Las comunidades empiezan a meter mano a las residencias, pero para el sector no es suficiente

Tras un año de crisis sanitaria en el que las residencias han vivido semi-aisladas del resto de la sociedad y han sufrido el impacto más duro de la pandemia –más de 30.000 decesos por Covid–, ciertas administraciones autonómicas han decidido tratar de abordar, por fin, una modificación del modelo residencial para que deje de estar basado en el asistencialismo y responda más, en teoría, a una lógica de Atención Centrada en las Persona que tenga más en cuenta las preferencias y respete la autonomía de los usuarios. 

700 millones para el cambio de modelo

Se trata de una decisión que llevaba meses gestándose y que ha venido impulsada por parte del Gobierno Central. En concreto, las CCAA y el Ejecutivo decidieron dar el paso en 2020, tras la primera ola, cuando salieron a la luz todas las vergüenzas del sector, y se optó, definitivamente –o al menos eso se anunció–, por una reconversión del modelo de los cuidados basándolo más en la calidad que, únicamente, en la rentabilidad. Una medida que, hasta el momento, sólo figuraba en muchos programas electorales de varios partidos, pero que no se había llevado a cabo decididamente ni de forma generalizada.

Y para abordar esta transición, el Estado ha destinado una partida de 482​ millones de euros, financiada con fondos europeos, que este martes se desbloquearon por parte del Consejo de Ministros. Sin embargo, por ahora, no todas las regiones han adelantado cómo será su modelo de residencias en el futuro ni todavía se han reunido con el Gobierno en la interterritorial y sólo siete han dado a conocer los borradores en los que están trabajando. 

Las propuestas de la comunidades

La primera de ellas fue Madrid que, antes de la convocatoria de elecciones, presentó, de la mano del exvicepresidente Ignacio Aguado (Cs), un nuevo Acuerdo Marco para las residencias con plazas concertadas que incluía mejoras en la financiación por plaza, un aumento de las ratios de personal y medidas en favor de la calidad, incluyendo una modificación de los menús.​ No obstante, la convocatoria electoral paralizó todo el proceso. 

Más recientemente, Galicia también ha adelantado cuál será su particular reforma del sector, aunque sin detallar cuándo podría implantarse. Concretamente, según se puede leer en un borrador al que ha tenido acceso este diario, la región apuesta por reducir el tamaño de los centros y personalizar más la atención. Asimismo, la reforma incluye una mejora de la formación y del "clima laboral", así como fomentar la coordinación socio sanitaria, implantando, por ejemplo, el historial clínico electrónico y incentivando el uso de las nuevas tecnologías.

Por su parte, Asturias ha realizado estudios preliminares entre personas de 55 a 75 años sobre qué sistema de cuidados les gustaría recibir. Por ahora, desde la consejería de Derechos Sociales aseguran que la mayoría prefiere seguir en sus domicilios y, una minoría, ir a una residencia. Por ello, el nuevo sistema residencial asturiano tendrá probablemente que ver con unidades de convivencia y modelos más "hogareños". 

Cantabria es una de las regiones que más ha avanzado en su reforma y, en una nueva orden publicada para la acreditación de calidad de los servicios sociales, la región apuesta por unidades de convivencia de no más de 30 personas y por zonificar los espacios para que guarden relación con los distintos tipos de actividad que se vayan a hacer.

Desde Canarias, también se contempla incetivar nuevas plazas en centros sociosanitarios, así como fomentar las viviendas intergeneracionales y compartidas con estudiantes o invertir en domótica y el uso de la tecnología en los cuidados.   

Por otra parte, País Vasco ha puesto en marcha, junto a otras instituciones, expertos, colectivos de usuarios y agentes sociales, un proceso de reflexión para mejorar el modelo de residencias para personas mayores, con el fin de fomentar un envejecimiento "satisfactorio y pleno". Antes de finalizar el año el Gobierno esperan recibir las recomendaciones de este proceso para después valorarlas y poder tomar decisiones oportunas.

Por último, Castilla y León aboga por redactar una Ley de Atención Residencial que regulará un sistema para acreditar la calidad en los cuidados. En este texto, se tendrá en cuenta el respeto a los derechos de los residentes y su calidad de vida como algo esencial. 

Por ahora, "todo son palabras"

Pese a todo, y aunque estas reformas, según los principales actores del sector, van por el buen camino, por ahora, estos textos son únicamente borradores o se han aprobado muy recientemente. Y, por esta razón, opinan, de momento, son "sólo palabras". 

"Las claves son: el personal –debería haber más y mejor pagado–, el modelo –tender más hacia las preferencias y no sólo a las necesidades– y la coordinación sociosanitaria –que la sanidad pública dé a los residentes la atención a que tienen derecho–. Esos son los fundamentos que debería tener el cambio y todos pasan por aceptar que cuidar a personas dependientes tiene que costar más dinero del que cuesta ahora y que alguien deberá pagarlo", opina el director del portal inforesidencias.com, Josep Martí. 

"Son pinceladas y del único sitio que tengo conocimiento que hay un cambio es Cantabria, donde se ha ampliado el precio de las plazas, aunque no repercute para nada en las trabajadoras, hay problemas de despidos y de EREs. Y luego, Madrid firmó un Acuerdo Marco, pero el Gobierno está en funciones", asegura la responsable de Dependencia de UGT (@UGT_Comunica), Gracia Álvarez.  

¿Falta de coordinación?

Por otra parte, desde la patronal Aeste (@AESTE_oficial) se muestran críticos con estas reformas puesto que entienden que no se están tomando de forma coordinada. "Que las distintas Comunidades Autónomas comiencen a elaborar nuevas normativas regionales sin una evaluación global de los problemas, tan sólo hará que se adopten medidas ineficientes o injustas, sin tener en cuenta la visión completa del problema y buscando soluciones parciales. El debate sobre el sistema de cuidados a las personas mayores debe permanecer fuera de las pugnas entre Comunidades Autónomas y esas peleas ideológicas por ver quién saca antes su propio modelo, sin que el IMSERSO, la casa de todos, haya diagnosticado los verdaderos problemas de fondo", denuncia su secretario general, Jesús Cubero. 

Y añade: "Hemos puesto en marcha la Mesa de Diálogo Social junto al Gobierno y los sindicatos, elaborando un plan de choque que comprenda una primera evaluación del Sistema y en el que debemos incorporar sin lugar a dudas la voz de los mayores a través de entidades como CEOMA y UDP, y la voz de los expertos que se agrupan en la SEGG". 

El cambio clave: las ratios de personal

Finalmente, para Miguel Vázquez, presidente de la plataforma de familiares Pladigmare (@pladigmare), las CCAA no están abordando el verdadero problema del sistema de cuidados: la falta de personal –en algunos centros hay un auxiliar por cada 10 usuarios–. Por esa razón, apunta, se tendrían que definir la ratio de trabajador por residente de manera científica y no según el resultado de la negociación "entre patronal y sindicatos". 

Además, en opinión de Vázquez, el Estado debería construir más residencias para lograr adecuarse al porcentaje de plazas que recomienda la OMS. "En España hay que partir de que hay un déficit a nivel estatal de plazas y hay que abordarlo. Lo debe cubrir la iniciativa pública", propone.

"Cuando uno va a una residencia piensa que va a estar mejor. Y, hasta ahora, no ha sido así. Estás peor atendido. Eso tiene que cambiar y lo fundamental son las ratios que marcan la diferencia entre vivir con calidad de vida o que la residencia se convierta en un infierno", concluye.