandemia al personal, a los recursos y derechos", con una perspectiva que mejora las condiciones de las trabajadoras, en un sector, el de los cuidados, "muy feminizado".
Críticas de la patronal
Preguntada por las críticas de la patronal de las residencias Aerte sobre el aumento del precio por plaza, la consellera ha defendido que ni en infancia ni en diversidad funcional se han registrado problemas, mientras que en personas mayores las plazas que corresponden a la entidad son un 47%.
Y sobre las observaciones generales del Consell Jurídic Consultiu acerca de que se da la necesidad de concreción económica, Mas ha defendido que la memoria –que establece un importe de 137 millones de euros de aquí a 2027– solo puede hacer referencia a la parte pública pero no sobre las empresas privadas, que tienen sus propios datos.
"Regulamos y ordenamos un sistema desestructurado", ha recalcado, para subrayar que llevan dos años trabajando para sacar adelante un decreto que fija las ratios establecidas por el Ministerio, para lo que había de plazo hasta marzo y que condiciona que el Consell pueda recibir fondos de la dependencia, además de cumplir el acuerdo del Gobierno con todas las autonomías.
Mas se ha avanzado a un posible recurso que pueda interponer Aerte al decreto y ha recordado que la patronal ya ha presentado once, por diferentes medidas del Consell, de los que ya se han solventado cuatro a favor de la Conselleria: por la dependiencia, la acción concertada y dos relativos a la intervención en residencias en la pandemia de covid.
La consellera se ha preguntado por qué el debate sobre el coste se genera siempre en servicios sociales y no cuando se trata de hospitales o colegios privados.
En todo caso, ha dicho que le gustaría que el sector privado cumpliera las garantías establecidas en el decreto sin incrementar los precios.
No obstante, ha apuntado que hay que ser "conscientes de que pueden adoptar sus decisiones y privatizar las ganancias".
"Hemos marcado las mejoras del sistema y, a partir de ahí, el libre mercado deberá decidir; tienen hasta 2027 para adaptar todas estas medidas", ha zanjado.
El decreto
Este es uno de los decretos que desarrolla los principios de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y consolida un "nuevo modelo con una organización y gestión que parte de considerar como derecho subjetivo unas prestaciones de calidad al servicio de la ciudadanía".
Con este decreto se actualiza, moderniza y unifica la normativa de los servicios sociales, por lo que se derogan hasta 15 normas, algunas, como en el caso de la que afecta al sector de la diversidad funcional y la exclusión social, que se remontan a 1990.
En líneas generales, el decreto ordena la atención primaria y la secundaria con condiciones materiales y funcionales básicas de los centros, servicios y programas, especificando las prestaciones que ofrecen y detallando aspectos organizativos, de personal o metodológicos.
Una de las cuestiones que aborda el decreto es la actualización de las ratios de personal de todos los recursos incluidos en el sistema, "teniendo en cuenta la nueva realidad sociodemográfica".
El sistema está centrado en la persona como "principio inspirador general" e incorpora nuevas figuras profesionales, junto con la regulación para que los centros se sitúen en entornos urbanos con acceso a todos los recursos socio-comunitarios habituales.
Respeto a la participación de las personas usuarias, se establecen mecanismos para mejorarla y la obligatoriedad de los centros de disponer de protocolos de emergencias, de diversidad, violencia de género, LGTBI, no discriminación o salud sexual y reproductiva. En el nuevo modelo, se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad en la construcción y reforma de los recursos.
El decreto también garantiza una cobertura mínima de servicios y recursos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, "fomentando un mayor equilibrio entre las zonas de costa e interior".
Con este criterio, se introducen los puntos de atención en entornos rurales y poco poblados como extensiones de los centros más próximos.
Respecto al ámbito laboral, se fomenta el trabajo no deslocalizable y la incorporación de nuevas figuras profesionales, y se potencia, además, la incorporación en las plantillas de titulaciones de ciclos formativos.
En total, la vicepresidenta prevé la creación de 4.600 plazas de trabajo a raíz de esta normativa de la que ha subrayado que afecta a un sector, el de los cuidados, altamente feminizado.
