Las estafas a mayores no siempre quedan impunes. Una mujer ha aceptado una condena de dos años de cárcel por estafar a una anciana en el trámite de compra de una casa en Palma que, en realidad, era propiedad de varias personas por lo que no podía ser vendida en su totalidad. Los jueces han constatado que la joven se aprovechó de la edad de la mujer para engañarla.
En el juicio, celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la agente inmobiliaria ha reconocido los hechos y ha visto sensiblemente reducida la pena gracias a un acuerdo de su defensa con la Fiscalía.
Así, la acusada se ha confesado culpable de un delito de estafa agravada, por el que la Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión. El Tribunal ha rebajado la pena a dos años de cárcel tras tener en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que la mujer ha indemnizado a la anciana con 71.240 euros por el fraude y daños morales.
La joven deberá, además, pagar una multa durante seis meses de 8 euros al día y quedará inhabilitada como agente inmobiliaria durante tres años.
Antes de finalizar el juicio, el abogado de la defensa ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena de prisión y el fiscal no se ha opuesto. Sin embargo, el Tribunal ha condicionado la entrada en prisión a que la acusada, que carece de antecedentes penales, no delinca en el plazo de dos años.
El caso
Los hechos tuvieron lugar en 2017, cuando por necesidades económicas la víctima tuvo que vender su vivienda habitual por lo que acudió a la inmobiliaria de la mujer, que medió en una venta que se cerró por un importe de 80.000 euros.
Tras haber quedado satisfecha con la venta, la víctima confió a la agente la adquisición de una nueva vivienda a un menor precio. La joven le comunicó que disponía de una con un importe de 60.000 euros. Sin embargo, durante el proceso de compra, la agente inmobiliaria engañó a la víctima, puesto que la vivienda era heredada y propiedad de varias personas.
Según el Fiscal, la joven se aprovechó de la avanzada edad de la mujer, con escasos estudios y con dificultades para leer y escribir. En el momento de acudir al notario para elevar a escritura pública se constató que la compraventa no guardaba relación con lo acordado. A lo largo del proceso de adquisición de la vivienda, la víctima llegó a entregar a la acusada en ingresos o cheques más de 44.000 euros.
