Tras casi dos semanas de huelga indefinida, profesionales de la Ayuda a Domicilio madrileña se han concentrado este lunes en la capital, delante de la Plaza de la Villa, para reclamar la mejora de sus condiciones de trabajo y recordar que no dejarán su protesta hasta que estos cambios sean una realidad.
Este martes 21 de enero se cumplen 15 días desde el inicio de la huelga de la Ayuda a Domicilio (SAD), convocada por los sindicatos UGT, CGT y OSAD.
Desde el 7 de enero, las trabajadoras de este servicio –la mayoría son mujeres– llevan realizando un paro indefinido para pedir a la administración local y autonómica la publicación, cuanto antes, de nuevos pliegos de condiciones en los que se mejoren sus condiciones laborales –los actuales son de 2020 y se aprobaron para tres años, con la posibilidad de prorrogarlos cuatro más–.
En concreto, reclaman que se incluya una subida salarial del 10% para este 2025, pactada en el convenio colectivo, así como que se dé una mayor seguridad laboral para aquellos trabajadores con contratos temporales.
La licitación de nuevos pliegos sería indispensable, argumentan, para poder disfrutar de estas mejoras, puesto que la Ley de Desindexación de la economía española impide "adaptar, actualizar o modificar los precios de los contratos públicos suscritos con las empresas privadas". Se calcula que estos nuevos pliegos mejorarían las condiciones de unas 17.000 trabajadoras en la comunidad.
"No vamos a parar hasta que nos den una solución", comentan Lola Juárez, responsable de Ayuda a domicilio UGT Servicios Públicos Madrid, y Carmen López, secretaria del Sector Dependencia e Intervención Social a 65YMÁS.
Las representantes de las trabajadoras aseguran a este diario que el seguimiento de la huelga está siendo "muy bueno", si bien lamentan que los servicios mínimos deban ser del 100%.
En total, calculan que "hay una caída de entre 5.000 y 6.000 horas que no se están prestando por empresa y día" –con datos que tienen de una de las compañías–, lo que afectaría a unos "5.500 usuarios".
"Tenemos un montón de quejas", advierten. "El cambio de auxiliar les está afectando. Los usuarios nos apoyan, pero se están viendo perjudicados", indica.
Por ello, reclaman a las administraciones la aprobación de estos pliegos a la mayor brevedad posible, puesto que, advierten, sus sueldos, que rondan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se han visto afectados por el aumento del IPC de los últimos años y los precios que se pagan por hora se han quedado desactualizados. "La juventud no quiere entrar a este sector. No es atractivo", avisan. "Hay falta de profesionales", lamentan.
La patronal apoya aprobar nuevos pliegos
Por su parte, Ignacio Gamboa, presidente de la patronal del sector, a nivel nacional, ASADE, asegura a 65YMÁS que "la huelga indefinida refleja el agotamiento de un sector que lleva años enfrentándose a precariedad estructural. Con salarios muy próximos al mínimo interprofesional y un modelo de contratación que no se adapta a las circunstancias actuales, las frustraciones se han acumulado. La falta de actualización de los contratos impide implementar mejoras pactadas, lo que agrava las tensiones entre las partes implicadas. Esto evidencia una necesidad urgente de soluciones a largo plazo que permitan una mayor estabilidad laboral y financiera".
Y añade: "El impacto más inmediato lo sufren las personas mayores y dependientes, que necesitan un servicio continuo y estable. La rotación de auxiliares y la incertidumbre que genera una huelga afectan negativamente su bienestar. Las empresas, por su parte, enfrentan mayores costos operativos y una disminución de ingresos. Además, aunque la huelga puede perjudicar la imagen del sector, también ha abierto un debate público sobre problemas estructurales como la financiación insuficiente y la rigidez de las leyes que regulan los contratos públicos".
Por estas razones, Gamboa pide "modernizar los pliegos de contratación, adaptándolos a las condiciones reales del sector". "Solo una cooperación efectiva entre empresas y administraciones puede garantizar un servicio digno y sostenible", indican.
Además, el presidente de ASADE reclama "un incremento en la financiación pública, equivalente al 2% del PIB, en línea con países europeos", "revisar la Ley de Desindexación y los mecanismos de contratación pública para
permitir una mayor flexibilidad" y "mejorar la percepción social y profesionalización del sector, clave para atraer y retener talento".
¿Nuevos pliegos a la vista?
Cabe recordar que, según aseguraron fuentes del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid a Europa Press, se estarían ultimando los pliegos del nuevo contrato de la Ayuda a Domicilio (SAD), que aplicaría el nuevo convenio colectivo, con las consiguientes subidas de sueldo.
"Estarán listos en breve y la previsión, en base a los plazos administrativos, es que el nuevo contrato se adjudique antes de que finalice el año", habrían asegurado a dicha agencia.
Asimismo, desde el consistorio habrían denunciado la falta de financiación por parte del Gobierno Central, necesaria para asumir estos costes, comentan, puesto "que no está aportando a las comunidades autónomas los recursos económicos para sufragar la atención a la dependencia".